Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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Cuadrar el presupuesto es la clave

En las últimas semanas de 2004, poco antes de instalarse el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, los líderes del comité de transición del gobernador entrante revelaron que habían descubierto un déficit estructural de cerca de $1,300 millones en el presupuesto estatal. Para mí, esa fue la primera escena del drama de la crisis económica y financiera que vivimos desde entonces.

A raíz de esa revelación, las agencias acreditadoras de bonos comenzaron a amenazarnos con la degradación del crédito público, y todos sabemos lo ocurrido de ahí en adelante.

Casi quince años más tarde, el presupuesto sigue estando en el centro del debate sobre la política económica, pero parece que hemos olvidado que el desbalance estructural entre ingresos y gastos es el problema fundamental en el corazón de la crisis, y que todavía no lo hemos corregido.

El debate ya no es entre el gobernador y la legislatura, o entre el Banco de Fomento Económico y las agencias acreditadoras, sino entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta quiere un presupuesto de $9,100 millones, pero el gobierno insiste en gastar $9,624 millones. Además, la Junta quiere eliminar algunas partidas específicas del presupuesto, como el bono de Navidad, mientras que el gobierno insiste en mantenerlas.

Lo que no hemos visto en este debate es una expresión clara de cómo los dos presupuestos en pugna nos acercan o nos alejan del objetivo crítico de alcanzar un balance sostenible entre los ingresos y gastos gubernamentales. Recordemos que la ley Promesa requiere que se realicen tres presupuestos balanceados consecutivos para que se pueda dar por cumplida la misión de la Junta. Dicho eso, todo presupuesto que se presente debe tener una relación explícita con ese objetivo central.

En su mensaje, el gobernador pareció decir que el presupuesto que propone es balanceado, ya que insistió en que hay suficientes ingresos para cubrir los gastos públicos ordinarios, pagarles a los pensionados y cumplir con los bonistas. Pero no se ha presentado el detalle numérico de ingresos y gastos que permita corroborarlo.

Además, y más importante aún, no basta con que haya suficientes ingresos para el año fiscal entrante—lo cual es posible dado el incremento notable de los recaudos del Departamento de Hacienda en los últimos meses-, sino que se necesita que el equilibrio entre ingresos y gastos sea sostenible hacia años futuros. Esto último es cuestionable, ya que el crecimiento de los ingresos de Hacienda se debe principalmente a un repunte económico post huracán que no se sostendrá en los años siguientes, o por lo menos no con la misma intensidad de los pasados 12 meses.

Por su parte, la Junta afirma que el presupuesto que propone es consistente con el Plan Fiscal vigente, mientras que el del gobierno no lo es. En el plan fiscal ya certificado se llega a producir un sobrante en el presupuesto a partir del año fiscal entrante (AF 2019) que alcanza para cubrir el servicio de la deuda.

Parece ser, entonces, que la Junta ya tiene un plan para vivir con presupuestos balanceados, incluyendo los pagos a los bonistas, hasta por lo menos el año fiscal 2028. Pero, ¡ojo!, este plan de la Junta presupone un ajuste en las pensiones que el gobierno no quiere adoptar.

Tanto el gobierno como la Junta deberían exponer claramente cómo vamos, si es que vamos, en la ruta hacia un presupuesto balanceado, en lugar de distraernos del objetivo con debates sobre el bono de Navidad y otros asuntos importantes, pero puntuales, no estructurales. Es desde esa óptica que debemos evaluar la política presupuestaria, aunque sea con quince años de retraso.

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