Bárbara I. Abadía-Rexach
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Educación

En Nicaragua, la Policía ha asesinado a más de una veintena de personas que se ha manifestado en contra del aumento de la aportación de los trabajadores para el Seguro Social y a la rebaja en las pensiones de los jubilados. Además, hay desaparecidos y medios de comunicación bloqueados. Los estudiantes universitarios encabezan las manifestaciones en repudio a la reforma de seguridad social.

El panorama nicaragüense –que ha provocado las revueltas- tiene paralelismos con la caótica situación que persigue desangrar los bolsillos de miles de puertorriqueños, entre estos jubilados, trabajadores y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

Sin duda, el modelo de extinguir a la juventud que se enfrenta tenazmente ante la imposición de políticas neoliberales, también, se repite acá en la isla. En Nicaragua, les asesinan y les atemorizan; aquí, les apresan utilizando fuerza desproporcionada, les discriminan y les amenazan con eliminarles sus escuelas y recintos universitarios y subirles los costos de la educación pública.

Por un lado, ¿a quién responde la Policía? ¿De dónde se alimenta el poder que ejercen sobre los más vulnerables? ¿Creen que las “deformas” que impone el gobierno (y la Junta) no les afectan? Por el otro, ¿por qué la educación se convierte en amenaza para el gobierno? ¿Por qué impulsar medidas para la comercialización de la educación?

Cuando un representante estudiantil se pronunció ante mis alumnos y les dijo –de forma generalizada- que los profesores están dando clases “como si nada”, sin importarles el impacto negativo del plan fiscal para la Universidad, reafirmé la importancia de la educación y del espacio del salón de clases.

En mis cursos, procuro que mis estudiantes desarrollen pensamiento crítico y se cuestionen los procesos que les afectan a ellos y a sus comunidades. Por ejemplo, para entender cómo opera la Antropología aplicada, identifican problemas, articulan argumentos para explicarlos en sus contextos particulares y proponen soluciones a corto y a largo plazo.

El derecho a la educación propicia que cada persona decida cómo luchar, pues esta es un arma poderosa para combatir los atropellos.

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