Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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El riesgo electoral del 2020

El temor al fraude electoral está siempre presente. Ninguna medida de precaución sobra cuando se trata de garantizar la pureza del voto.

Este año, sin embargo, los riesgos son noveles, no solo porque las elecciones del 3 de noviembre están enmarcadas en la incertidumbre causada por la pandemia del coronavirus, sino también porque muy probablemente se realizarán con reglas nuevas que han sido legisladas sin consenso y desoyendo a quienes se oponen.

La legislación del Código Electoral aprobado a la trágala por la mayoría del Partido Nuevo Progresista en las cámaras está sobre el escritorio de la gobernadora Wanda Vázquez, que deberá firmarlo o vetarlo no más tarde del sábado.

Si le hubiera tocado semejante tarea a la Wanda Vázquez que se convirtió renuentemente en gobernadora en agosto pasado, es casi seguro que lo vetaría. Estaba convencida en ese momento de que su mandato obligado por la Constitución era transitorio y de que no interesaba postularse en 2020.

Pero esa Wanda Vázquez no existe. Le entusiasmó el poder que conlleva el cargo, aunque haya sido disminuido por la ley Promesa y la autoridad superior que el estatuto federal confirió a la Junta de Supervisión Fiscal creada bajo su manto. Cambió de parecer, se postuló y se enfrentará este verano en primarias al excomisionado residente Pedro Pierluisi, quien inicialmente confiaba en tener asegurada la nominación del PNP.

Estas circunstancias condicionan la actuación de la gobernadora. Lo hemos visto a raíz del terremoto de enero y sus secuelas, que duran hasta hoy. Y, con mayor fuerza, desde que la pandemia llegó a nuestras playas y ella comenzó a emitir las órdenes ejecutivas que han regido primero el confinamiento de los ciudadanos y luego la reapertura de la economía, con todo el peligro que ello conlleva en un país en el que no se hacen pruebas suficientes ni se rastrean adecuadamente los contagios con COVID-19, que aumentan a diario, igual que el número de fallecidos.

En ese escenario sombrío e incierto, la gobernadora se ocupa esta semana de una nueva legislación electoral que, de convertirse en ley, lo cambiará todo y podría abrir de par en par las puertas a un fraude masivo a través del voto por internet.

Gobernadora, este no es un año apropiado para cambiar tan drásticamente las reglas electorales. Es momento de rescatar a aquella secretaria de Justicia que no quería aceptar el reto que representaba sustituir en la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares en medio del escándalo provocado por la corrupción y la incompetencia manifiestas en el notorio chat del entonces gobernador y sus amigos.

La Comisión Estatal de Elecciones requiere mucho más que asignaciones millonarias para encarar los eventos electorales de este año. Lea los entrelíneas de las expresiones del presidente del organismo, Juan Ernesto Dávila.

Noes eliminando las vicepresidencias que proveen para una administración más democrática que se garantizarán los derechos de los electores. Ni liberalizando el voto ausente para que pueda emitirse por internet. Ni trasteando el concepto que creó la figura de comisionado electoral.

Es obvio que la CEE necesita replantearse para que no siga siendo un batatal político, un monstruo que devora dinero público. Pero el propuesto Código Electoral no corrige ese problema.

Gobernadora, vételo y abogue por una legislación de consenso. No permita que el padre de la criatura, Thomas Rivera Schatz, dicte sus decisiones.


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