Vicente Feliciano

Tribuna invitada

Por Vicente Feliciano
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Informe sesgado sobre la Ley Jones

El informe “Impact of the U.S. Jones Act on Puerto Rico”, auspiciado por American Maritime Partnership (AMP), compuesto por Navieros de la Ley Jones (NAJ), acaba de ser publicado. El estudio aparenta ser un esfuerzo para ofrecer información acomodaticia. Por lo tanto, está incompleto y forzosamente llega a conclusiones erróneas.

La omisión obvia es el ni siquiera mencionar el periodo de 10 días de exención a la Ley Jones concedido a Puerto Rico tras el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017. En estos 10 días, los importadores de Puerto Rico tenían que encontrar buques vacíos que ofrecieran ventajas sobre las embarcaciones de los NAJ en términos de precio y/o disponibilidad de espacio, al tiempo que los proveedores en Estados Unidos tenían que tener lista la mercancía a ser embarcada.

Aún con estas limitaciones, según el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, 10 buques internacionales abastecieron a Puerto Rico con mercancía como diésel, gasolina, agua, generadores, productos de bebé, entre otros. Este evento es de una magnitud brutal al analizar el impacto de la Ley Jones sobre Puerto Rico. Sin embargo, fue ignorado por los autores del estudio.

Las comparaciones de tarifas de transportación de contenedores entre Estados Unidos y varios puertos del Caribe servidos por las compañías de NAJ son otro ejemplo de información acomodaticia. El estudio concluye que las tarifas para Puerto Rico son similares o más baratas que para puertos vecinos. Sin embargo, la información utilizada no es pública sino provista de forma confidencial por los NAJ. Los datos no se publican en términos de dólares sino como un índice. Por lo tanto, no es posible validar esta conclusión del estudio. Además, hay muchos factores que contribuyen al costo de transportar un contenedor. No es lo mismo servir una isla de 50,000 habitantes como St. Thomas que una isla de más de 3 millones de habitantes como Puerto Rico.

Una comparación más interesante hubiera sido cómo los NAJ sirven estos puertos del Caribe. El estudio menciona que los NAJ operan buques y equipo diseñado para integrarse a los avanzados sistemas de logística de Estados Unidos, ofreciendo a los dueños de carga ventajas en términos de precio y servicio por sobre los buques internacionales. Si esto fuera así, entonces las compañías de NAJ usarían buques de la Ley Jones para servir los puertos de República Dominicana, Haití, St. Thomas y St. Croix. El hecho de que utilizan buques internacionales implica que la afirmación anterior es mera propaganda sin base fáctica.

El estudio no discute el tema de colusión en precios, pasada o potencial, por parte de los NAJ. Solo cuatro firmas sirven regularmente el mercado de Puerto Rico. Las Islas Vírgenes estadounidenses, exentas de la Ley Jones, no experimentan issues de colusión porque un aumento de precios abre la puerta a la entrada de nuevos competidores.

Hay rumores de aumentos de precios significativos por parte de los NAJ aprovechando la necesidad de transporte de carga creada por el huracán María. A menos de que haya una investigación legislativa, no hay forma de confirmarlo. El propio estudio indica que la inmensa mayoría del tráfico de carga entre Estados Unidos y Puerto Rico está cubierta por acuerdos de confidencialidad. La falta de información pública sobre precios ofrece una gran ventaja a los NAJ al momento de negociar tarifas. En contraposición, el comportamiento del costo de transportar carga desde China a diferentes partes del mundo es información publicada como el “China Containerized Shipping Index”.

Varios importadores, incluyendo miembros de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), se quejaron de retrasos en la transportación de carga desde Estados Unidos meses después del paso del huracán María. No se registraron quejas con respecto a atrasos desde jurisdicciones extranjeras, aquellas donde no aplica la Ley Jones.

En un reporte de 2012, la Reserva Federal de Nueva York (RFNY) concluyó que la Ley Jones era un obstáculo importante para la economía de Puerto Rico y recomendó una exención temporera de cinco años para evaluar si la Ley Jones era causa para elevados costos de transportación. El recién publicado estudio criticó la posición de la RFNY indicando que, como los NAJ controlan la información de precios mediante los acuerdos de confidencialidad que le imponen a sus clientes, la RFNY no tiene información suficiente para llegar a sus conclusiones.

Sin embargo, indicaba la RFNY en 2012: “to the extent that it inhibits free trade, the Jones Act does indeed have a negative effect on the Puerto Rican economy, although the magnitude of the effect is unclear.” El hecho de que una exención súbita y de tan solo 10 días trajo a Puerto Rico 10 buques extranjeros en 2017 permite imaginar lo que sería el resultado de una exención de cinco años.

El recién publicado estudio describe las cosas maravillosas que han hecho los NAJ tras el huracán María. No menciona que, de acuerdo con informes de prensa, los NAJ cabildearon en contra de la exención de la Ley Jones durante la emergencia. La AMP no ha negado que en efecto se hizo dicho cabildeo. Cuando los buques de NAJ estaban operando a capacidad, había hospitales a oscuras por falta de diésel y la mayoría del país no tenía agua potable, los NAJ cabildearon en contra de ayuda de emergencia para Puerto Rico. En otras palabras, los NAJ literalmente dieron prioridad a sus ganancias por sobre las vidas de los residentes de Puerto Rico. No hay mejor argumento para derogar la Ley Jones.

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