Christian E. Cortés Feliciano

Tribuna Invitada

Por Christian E. Cortés Feliciano
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Inmunidad parlamentaria

La Constitución del Estado Libre Asociado establece que todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria. El propósito subyacente de la inmunidad parlamentaria es proteger a la Rama Legislativa de intervenciones indebidas de la Rama Ejecutiva o de la Rama Judicial. El ámbito de la doctrina de inmunidad parlamentaria es amplio y cubre toda actividad legislativa legítima. Esto incluye, como mínimo, las actividades que se desarrollan en el hemiciclo y en las comisiones.

La protección de la doctrina inmunidad parlamentaria abarca más allá de las expresiones realizadas en el debate parlamentario. Tal cual ha señalado el Tribunal Supremo, el error común que se comete al analizar la doctrina de inmunidad parlamentaria es creer que las asambleas representativas cumplen el solo fin de legislar. Las actividades legislativas legítimas trascienden el solo acto de formular leyes, incluyen el investigar y fiscalizar al gobierno, debatir asuntos de interés público y mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública.

La cláusula de inmunidad parlamentaria consagra un derecho de inmunidad sustantiva que cobija los actos legislativos legítimos de los legisladores y ofrece protección, en calidad de privilegio evidenciario, contra todo requerimiento compulsorio ante cualquier otro foro que no sea el legislativo. Así pues, la inmunidad parlamentaria se manifiesta de forma sustantiva y de forma evidenciaria. Dado ello, la doctrina de inmunidad parlamentaria protege a los legisladores de responsabilidad civil y criminal por actuaciones legítimas en el proceso legislativo e impide que estos sean parte de una acción civil relacionada con estas actuaciones, y que testifiquen al respecto.

Así las cosas, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que uno de los propósitos de la doctrina de inmunidad parlamentaria es evitar que los legisladores tengan que testificar sobre asuntos de conducta legislativa, estén o no estén testificando para defenderse a sí mismos.

Tan abarcadora es la doctrina de la inmunidad parlamentaria, que una vez se determina que se trata de una actividad legislativa legítima, el legislador no puede ser cuestionado y tal prohibición es absoluta.

Por último, y no menos importante, es necesario señalar y destacar que el acto de fiscalizar al gobierno es una potestad constitucionalmente protegida de todo legislador. La fiscalización responsable forma parte inherente del proceso parlamentario y de gobierno. La fiscalización responsable es el freno, a veces el único, que detiene acciones ilegales e irresponsables de funcionarios públicos.

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