Milagros Rivera Watterson

Tribuna Invitada

Por Milagros Rivera Watterson
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La evidencia clara del ADN

El sostenimiento por parte del Departamento de Justicia de que la Ley 246, que permite el análisis de ADN para convictos ya sentenciados, ha prescrito pone en jaque un estatuto que hasta este momento ha sido útil en demostrar la inocencia de personas que por años estuvieron confinados por delitos no cometidos.

Así evolucionó el caso Nelson Ruiz, José Caro y Nelson Ortiz, que fueron exonerados al no encontrarse evidencia de que cometieron el crimen por el cual estuvieron décadas encarcelados. También está el caso de un confinado de Trujillo Alto, quien está en espera de nuevo juicio y otro de Arecibo, para quien ya se ha ordenado que se realicen las pruebas de ADN.

En Estados Unidos, 49 estados poseen ese estatuto de pruebas de ADN post-sentencia sin caducidad, teniendo como resultado que 353 inocentes se hayan liberado. De esos, 20 tenían sentencias de muerte.

Ante la posición del Departamento de Justicia y el apoyo de las Tribunales el estatuto está bajo la consideración del Tribunal Supremo. Mientras, el autor de la ley, el exrepresentante Carlos Hernández ha indicado que la intención de la ley no fue que tuviera caducidad.

Las pruebas de ADN han demostrado, donde se han utilizado, que sin lugar a dudas que son instrumento útil para analizar evidencia y demostrar la inocencia de personas a quienes durante la investigación, presentación de cargos y celebración de juicio no se hicieron pruebas que podrían ser exculpatorias.

No permitir que los convictos soliciten esta prueba como medio para demostrar su inocencia limita grandemente el acceso a la justicia en un país lacerado por el estrangulamiento económico de programas que pueden prestar servicios a los confinados para asegurar que la justicia se ejerza por igual, sin importar la estrata social o situación económica de la persona.

El Departamento de Justicia en su afán de probar la no vigencia de la ley la ha llevado al Tribunal Supremo, foro que esperamos reafirme su vigencia sin límite o que la Legislatura actúe con justicia.

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