Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La inocencia de los culpables

Desde los “yo no sé nada” de Pedro Rosselló hasta los “yo no fui” de Wanda Vázquez han transcurrido más de 25 años. No hemos avanzado nada.

Cuando comenzó el desfile de corruptos y se sucedieron con cada vez más frecuencia los casos de pillaje en la administración de Rosselló padre (1993-2000), el entonces gobernador proclamaba su ignorancia de las malas actuaciones de sus colaboradores.

Ahora que empiezan a acumularse cuestionamientos sobre los actos de su gobierno, Vázquez se lava las manos (nunca mejor dicho) repitiendo que ella no tiene nada que ver.

Entre el primer Rosselló y Vázquez han pasado cinco gobernadores, ninguno de los cuales ha dicho jamás que algún acto de mala conducta ha sido su culpa. Bueno, con excepción de Ricardo Rosselló, que, atrapado en el fango, tuvo que renunciar el año pasado sin completar el cuatrienio.

En Puerto Rico ningún gobernante parece saber lo que es la responsabilidad vicaria. La de Rosselló hijo era propia, como podría ser, si se demuestra, la de la gobernadora Vázquez en el escándalo de la compra multimillonaria y a sobreprecio de pruebas rápidas de COVID-19.

Vázquez apunta al Departamento de Salud, con la obvia intención de responsabilizar a la exsecretaria interina Concepción Quiñones de Longo y a varios funcionarios intermedios. Su ayudante Marisol Blasco y Mabel Cabezas, esa poderosa funcionaria de Salud de la que Vázquez quiere desvincularse a como dé lugar, nada han tenido que ver. Igual que ella.

La crisis fiscal de Puerto Rico, que se gestó durante muchos años antes de que nos estallara en la cara, es responsabilidad compartida de los exgobernadores, que todo lo resolvían cogiendo prestado y elevando la deuda hasta llevarla a niveles impagables. Cuando Alejandro García Padilla admitió en las postrimerías de su mandato (2013-2016) que la deuda no se podía pagar, omitió admitir su propia responsabilidad con los $3,500 millones en bonos que ofreció en el mercado en 2013.

En 2017 nos azotó el huracán María y sembró la desolación, poniendo al descubierto una infraestructura deteriorada (inservible en algunos casos). La corruptela fue tan obvia que al día de hoy, casi tres años después, Puerto Rico sigue padeciendo los retrasos en la entrega de fondos federales imprescindibles para la recuperación.

Cuando Ricardo Rosselló tuvo que renunciar tras las protestas ciudadanas del verano de 2019 contra la incompetencia y la corrupción de su gobierno, Vázquez se alzó como la salvadora del país.

Poco duró la luna de miel. Cometió el error de renegar de su compromiso inicial de no ser candidata en las elecciones de este año y se metió en una contienda primarista justo antes de que un terremoto, seguido de meses de temblores diarios, provocara un descalabro económico y humano en el suroeste, coronado por el escándalo del almacén de suministros en Ponce.

Entonces llegó el coronavirus, con el desbarajuste de las pruebas rápidas compradas, a escandaloso sobreprecio, a intermediarios sin experiencia y ni siquiera entregadas.

La culpa la tienen muchos, todos bajo la responsabilidad vicaria de la gobernadora que ella se niega a admitir.

La inocencia de los culpables nos ha traído hasta aquí. Durante años, hemos sido gobernados por personas que no admiten siquiera la responsabilidad que adquieren con su cargo.

Al final, la culpa la tendremos nosotros por permitirlo.

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