Rossana López León

Tribuna Invitada

Por Rossana López León
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La Junta de Supervisión y el despilfarro

El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes Federal, se encuentra redactando una enmienda a la Ley PROMESA que le otorgaría un poder absoluto a la Junta de Supervisión Fiscal sobre las finanzas y los fondos de recuperación.

El texto propone que la JSF sea el organismo que tenga la última palabra sobre el uso de esos recursos que serán transferidos a la isla. Dicha enmienda, solicitada por la propia Junta de Supervisión, cuenta con el respaldo de la comisionada residente, quien no pierde oportunidad de llevarle la contraria al gobernador Ricardo Rosselló.

Esta acción constituye otro capítulo más de una agenda solapada de diversos grupos de interés político y económico que solo desean que sea la Junta - y no el gobierno electo - el que reparta los fondos a diestra y siniestra. Desde el mismo momento en que se organizó la JSF, se inició con ello un extenso debate sobre los poderes, propósitos y las verdaderas fuerzas que manejan este ente impuesto sobre Puerto Rico.

La Junta existe desde hace 18 meses y su legado es prácticamente inexistente. Comenzaron solicitando un plan fiscal del gobierno que nunca calibraron, lo certificaron y después lo impugnaron. Como si fuera poco, prometían transparencia pero todavía es la hora que no han entregado una sola hoja que demuestre como validaron las proyecciones del plan fiscal.

Posteriormente, exigieron recortes en la UPR por $200 millones, recortes en las pensiones, en los servicios médicos; y mientras exigían reducciones en la nómina y el despido de 6,000 trabajadores transitorios, gastaron $40 millones en contratos y nombramientos, incluyendo un equipo de confianza de siete personas que en conjunto reciben $1.8 millones en salarios.

Pero, lo absurdo no termina ahí, porque mientras reclamaban recortes en servicios esenciales, ellos mismos se subían su presupuesto con dinero del pueblo de Puerto Rico en un 20%, nombraban el tercer enlace con la AEE al son de $225,000 anuales y contrataron dos firmas de cabilderos que en solo 28 días ganaron $112,500.00 de fondos públicos bajo un esquema de facturación de dudosa credibilidad.

Las firmas de cabilderos identificadas, Williams & Jensen y Off Hill Strategies, reclamaron pagos por servicios en exceso a lo estipulado en los contratos, firmaron un contrato retroactivo, reclamaron en 28 días de trabajo lo que se supone realizaran en sesenta, reclamaron haber dedicado una tercera parte de su tiempo para incluir a Puerto Rico en la asignación de salud una semana después de haberse logrado el compromiso de inclusión y hasta reclamaron el pago por fondos de desastres atmosféricos, a pesar que el huracán María paso 7 días laborables antes de vencerse el periodo de facturación.

Como si fuera poco, el informe revela que no dedicaron un solo segundo a excluir a Puerto Rico de la reforma contributiva. Es decir, se les pago por una agenda inexistente y para lo que los necesitábamos, nomovieron un dedo. Los ejecutivos de esas firmas tienen un largo historial de vínculos con la derecha republicana. 

El principal ejecutivo de Williams & Jensen, es un conocido recaudador republicano mientras que Frederick “Tripp” Baird, de Off Hill, es otro republicano que fue director legislativo de la entidad conservadora Heritage Action for America, la cual se opuso a la legislación de reestructuración de la deuda de Puerto Rico y se opuso al Obamacare.

Este es el historial nefasto de la Junta de Supervisión que ahora, tiene la desfachatez de pedir más poderes para seguir gastando a mano suelta. Ya es hora de pararlos en seco.

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