Enrique Vázquez Quintana

Tribuna Invitada

Por Enrique Vázquez Quintana
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La Junta pone en precario la educación médica en la isla

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad posee 37 programas de educación médica de post grado: los programas de residencias en especialidades médicas. Entre las 37, hay 16 que son únicas en el país: especialidades quirúrgicas, medicina interna o pediatría. Esos programas llevan establecidos por varias décadas.

Las siguientes residencias son únicas en Puerto Rico (solo hay una en el país): urología, neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología, anestesiología, gastroenterología, cardiología, patología, oftalmología, radiología, medicina nuclear, reumatología, inmunología, neurología, neurología pediátrica y dermatología.

Para que esos programas se mantengan acreditados por el ACGME (Accreditation Council on Graduate Medical Education) se necesitan recursos económicos para mantener un número de profesores adecuados, llevar a cabo investigación y publicaciones, y que los residentes pasen los exámenes de la junta de su especialidad.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aplica a Puerto Rico un programa de austeridad muy severo que afecta la Universidad de Puerto Rico y al Recinto de Ciencias Médicas (RCM). Les ha impuesto a ambas entidades una reducción presupuestaria excesiva. La JSF también ha aumentado el costo de la matrícula en los programas graduados. Han recomendado alzas en los programas doctorales en leyes, medicina y odontología, comparables a los costos de matrícula en instituciones privadas de Puerto Rico y Estados Unidos. Los estudiantes terminan con una deuda de más de $150,000 en préstamos.

Si alguno de esos 16 programas de residencia perdiera su acreditación, nuestros médicos se verían en la triste obligación de marcharse a Estados Unidos para adiestrarse en esas especialidades. Muchos jamás regresan al país.

Los residentes en adiestramiento son considerados estudiantes, pero muy especiales ya que durante su adiestramiento brindan servicios en el hospital junto a los facultativos que los educan. Los estudiantes del RCM y los programas de las escuelas de medicina privadas no participan en protestas y en muy raras ocasiones abandonan el servicio a sus pacientes. En los otros recintos de la UPR, los estudiantes son más asertivos, paralizan las clases y, en ocasiones los profesores, se les unen.

Las medidas de austeridad que la JSF pretende imponer afectan servicios esenciales, tales como la seguridad pública, salud y educación. En los países donde se ha aplicado este tipo de austeridad, el pueblo ha exigido la eliminación de las medidas que afectan el bienestar y calidad de vida ciudadana. En Puerto Rico buscan evitar la reducción en la aportación al plan médico de los empleados gubernamentales, la reconstrucción de nuestras carreteras, la educación a los discapacitados, el mejoramiento de la seguridad pública y la respuesta del Negociado de Ciencias Forenses para atender las escenas de crímenes.

El ente fiscal no debe imponerle a la UPR reducciones presupuestarias que son insostenibles y afectan la calidad de la enseñanza. Los académicos en la diáspora, en universidades estadounidenses, se han manifestado en contra de las medidas de austeridad que la JSF le quiere imponer a la UPR, en respaldo a la institución.

El ente fiscal debe atemperar las medidas de austeridad a las necesidades del país. La UPR y el RCM son patrimonios del pueblo de Puerto Rico en los que los jóvenes se educan.

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