Derdlim Rodríguez

Punto de vista

Por Derdlim Rodríguez
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La pandemia en tiempos de Promesa

Vivimos en un contexto histórico sin precedentes, rodeados por un pánico justificado y con un gobierno que se ha caracterizado por promover un desbarajuste constitucional. Sin embargo, no podemos dejar fuera de la ecuación la ley Promesa, por sus denigrantes siglas en inglés. 

Promesa es el producto de un acuerdo premeditado del gobierno de Estados Unidos para atender la restructuración de la deuda en Puerto Rico. Para lograr sus propósitos, el Congreso creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La JSF esta investida con poderes tan amplios que Promesa expresamente prohíbe al gobernador, gobernadora o la legislatura ejercer cualquier tipo de control, supervisión o revisión sobre la JSF o sus actividades. Tan es así que el gobernador o gobernadora de Puerto Rico tiene un espacio en ese cuerpo, pero solo tiene voz, no tiene voto. Inclusive, Promesa establece que prevalecerá sobre cualquier ley o reglamento territorial. En esa dirección, Promesa dispone que uno de los poderes de la JSF es el de revisar leyes, contratos, reglas, órdenes ejecutivas con el propósito de asegurar que sean consistentes con el plan fiscal. 

En suma, las decisiones que tome este gobierno durante la pandemia debemos analizarlas bajo la óptica de una ley federal impuesta a Puerto Rico, que permite que nos gobierne un grupo de personas no electas por el pueblo de Puerto Rico. Un grupo de personas que componen una JSF nombrada inconstitucionalmente. La realidad que yace en las tinieblas es que, en medio de una pandemia, tenemos que mendigar el uso de los fondos públicos a un ente que no elegimos para gobernarnos.

A modo de ilustración, tan reciente como el 15 de abril de 2020, la JSF le cursó una carta la gobernadora en la cual le pide que no firme la Resolución Conjunta del Senado 507. Esa resolución propone, entre otras cosas, eximir a los centros privados de atención médica, como hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento y centros de salud familiar, del pago de los servicios de agua y electricidad durante los meses de abril, mayo y junio. Esa resolución propone que el financiamiento de la iniciativa provenga del Fondo de Emergencia creado bajo la Ley 91-1966, según enmendada. La JSF le pide a la gobernadora que no firme esa resolución por considerarla inconsistente con varias medidas que ha tomado, y no le autorizan el uso de esos fondos. 

Así existen un sinnúmero de ejemplos que demuestran el poder que tiene Promesa a través de la JSF para favorecer acuerdos con bonistas extranjeros que amenazan servicios esenciales de nuestra isla y ahora, la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. 

No me sorprende que, en sus primeras conferencias de prensa, la gobernadora haya agradecido a la JSF por autorizar fondos limitados para la emergencia. Recordé las palabras de Trías Monge: “Una circunstancia en especial ha contribuido a este convencimiento nuestro de que la salvación viene de afuera: la adicción al situado”.

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