Jorge Farinacci Fernós

Punto de vista

Por Jorge Farinacci Fernós
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La salud de los trabajadores y la reapertura

Ante la realidad de que la cuarentena no puede durar para siempre, se ha comenzado a hablar en Puerto Rico sobre cómo y cuándo debemos reactivar la vida económica. El riesgo es que, ante la avaricia del sector privado, nos apresuremos y abramos demasiado rápido sin haber contenido el brote del virus y sin tener toda la infraestructura de salud pública y distanciamiento social necesarios.

Recientemente, portavoces del sector privado nos han dicho que confiemos en ellos y en el mercado en cuanto a tomar las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores y consumidores. Por mi parte, no confío mucho en quien solamente piensa en sus ganancias y en la mano invisible del mercado.

El consumidor no se puede proteger solo. Al fin de cuentas, todos debemos buscar comida, ir al médico, hacer gestiones cotidianas, por lo que estamos sustancialmente a la merced de las medidas tomadas por los dueños de los lugares que visitamos. La salud del país no puede depender de la buena voluntad del sector privado. Necesitamos legislación que atienda estos asuntos, incluyendo medidas de distanciamiento físico y acceso a equipo de protección.

Pero a veces hablamos del sector privado como si solamente se tratara de los dueños de las empresas. Si algo hemos aprendido en esta crisis es que sin trabajadores no hay riquezas o productos. Y serían esos trabajadores los que más se expondrían si reabrimos la economía a destiempo o si no se toman las medidas necesarias para impedir exposición al virus.

Afortunadamente, los trabajadores en Puerto Rico tienen un derecho constitucional “a protección contra riesgos para su salud o integridad persona en su trabajo o empleo”, Sección 16, Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. En otras palabras, ningún trabajador está obligado a trabajar en condiciones que constituyan un riesgo para su bienestar físico y mental. Si los patronos no proveen condiciones seguras de empleo, los trabajadores tienen un derecho constitucional a rehusar ir a trabajar y a no sufrir acción disciplinaria por ello. 

Es hora de que los dueños de las empresas tomen ese derecho constitucional en serio. Nadie tiene derecho a arriesgar la vida o salud de otro, menos de un empleado suyo. Debe ser condición indispensable para reabrir la economía requerir que todo patrono demuestre que ha tomado las medidas necesarias para ofrecer un lugar de trabajo seguro. La Constitución así lo exige. Debemos hacer lo mismo nosotros y nosotras.

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