En medio de la crisis de salud, se ha reavivado una vez más la urgencia de establecer un mecanismo sensible y responsable que responda a la necesidad apremiante de atender la violencia de género, escribe Jessica Velázquez Rodríguez
En medio de la crisis de salud, se ha reavivado una vez más la urgencia de establecer un mecanismo sensible y responsable que responda a la necesidad apremiante de atender la violencia de género, escribe Jessica Velázquez Rodríguez
A raíz de la emergencia suscitada por los contagios del COVID-19 y la orden de distanciamiento social que rige al país, se han disparado los casos de violencia doméstica. Esta situación no ha sido un secreto y ha sido un tema abordado a nivel mundial. La proliferación de la violencia ha sido un escenario común en Francia, en España, en Estados Unidos y en países de Latinoamérica entre muchos otros. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre cómo las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo intensifican el riesgo de violencia intrafamiliar y la carga de trabajo en el hogar. En Puerto Rico, de igual manera, ha sido un tema de discusión en las últimas semanas y se han realizado múltiples esfuerzos para habilitar y flexibilizar recursos legales con el objetivo de proteger a esta población vulnerable.
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