Carmen Dolores Hernández

Tribuna Invitada

Por Carmen Dolores Hernández
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¿Levantamiento o insurrección?

Recién se cumplió el aniversario sexagésimo octavo de la insurrección nacionalista. El 30 de octubre de 1950, a mediodía, cientos de combatientes del Partido Nacionalista liderado por Pedro Albizu Campos iniciaron una acción armada contra los representantes del gobierno del país en Jayuya, Peñuelas, Arecibo y Utuado (el ataque a Ponce se frustró debido a una confidencia), acción que incluyó un ataque directo a La Fortaleza. El propósito era derrocar el gobierno -entonces dominado por el Partido Popular bajo Muñoz Marín- y lograr la independencia. Varios nacionalistas murieron, al igual que varios policías.

La insurrección estaba abocada al fracaso, no solo por los números exiguos de militantes sino porque no se produjo el alzamiento popular general que ellos esperaban. Un documental reciente dirigido por José Manuel Dávila Marichal –“1950: La insurrección nacionalista”- rescata la memoria de aquel evento por medio de entrevistas significativas y entrañables con algunos sobrevivientes.

No mucha gente sabe, sin embargo, que nada menos que el Tribunal Federal de Distrito de Boston describió el alcance de la lucha y destacó el heroísmo de los combatientes. La formulación (extraña por su procedencia), resultó de una acción legal incoada dos años después de los hechos por el dueño de varios edificios de Jayuya destruidos por un incendio provocado durante el ataque. La compañía aseguradora demandada por los daños alegó que la póliza tenía una cláusula de exclusión que la eximía de responsabilidad por daños en casos de – entre otras causas- insurrección, rebelión, revolución o guerra civil.

A lo largo de un proceso prolongado ante el Tribunal Federal en Puerto Rico, el bufete de abogados de James R. Beverley intentó probar -mediante testimonios invaluables de nacionalistas entrenados para el combate y mediante evidencia de las armas usadas, las decisiones tomadas y los objetivos deseados- que lo sucedido el 30 de octubre había sido, por lo menos, una insurrección.

El planteamiento no encontró eco en el tribunal, que se negó a admitir la evidencia y los testimonios presentados, pidiendo en vez constancia de ejércitos constituidos y generales. El veredicto fue adverso; los abogados apelaron ante el Tribunal de Distrito del Primer Circuito en Boston, presidido por el juez Calvert Magruder e integrado por los jueces de circuito Albert Maris y Peter Woodbury. La conclusión fue diametralmente diferente: “Una insurrección cuya intención es derrocar el gobierno constituido no deja de serlo porque sus probabilidades de éxito sean pocas. No deja de ser una insurrección porque -después de que haya sido sofocada- doce hombres razonables en un jurado hayan concluido que el levantamiento estaba condenado al fracaso desde el principio. En el momento de sus inicios, una insurrección no resulta necesariamente impresionante en cuanto a sus números, equipo u organización… Cuando Napoleón Bonaparte abandonó la isla de Elba en 1815 y desembarcó al sur de Francia con un grupo pequeño de hombres, dirigiéndose luego a París, sin duda lanzó una insurrección contra el gobierno monárquico francés. Esperaba que el pueblo lo recibiera con brazos abiertos y contaba con las deserciones de los ejércitos enemigos. En este caso sus esperanzas y expectativas fueron cumplidas y la insurrección logró su cometido… Pero si el evento hubiera tenido otro resultado, la operación inicial de Napoleón se hubiera podido describir propiamente como una insurrección, aunque sin éxito”. (traducción nuestra)

La historia está hecha de ocurrencias extrañas. Un tribunal federal, en un caso civil, declara la validez de las intenciones geopolíticas de la insurrección nacionalista. La legislatura puertorriqueña, sin embargo, trató el incidente como una acción de “gangsters armados” (Ley #6 de diciembre de 1950); una “actividad criminal, subversiva y violenta”, y “terrorista” (Ley 14 del 10 de enero de 1951). Se trata, cuando menos, de un caso interesante de falta de sentido histórico por un lado y de una inusual clarividencia del lado federal.

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