Jorge Suárez

Punto de vista

Por Jorge Suárez
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Los 50 días del COVID-19

El pasado 15 de marzo del 2020 la gobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de confirmar el quinto caso de coronavirus en Puerto Rico, ordenó la imposición de medidas para restringir el libre flujo de personas en las calles y la aglomeración de individuos en el país en un intento por reducir el ritmo de los contagios. Mediante la Orden Ejecutiva número 2020-20, firmada el 12 de marzo de 2020, impuso un toque de queda que obliga a los ciudadanos a quedarse en sus hogares las 24 horas. La gobernadora comenzó a tomar medidas urgentes y drásticas, y solicitó al administrador de la Agencia Federal de Aviación, Stephen Marshall Dickson, tomar medidas para controlar el tráfico aéreo, incluyendo la suspensión de vuelos domésticos e internacionales por 14 días a Puerto Rico, a raíz de la situación del COVID-19. 

Tras despedir al secretario de Salud, Rafael Rodríguez, el mismo que decía que el COVID no llegaba a Puerto Rico porque China estaba lejos, la gobernadora anunció la creación de un nuevo task force médico. El mismo estaría liderado por el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, rector del Recinto de Ciencias Médicas, quien fungiría como el coordinador general de todos los esfuerzos del coronavirus en la isla. Los reclamos de las faltas de pruebas eran expresados por todos los sectores alrededor del país, por lo que de inmediato se anunció que el Departamento de Salud ordenó la compra de 200 mil pruebas rápidas, que se utilizarían “principalmente” para pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Luego nos esteramos de que la compañía a la que se le pretendían comprar las pruebas era mediante un contrato escandaloso que es motivo de una pesquisa en la Cámara de Representantes que aún está en curso.

Cuando miramos el saldo de estos 50 días, se han tomado medidas correctas como la cuarentena y la creación de equipos de trabajo para tomar decisiones. Pero esta pandemia de salud parece más una “pandemia” gubernamental y política. Despidos, renuncias, fraudes, intento de apropiación de fondos públicos, encubrimiento, hambre, la indecisión de la apertura de las cocinas de los comedores escolares, cambios de órdenes a tutiplén. Además, las investigaciones legislativas, querellas de agresiones y maltrato de menores que reflejan sobre 18 a 20 diarias y las ayudas locales ni federales que no llegan. Sobre todo, estos 50 días mostraron la ineficacia de muchos jefes gubernamentales en su desempeño para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, sin olvidar la ardua guerra interna política del PNP.

La última determinación de estos 50 días de COVID es reabrir paulatinamente el ámbito económico del país precisamente en la semana pico de contagio, según recalca el propio secretario de Salud. La pregunta es, ¿qué hacemos y a quién le creemos? 

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