Jorge R. Roig

Punto de Vista

Por Jorge R. Roig
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¿Presidente o rey?

El liderato de la Cámara de Representantes federal recién anunció la redacción de dos acusaciones para residenciar al presidente Trump. Se le acusa de abuso del poder y de obstruir el funcionamiento del Congreso. Ha desfilado evidencia de que Trump utilizó el formidable poder presidencial para presionar el inicio en Ucrania de investigaciones contra uno de sus oponentes electorales, para su beneficio personal y electoral, y en perjuicio de los intereses de seguridad nacional del país.

Trump y sus aliados republicanos han ensayado tres principales defensas: 1) que el proceso de investigación ante la Cámara ha sido amañado en su contra; 2) que el sinnúmero de testigos que desfiló ante la Cámara son todos parte de una conspiración siniestra para fabricar toda la evidencia testifical y documental presentada; y 3) que, en todo caso, las acciones del presidente fueron legítimas. Cada uno de estos argumentos carga con debilidades insalvables, pero quizás el más peligroso de ellos es el tercero.

La administración Trump, incluido el “attorney general” William Barr, ha promovido una visión del poder presidencial contraria a preceptos básicos del ordenamiento constitucional. Argumentan que es prácticamente imposible que el presidente viole la ley al descargar sus funciones, posición que tiene un largo y triste historial enmarcado en un antiguo y obsoleto precepto: “el rey es infalible”. La invocación de este espectro monárquico también salió a relucir en el contexto del escándalo Watergate cuando, durante una larga entrevista tras su renuncia, Nixon infamemente proclamó: “cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal”.

Esta interpretación del poder presidencial, bajo la cual se estima que sus actuaciones están fuera del alcance del Derecho, deshonra la Constitución. Fue precisamente para escapar las arbitrarias y abusivas actuaciones de un monarca inmune a acusación y residenciamiento que las colonias declararon su independencia y tomaron armas en 1776. Por ello, hace ya más de dos siglos, en Marbury v. Madison, en uno de sus pronunciamientos más célebres y citados, el Tribunal Supremo federal dictaminó que la Constitución enfáticamente establece “un gobierno de leyes, y no de hombres”. A diferencia de un rey, un presidente no está por encima de la ley.

La preeminencia del Derecho sobre aun el presidente fue unánimemente confirmada en 1974 en U.S. v. Nixon. Allí, el Tribunal Supremo rechazó un planteamiento de privilegio ejecutivo absoluto que Nixon levantó en contra de la divulgación de las notorias grabaciones en el Oval Office. Lo cual nos trae a la segunda acusación, sobre obstrucción a los procesos ante el Congreso. Porque resulta que Trump también pretende expandir el poder de la Presidencia para ordenar a la Rama Ejecutiva a negarse absolutamente a responder a citaciones so pena de desacato emitidas por el Congreso. 

El presidenteTrump ha tomado las riendas del descarrilado carruaje monárquico que llevó a Nixon a su renuncia y desgracia, y ha querido aumentar la apuesta y proponer una visión totalitaria del poder presidencial aún más extrema. Tal proceder debería resultar escandaloso y aterrorizante para todos. Queda por ver si la cordura, el Derecho y el sentido común prevalecen en el Senado y en el Tribunal Supremo en los días por venir.

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