José Fernando Velázquez

Tribuna Invitada

Por José Fernando Velázquez
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¿Privilegiar la impericia médica?

El gobernador propone resucitar una legislación mala, eliminada en el cuatrienio pasado. Quiere extender a hospitales privados que hagan salas de trauma los beneficios de la ley de pleitos contra el Estado. Ello implica el privilegio de que paguen solo $150 mil por un daño catastrófico, incluida la muerte de un paciente. Quiere también dar inmunidad a los médicos que lo causan.

Viajando por la internet descubrí que la palabra "privilegio" proviene del latín “privilegium”, componiéndose de “privus”, del verbo “privare” (privado, particular), “legio” proveniente de “legalis” (relativo a la ley) y del sufijo “ium” (io, o relación). Etimológicamente hablando, “privilegio” significaría entonces algo así como una ley favoreciendo una persona o un cierto grupo de personas.

Desde el 450 AC se conocen las Doce Tablas Romanas, cuerpo de leyes variadas que regían las relaciones en aquella sociedad, entre personas privadas y de éstas con el gobierno. En su Tabla IX, este cuerpo de leyes recogía el principio de que la ley habría de ser igual para todos. Con la expresión: “privilegia ne inrogantur”, es decir, no se legislará leyes dirigidas a personas o sectores particulares", el principio jurídico proscribía la legislación de privilegio.

Desde los romanos, que, dizque, copiaron muchos principios democráticos de los griegos, ha llovido mucho. A partir de entonces, evolucionamos en dirección contraria a este principio. Privilegios “legales” se aprueban a diario, en todas partes del mundo. El principio, que va de la mano con el deseo de evitar la corrupción, ha sido aguado al punto de que, muchas veces, miramos hacia otro lado cuando aprueban leyes que otorgan privilegios a cierta clase de individuos o empresas y actividades.

Aquí ya ni se cuentan. Importaciones eximidas de arbitrios, escoltas a ex funcionarios, pensiones de lujo, pensiones a jueces retirados del Supremo y también a sus viudas, etcétera.

En el afán de supuestamente evitar que los médicos no nos abandonen, el gobierno y los tribunales han sido bastante generosos. Con ese palio protector, los médicos se han convertido en nuestro país en clase privilegiada.

A los médicos les cobija la “presunción de corrección”. Significa que, si los demanda un paciente por impericia, el juez debe presumir que el médico actuó conforme a la mejor práctica de la medicina. Corresponde entonces al paciente destruir esa presunción con evidencia en contrario, en la práctica, robusta y convincente. Esto parecería lo mismo que todo demandante debe hacer siempre. Sin embargo, no lo es. Este privilegio implica que es improbable que el galeno haya incurrido en impericia médica que ocasionó daño o la muerte a su paciente. ¿Mano que cura, no puede herir?

El exgobernador Luis Fortuño intentó privilegiarlos, otorgándole un derecho a hogar seguro sobre su residencia principal. No el que tenía cualquier hijo de vecino, sino sin importar el valor de su propiedad. El descaro levantó protesta. Para enderezar el entuerto, se aprobó la ley pero, esta vez, beneficiando a todo dueño de residencia.

Convencidos de que desalentará el “éxodo”, le disminuyeron a esta clase las contribuciones sobre ingresos a 4%. Eso representa reducirles 29% sobre lo que pagaban antes y paga Raymundo y tó’ el mundo que trabaja por cuenta propia, generando ingresos más o menos similares.

Estos privilegios afectan al paciente y los paga todo contribuyente. Actualmente, si un médico le causa daño cerebral a un niño en hospital público, el gobierno paga $150 mil a la familia. Sin embargo, el gasto millonario para cubrir los cuidados que recibirá el niño por el resto de su vida lo paga nuestro gobierno, es decir, nosotros.

En este escenario propuesto, el médico negligente que trabaje en una sala de traumas privada “meterá la pata” y nosotros pagaremos la cuenta. El paciente no se lo merece, pero el contribuyente tampoco.

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