José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Pros y contras del plan fiscal

El nuevo plan fiscal propuesto aguarda cambios positivos y negativos que merecen reseñarse ya que impactará la vida de casi todos.

Por el lado positivo, el nuevo plan establece cero pagos a la deuda por los próximos cinco años. Esto lo favorecen muchos economistas que no tienen conflictos de intereses con el mercado financiero (Ver recovery4pr.org). Además, corrige el estimado anterior de pérdida poblacional y reconoce la responsabilidad compartida de Estados Unidos con las crisis de Puerto Rico.

Por el lado negativo, hay muchas preocupaciones:

1) Planes de reorganización a la ligera. Es loable que consoliden la parte administrativa de las agencias y municipios, pero hay teorías de administración pública que establecen que servicios descentralizados pueden ser más efectivos.

2) Exagera el impacto económico de la reconstrucción: Puerto Rico sería la sexta economía que más crecería en 2019, superando a China y a las Américas. Además, esa expansión duraría hasta 2022.

3) La ineficiencia e inefectividad gubernamental no se resuelve con austeridad: si una agencia tiene dos empleados para 10 procesos redundantes, despedir a uno aumenta la ineficiencia al tener un empleado para los mismos 10 procesos redundantes. Lo que necesitamos es reingeniería: al reducir los procesos, ofrecer más servicios electrónicamente y usar menos papeles se logran economías y eficacia gubernamental. La austeridad es más fácil que la reingeniería, pero no resuelve mucho y profundiza la depresión.

4) Reduce los recaudos con alivios contributivos populistas, en vez de proponer una reforma impositiva que reparta equitativamente la carga impositiva sin reducir los recaudos (Vea mi columna anterior).

5) Ignora una austeridad necesaria que le propuse a la Junta de Control Fiscal: establecer un límite de $100,000 a todos los salarios pagados con fondos públicos (incluyendo el personal de la Junta). De hecho, las medidas de contingencia deberían ser un 10% de recorte a todo contrato de asesoría o salario mayor a $60,000.

6) Apuesta a las privatizaciones como medidas efectivas. Dicen que las privatizaciones fomentan la libre competencia, pero en el aeropuerto se incluyó una cláusula leonina para evitar el desarrollo de otros aeropuertos. Dicen que las privatizaciones mejoran la eficiencia (mejores precios), pero el privatizador de la Autopista 22 aumenta arbitrariamente los peajes y los privatizadores de la Autoridad de Acueductos aumentaron la deuda con un servicio similar. No hay garantías de que ahora será diferente.

7) No reduce la gran tajada que ingresan las aseguradoras de la Reforma de Salud, pero recorta cubiertas a médico-indigentes.

8) Reduce en $65 millones (9%) los subsidios corporativos inefectivos mientras recorta a la mitad los subsidios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) ($212 millones adicionales a los $202 del plan fiscal vigente). Estudios del Dr. Ramón Cao encuentran múltiples subsidios corporativos inefectivos. Mientras, estudios del Dr. José Alameda y el Dr. Alfredo González hallan que los subsidios a la UPR sí generan un efecto multiplicador. Una política pública inteligente recortaría primero los subsidios inefectivos, los cuales son rechazados por el 93% de los economistas locales.

Ahora este plan está en las manos de la Junta. Si tuviésemos una buena junta, esperaríamos que corrigiesen estas debilidades. Pero, esta Junta la conocemos por sus frutos: envía comunicados al Congreso para oponerse a las ayudas a los pobres, sin tener evidencia de sus propuestas, pero no para oponerse a las leyes de cabotaje o a la reforma contributiva federal; realizó vistas públicas para relaciones públicas, evidenciadas en la falta de quorum y en las risas burlonas de su presidente.

Por eso era preferible una Junta Ciudadana (“Civilian Oversight Board” como se conocen en EE.UU.), no una junta impuesta.

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