Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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Restituir la confianza en el gobierno

Los allanamientos en entidades públicas como la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes y el municipio de Toa Baja, el arresto del alcalde de Gurabo y las denuncias del uso cuestionable de dinero del pueblo de Puerto Rico en transacciones oficiales, lanzan una nueva sombra preocupante sobre el servicio público y laceran aún más la ya decaída confianza de los puertorriqueños en sus instituciones de gobierno.

Obligan, además, a una reflexión colectiva sobre la calidad humana de las mujeres y los hombres que deben conformar la dirección de gobierno de manera de asegurar, junto a sus credenciales profesionales de éxito académico y profesional, un compromiso con las leyes morales que impiden procedimientos corruptos en toda actividad humana.

Aunque en todo momento resulta hiriente el desfile de operaciones de las agencias de ley y orden, tanto insulares como federales, allanando oficinas públicas y municipios, acusando y arrestando a alcaldes, que esto ocurra a días del fin de una administración pública y el comienzo de una nueva, llama la atención más poderosamente. Pero, a la vez debe servir como advertencia sobre los estándares morales que deben exigirse desde el momento mismo de la transición entre gobiernos.

Reiterando el reconocimiento al derecho constitucional a la presunción de inocencia, la acusación por corrupción contra el alcalde recién reelecto de Gurabo, Víctor Manuel Ortiz Ortiz, constituye un golpe demoledor a un pueblo que por las pasadas tres elecciones ha estado confiando la administración y protección de sus intereses colectivos en una persona acusada ahora por la elaboración de un esquema mediante el cual podría haber exigido y recibido $125,000 de un contratista a cambio de acelerarle el pago de facturas pendientes por trabajos prestados al municipio. Su asociación con un convicto federal agrava el problema del alcalde.

Hizo muy bien el gobernador electo, Ricardo Rosselló, y dio la medida de lo que debe esperarse de su administración, al exigirle al alcalde, de su propio partido, la dimisión de su cargo, aun cuando también reconoce su derecho a la presunción de inocencia. Su exigencia tiene que ver más con la obligación moral de la transparencia en el servicio público que con estatus legal alguno.

Casi simultáneamente con el arresto del alcalde, agentes del FBI allanaron la sede del Departamento de Recreación y Deportes, en búsqueda de evidencia que sostenga la presunta utilización irregular e ilegal de “posiblemente millones de dólares” de fondos federales, al decir del jefe de la policía federal en Puerto Rico, Douglas Leff.

Hace tan sólo unos días, otro contingente de agentes del FBI arribó temprano en horas de la mañana a las dependencias del Municipio de Toa Baja como parte de una amplia pesquisa sobre posible mal o malversación de fondos federales y denunciadas violaciones a las leyes federales anti corrupción cometidas durante la administración del alcalde Aníbal Vega Borges. Tras el allanamiento, Vega Borges, derrotado en las primarias de su partido en junio del año pasado, se vio precisado a renunciar a su cargo como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista tanto pronto salió de una reunión de cinco minutos a la que lo citó el gobernador electo Rosselló.

En tanto, está en serio entredicho la compra por el Departamento de Salud de un helicóptero-ambulancia por cerca de $8 millones para la que no medió subasta bajo el alegato de un “estado de emergencia” (pobremente explicado y jamás entendible). La nave, además, se adquirió a una empresa objeto de una pesquisa federal que conllevó un reciente allanamiento a sus oficinas en el aeropuerto regional de Isla Grande. Esta nebulosa transacción acusa cuando menos un grave error de juicio por parte de la Secretaria de Salud, Ana Ríus, como responsable primaria de toda transacción realizada en esa agencia.

A la espera de lo que en su día determinen los tribunales locales o federales en cuanto a los procesos relacionados con estos y otros episodios de preocupante mal uso de dinero y propiedades del pueblo de Puerto Rico, es de rigor un detente en ese camino de perversión moral a la vista, de manera de lograr la restitución de la confianza del pueblo en sus instituciones y líderes. Tiene que ser función palmaria de la administración que inicia en enero.

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