Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Sin transparencia no hay credibilidad

Adivina, adivinador, cuál es el número real de empleados que tiene el gobierno central.

Esa es una incógnita. El número real no ha sido revelado por la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y hasta tanto se conozca ese dato estadístico, no se puede hablar de economías ni de reducción gubernamental.

Mientras la administración alega una merma de un 6% en el último año, no se ha podido determinar lo que ello representa en dólares y centavos porque se desconoce cuánto es el total real de personas en la nómina de empleados de carrera, ni cuántos hay en la de confianza.

A pesar de la merma de 12,033 en el número de empleados gubernamentales de carrera que contabiliza la Oficina del Contrlor, los empleados de confianza aumentaron y solo en la Oficina del Gobernador el alza fue de 20.2%.

En estos datos no se contabilizan los empleados por contrato, cuyo número ha aumentado significativamente, aunque el gobierno tampoco ha informado con precisión cuánto suman hoy día.

No solo se desconoce el número real de empleados de carrera y de confianza, sino que tampoco se sabe a cuánto asciende el pago de la nómina correspondiente, dato que este diario ha solicitado infructuosamente al Departamento de Hacienda, que es la agencia que expide los cheques a los empleados gubernamentales. Tampoco la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la que Hacienda remitió la solicitud de información, ha provisto los datos.

Como ha sido práctica usual de las últimas administraciones, el gobierno de Rosselló Nevares trata de justificarse alegando que la Fortaleza cuenta con un 26% menos de empleados de confianza que los que tenía su antecesor, Alejandro García Padilla. Lo que no se dice es que la Fortaleza en sí es parte, pero no todo, lo que comprende la Oficina del Gobernador, que incluye a la Juntas de Calidad Ambiental y de Planificación, así como la OGP.

Según la administración actual, la baja en empleados de confianza en la Fortaleza implica un ahorro anual de $1,884,250 que también se esfumaría si se hace realidad el aumento de más del 20% en el presupuesto propuesto para la sombrilla de la Oficina del Gobernador.

Hay que hacer hincapié que a estos datos habría que agregarle la creciente partida de contratos de servicios profesionales esparcidos por todo el gobierno, que duplican y a veces triplican funciones ya delineadas para personal de carrera y de confianza.

No puede haber reclamos de transparencia por parte de la administración Rosselló Nevares mientras no se ofrezcan datos fidedignos y corroborables sobre todos los componentes del gobierno. Mucho menos cuando en la Legislatura se intenta mermar peligrosamente las funciones del Instituto de Estadísticas justo después de conocerse que la falta de datos confiables de las agencias responsables de informarlos provocó la desinformación gubernamental sobre las muertes ocasionadas, directa o indirectamente, por el huracán María.

Lo que está en juego es la credibilidad, ni más ni menos.

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