Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Sueldos de ricos en un país en quiebra

En un país quebrado como Puerto Rico se hacen más palpables las diferencias salariales entre los grupos trabajadores y los privilegiados del gobierno.

La revelación hecha por este diario sobre los altos salarios que se pagan en la nómina del Ejecutivo pone en evidencia que existen dos varas para compensar el trabajo en el País.

Mientras ejecutivos de la actual administración devengan salarios mayores que sus antecesores de la administración de Alejandro García Padilla, los empleados públicos –especialmente maestros y policías—ven mermados sus ingresos ante el alto costo de vida, los impuestos y la eliminación de beneficios laborales legislados desde enero a la fecha, sin contar la amenaza constante sobre las pensiones de los retirados.

Las justificaciones ofrecidas para el pago de altos salarios a un grupo selecto de funcionarios –casi todos con la excusa de que son también “asesores” o que ocupan dos cargos a la vez— no se sostienen ante el cuadro fiscal y económico de un país en sindicatura federal a causa de una deuda pública de unos $70,000 millones acumulada a lo largo de varias administraciones de gobierno.

Son varios los gobernadores que han contribuido a la debacle fiscal utilizando trucos como el de los salarios agrandados, que se parecen a los combos de los “fast foods”. Sin ir más lejos, el exgobernador García Padilla le pagaba $180,000 anuales a Melba Acosta cuando era secretaria de Hacienda, solo con el eufemismo de que, a la par, era “principal oficial financiero” del gobierno.

La tentación de aprovechar el “servicio público” en beneficio propio data de tiempo inmemorial. En Puerto Rico no hemos estado exentos de esos listos desde mediados de la última mitad del siglo pasado, como reflejan anécdotas de los primeros gobernadores electos.

Cuando don Luis Muñoz Marín era gobernador, se presentó una vez a La Fortaleza un alcalde del área de la montaña en un carro lujoso. Cuando el entonces gobernador lo vio, preguntó de quién era el vehículo y, al enterarse de quién se trataba, no quiso recibir al alcalde y le mandó a decir que se marchara, cambiara el carro de lujo por un “yip” propio para transportarse por la montaña y volviera a verlo. Tras el halón de orejas, el alcalde regresó ese mismo día a La Fortaleza con el vehículo adecuado.

La austeridad de don Roberto Sánchez Vilella, quien antes de ser gobernador ocupó simultáneamente varios cargos en el gobierno de Muñoz Marín, llegó al extremo de devolver un televisor que le regalaron cuando comenzaron a llegar esos aparatos al País. También, para firmar la ley de pensión para los exgobernadores, renunció al beneficio.

Su sucesor, don Luis A. Ferré, quien impulsó la recién trasteada ley del bono de Navidad para los empleados públicos, renunció a recibir el salario que le correspondía como gobernador y posteriormente como presidente del Senado.

El diferencial salarial de hasta una tercera parte del sueldo asignado al puesto -- que permite una ley de 1989-- deja a la discreción del gobernador de turno otorgarlo a ciertos funcionarios. Pero esta discreción debe ejercerse cuando las arcas públicas están boyantes y no cuando se ha tocado fondo y peligran hasta las pensiones de los retirados del gobierno.

La discreción ejercida por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en estos tiempos de crisis contrasta con la reforma laboral impulsada por su administración en perjuicio tanto de los trabajadores del sector público como del privado.

Reclamarle al País sacrificios económicos que no se está dispuesto a corresponder con el ejemplo, no habla bien del compromiso que se debe contraer cuando se acepta un cargo público.

Antes era un honor ser seleccionado para servir al País y ahora lo que muchos buscan es servirse a sí mismos en detrimento de los ciudadanos de a pie.

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