Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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“Vergüenza contra dinero”

Ese lema que por mucho tiempo usó el Partido Popular Democrático para distanciarse de la corrupción ya no parece tener sentido en el PPD de estos tiempos.

La polémica por los vínculos contractuales del presidente del PPD, Héctor Ferrer, y la empresa republicana de cabildeo DCI Group, a la que también asesoró el posible aspirante a la gobernación Roberto Prats, no se acalló el lunes como pretendió hacer la Junta de Gobierno de ese partido político, que le dio un toallazo a ambos en una reunión a puertas cerradas el lunes.

Además, la mordaza que impuso ese organismo a sus integrantes con el propósito de ponerle fin a la controversia lo que hizo fue extender la sombra de la duda a toda la cúpula del PPD, que ha querido ocultar con una conspiración de silencio las actuaciones de Ferrer y Prats en este drama.

Los ciudadanos de a pié, particularmente los populares, tienen derecho a conocer toda la verdad. Prohibir a los dirigentes que sigan hablando del tema no solo no ayuda a Ferrer y a Prats, sino que extiende las dudas a todos los niveles del PPD, que tendrán que responderle eventualmente al País aunque no hayan sido actores directos en la trama.

Este diario ha publicado una serie de historias que, cuando menos, ameritan mejores explicaciones que las dadas hasta ahora por el presidente del PPD y por Prats, quien hasta hace poco presidió la filial del Partido Demócrata en Puerto Rico y es, al igual que Ferrer, miembro de la Junta de Gobierno.

Independientemente de la asesoría legal pasajera que ambos reclaman fue lo único que los unió a DCI, empresa cabildera de bonistas y autora de una campaña de desprestigio contra los reclamos de Puerto Rico de que no puede pagar la deuda de sobre $70,000 millones de la manera en que está estructurada, hay un elemento oscuro del que poco se ha hablado en el caso de Ferrer.

Según los datos publicados, Ferrer proveyó asesoría legal a DCI en 2015, cuando su correligionario Alejandro García Padilla era gobernador y declaró impagable la deuda, postura sobre la que DCI desarrolló su campaña. Aunque él lo niega, debería investigarse si Ferrer jugó algún papel en esa polémica, inclusive indirectamente.

Para complicar el panorama, en 2016, fue compañero de papeleta de David Bernier, el candidato a la gobernación por el PPD, que cuestionó durante la campaña la teoría del entonces candidato del Partido Nuevo Progresista y actual gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, de que la deuda sí podía pagarse. Una vez en la gobernación, Rosselló Nevares cambió de parecer.

García Padilla, quien no asistió a la reunión del lunes aunque es miembro de la Junta de Gobierno, ha expresado públicamente su descontento y, sin mencionarlos por sus nombres, dijo que en el PPD hay “populares part-time que son populares nada más para ganar elecciones”.

Nadie debe dudar que el asunto seguirá dando de qué hablar y que continuarán saliendo a la luz detalles, como los relacionados a la hoja de propaganda anti estadidad y una cuestionada cena ofrecida en julio en Washington por Ferrer. En ambas instancias se dice que está la mano de DCI.

La clave para descubrir si ha sido así podría estar en el informe trimestral de donativos y gastos que el PPD tendrá que rendir en octubre ante el Contralor Electoral. Habría que exigir que el informe se hiciera público de inmediato.

Tanto Ferrer como Prats son mencionados como posibles aspirantes a la candidatura popular a la gobernación en 2020 y sus vínculos con DCI sin lugar a dudas serán tema de campaña de una posible tercera aspirante, Carmen Yulín Cruz, quien pidió sin éxito la renuncia del presidente en la reunión del lunes y terminó dimitiendo ella a la vicepresidencia de las mujeres.

Lo que deben tener claro los dirigentes populares es que el tema de DCI no se ha acabado y que, más allá del daño personal que pueda causarles a Ferrer y a Prats, podría ser la gota que colme la copa de cientos de miles de electores que, sean o no populares, tienen presente aquel lejano lema de repudio a todo vestigio de corrupción.

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