El debilitamiento del sistema electoral de Puerto Rico, derivado de serias deficiencias administrativas de la Comisión Estatal de Elecciones, requiere freno con urgencia. El ente responsable de garantizar el ejercicio del derecho fundamental al voto está obligado a abstenerse de poner en jaque las elecciones del próximo 3 de noviembre, como lo hizo con las recientes primarias.