La decisión de la Legislatura de postergar hasta la sesión ordinaria del próximo año la aprobación del borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (P-MARCC), da la espalda a una necesidad apremiante de Puerto Rico, que requiere de una política pública coherente y moderna conectada con el clamor unánime de cuidar el planeta.

El P-MARCC será la herramienta de planificación del gobierno que señalará la dirección hacia la cual deben avanzar todos los sectores para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la exposición de la población a los impactos del cambio climático en nuestra isla.

El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), tras un exhaustivo trabajo que concitó una amplia participación, elaboró un valioso documento que promueve la protección de vidas, infraestructuras, propiedades y servicios.

A pesar de que el 80 por ciento de los ciudadanos de Puerto Rico coincide en la importancia de abordar el desafío ambiental, los líderes políticos de los poderes legislativo y ejecutivo muestran una falta de comprensión con esa mayoría preocupada por la erosión costera, el aumento del nivel del mar, las olas de calor, la escasez de agua y la acidificación de los océanos.

Es necesario reconocer que el texto sufrió un retraso para incorporar áreas de interés, como la pesca comercial y la justicia climática, que surgieron en las audiencias públicas realizadas al amparo de la propia Legislatura. Entre las áreas emergentes de atención, clasificadas en impactos y tensiones, figuran los brotes de enfermedades, sequías y lluvias extremas, sistemas ciclónicos de categoría mayor, inundaciones por crecidas de ríos y quebradas, el polvo del Sahara, el sargazo en las playas y la erosión costera.

Se proponen también remedios para abordar la crisis climática, incluyendo la promoción de la importantísima educación ambiental, planes para manejar la vulnerabilidad comunitaria y riesgos, la gestión sostenible de residuos, la protección de infraestructuras vulnerables, la identificación de peligros en carreteras y puentes, así como la ubicación de familias en zonas expuestas al aumento del nivel del mar.

Puerto Rico tiene una excelente oportunidad de ubicarse a la altura de los países que han elaborado legislaciones ejemplares para proteger el medio ambiente y dar cumplimiento a las metas de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un reglamento eficaz servirá también para fortalecer los argumentos locales para allegar recursos federales mucho mejor fundamentados.

El postergado plan tiene en su denominación una palabra que los puertorriqueños llevamos inscrita en la piel: resiliencia. Hemos aprendido a sobreponernos y a desarrollar una habilidad tan propia y generosa de apoyo mutuo para salir fortalecidos de las tragedias provocadas por la naturaleza.

Una forma positiva de abordar esta desafortunada decisión recién comunicada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, es que el electorado, que acude a las urnas en noviembre próximo, tiene ante sí otra razón de peso para demandar responsabilidad a la clase política. El voto debería premiar a quienes han promovido estos cambios y sancionar a aquellos que, en ciertos casos, aprovechan la obsolescencia de regulaciones ineficaces para dar paso a proyectos oportunistas.

La ubicación de la sede del Capitolio en Puerta de Tierra, que fue objeto de un ardiente debate en los inicios del siglo XX, que incluyó los riesgos por su cercanía a la costa, dejó sentados frente al mar a los legisladores. Sin embargo, el ruido de esas olas que arañan la orilla rebota en el mármol de la fachada y no se oye en el hemiciclo donde se debieran privilegiar los temas que realmente importan a los puertorriqueños.