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Paulson Puerto Rico
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Al destacar la urgencia de que se extiendan los beneficios contributivos aplicados a inversionistas extranjeros bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60) a todos los residentes de la isla, la empresa Paulson Puerto Rico se une a la discusión pública sobre este tema, apoyando dos proyectos legislativos que, de ser firmados en ley, representarían una reforma estratégica y fundamental que atendería varios de los desafíos contributivos más apremiantes de la isla.
Las medidas en cuestión, el Proyecto de la Cámara 501 (PC 501) y su contraparte, el Proyecto del Senado 488 (PS 488), se conocen colectivamente como Proyecto de Igualdad Contributiva y, a grandes rasgos, se basan en cuatro pilares fundamentales interconectados entre sí. Estos son la equidad contributiva para todos los residentes de Puerto Rico, el crecimiento económico sostenible y diversificado, el fortalecimiento de la política pública para atajar el decrecimiento poblacional y la estimulación de la estabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico a largo plazo.
“Bajo el sistema de incentivos contributivos existente, se penaliza al puertorriqueño por invertir”, expresó Rolando Padua, quien, junto a Rafael Cedeño Paulson, lidera Paulson Puerto Rico, ambos como principales oficiales ejecutivos.
“El Proyecto de Igualdad Contributiva, o PC 501, crearía un ambiente más equitativo y justo para la inversión en la isla, lo que ayudaría a fomentar el regreso de puertorriqueños en la diáspora”, agregó Padua.
Una de las enmiendas propuestas al Código de Rentas Internas establecería una contribución especial del 4% sobre los ingresos de intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo, aplicable a todos los residentes de Puerto Rico.
“Este es el cambio más importante para impulsar el crecimiento económico, aumentar la población y, al mismo tiempo, generar ingresos para el Gobierno de Puerto Rico”. En esa misma línea, Cedeño Paulson destacó que se trata de una enmienda relativamente sencilla a la legislación vigente que permitiría maximizar el alcance del Código de Incentivos y acelerar su impacto positivo en la isla.
“Actualmente, existen menos de 3,000 decretos activos bajo la Ley 60, lo que representa una base sobre la cual expandir el programa y multiplicar sus beneficios económicos y sociales. Con esto, Puerto Rico tendría la oportunidad de fortalecer la inversión y generar un efecto multiplicador en la economía”, añadió Cedeño Paulson.
Ante la preocupación de que residentes inversionistas no apliquen para un decreto bajo la Ley 60, los ejecutivos vieron una oportunidad para que, en cambio, llegue una mayor cantidad de residentes inversionistas que quieran un decreto formalizado con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC). De esta manera, se aseguraría el período de años que otorga un decreto contributivo.
De igual forma, las organizaciones sin fines de lucro que reciben donativos de los residentes inversionistas no solo asegurarían su base de contribuyentes actual. También estarían observando un potencial incremento en individuos beneficiarios de los decretos de la Ley 60 como parte de su base de donantes en los años subsiguientes.
Comisionan estudios
Con el objetivo de constatar los beneficios estimados de la ley propuesta, la empresa realizó estudios comisionados, que incluyeron firmas como Estudios Técnicos, para preparar un informe analítico sobre los ingresos contributivos bajo tres escenarios hipotéticos. Estos estiman que, con solo la llegada de entre 1,000 y 2,000 nuevos inversionistas a Puerto Rico al año, se produciría un aumento en los ingresos contributivos de entre $1,400 y $5,200 millones durante los próximos cinco años.
Cedeño Paulson explicó que estos estimados son extremadamente conservadores cuando se comparan con jurisdicciones como el estado de Florida, que recibe alrededor de 350,000 nuevos residentes al año atraídos por su entorno fiscal favorable y bajos impuestos. El objetivo, indicó, es que Puerto Rico pueda captar parte de ese movimiento migratorio y convertirlo en crecimiento económico local. En ese contexto, sostuvo que el impacto de las medidas propuestas por el Gobierno de Puerto Rico sería acumulativo y exponencial. “Además, aunque la tasa en Florida sobre las ganancias de capital es del 0%, allá tienen que pagar impuestos federales de hasta un 37%, a diferencia de Puerto Rico”, aclaró Padua.
Ambos ejecutivos resaltaron, también, que la aprobación de las medidas contenidas en el PC 501 tendría un innegable elemento de equidad y recordaron que tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático contemplaban en sus respectivas plataformas de gobierno reducir la tasa sobre las ganancias de capital para los residentes y equipararla a lo que pagan los inversionistas extranjeros bajo la Ley 60.
Se anticipa un incremento en los ingresos
El PC 501 se inscribe en el marco de la discusión general sobre la reforma contributiva. Incluye la legislación propuesta para reducir las contribuciones a la clase asalariada. Además, hay discusiones para extender la Ley 60 con ciertos cambios, entre ellos, un aumento de la tasa de ganancias de capital del 0% que actualmente tiene al 4%. Actualmente, la tasa de ganancias de capital aplicable a los residentes de Puerto Rico es de entre el 15 y el 24%.
A esos efectos, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) publicó recientemente un informe fiscal en el que se indica que estas medidas podrían representar una reducción estimada de $132 millones en ingresos al Fondo General. No obstante, el análisis apunta a que, aun bajo un escenario conservador, el impacto económico positivo de esta iniciativa podría generar más de $1,000 millones en ingresos para el Gobierno de Puerto Rico, superando ampliamente dicho costo fiscal. Sobre este particular, Padua enfatizó que las contribuciones por concepto de ganancias de capital representan apenas el 1% de los ingresos contributivos del Gobierno de Puerto Rico.
“Al reducir esta contribución, se crearía un incentivo enorme para que la gente, entre ellos muchos puertorriqueños de la diáspora, regrese y se quede en Puerto Rico, aumentando la base contributiva y, a la vez, generando empleos y actividad económica”, concluyó.
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