El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hizo un llamado a la ciudadanía a completar los debidos procesos de permisos relacionados con remoción de terreno e impacto a árboles, particularmente nativos, incluso cuando se trate de áreas o fincas pequeñas privadas.

“No importa que sea tu finca, que sea un pedacito de terreno tuyo en un monte, toda remoción de terrenos necesita un permiso”, anotó el subsecretario Nelson Cruz, en entrevista con El Nuevo Día.

Las expresiones de Cruz –también comisionado del Cuerpo de Vigilantes del DRNA– surgen luego que este medio publicara, a principios de abril, que autoridades estatales y federales investigaban la remoción de terreno en un predio aledaño al Bosque Nacional El Yunque, en jurisdicción de Canóvanas, una situación que ha generado preocupación entre vecinos, y el propio ayuntamiento, ante la posibilidad de impacto ambiental adverso en una zona ecológicamente sensible.

El asunto, indicó el subsecretario, continúa bajo investigación.

Cruz relató que cuando los vigilantes del DRNA acudieron a la zona para investigar la denuncia, encontraron que, en una casa cercana, otro individuo llevaba a cabo un proyecto que implicaba la remoción de terreno y que, además, se habían removido árboles.

La indagación de los vigilantes encontró que la persona dueña de este segundo predio no cumplía con los permisos correspondientes para dichas acciones, por lo que hizo hicieron una querella ante la Junta de Planificación, cuyos técnicos ahora deben evaluar el asunto junto a los hallazgos de los vigilantes.

“Los vigilantes que fueron son una unidad especial que creamos para atender asuntos donde hay permisos involucrados; queremos tener patrullaje preventivo”, dijo Cruz.

En el segundo caso, indicó el subsecretario, los vigilantes encontraron posibles violaciones a la Ley de Bosques (Ley 133 de 1975), ya que hubo remoción de árboles. Un biólogo forestal del DRNA evaluó el impacto como parte de la pesquisa.

Como parte de la indagación, Cruz dijo que, en todos los casos, se evalúa si los árboles que se remueven sirven de hábitat para especies en peligro de extinción, lo que supondría violaciones a la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico (Ley 241 de 1999).

Recordó que, por virtud de la Ley 110 de 2020 (Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales), los vigilantes del DRNA están facultados para intervenir y realizar inspecciones relacionadas con permisos de la propia agencia, pero también de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud y cualquier otra entidad que administre leyes ambientales.

“Por ejemplo, uno de los requisitos sencillos es que, en la parte de afuera del proyecto, tienen que tener un rótulo con el número de permiso o solicitud, si están en proceso de solicitud. Si ese permiso es violentado, eso es una causa suficiente para que el vigilante pueda paralizar el proyecto”, indicó Cruz.

En cuanto al caso que llevó al DRNA hasta Canóvanas, añadió que, en varias visitas, los vigilantes no habían podido dar con la persona dueña del terreno, por lo que harían nuevos intentos visitando el lugar. Preliminarmente, la OGPe solo encontró remoción de capa vegetal, un asunto sobre el cual solo el DRNA tiene jurisdicción.

Luego de que El Nuevo Día visitara el predio –en el barrio Cubuy– para la historia de abril, uno de los dueños del proyecto, que prefirió no ser identificado, negó cualquier imputación, y mencionó que los trabajos están relacionados con una obra agrícola, de la que no dio detalles. En esta ocasión, la persona no estuvo disponible para comentarios adicionales.

“Las cosas hay que hacerlas en ley, solicitar los permisos, tener la consultoría y el apoyo de profesionales que estén certificados para ese tipo de trabajo. Aquí estuvo lloviendo tres semanas corridas; el miedo de nosotros es que ese terreno pueda ceder, aparte de la deforestación y la contaminación de los cuerpos de agua”, dijo, por su parte, Ana Delia Velázquez, cuya casa colinda con el terreno donde se realizaron los movimientos de tierra reseñados.

“Lo principal en esto es la comunicación. Uno, como buen vecino y para procurar un ambiente de sana convivencia, por lo menos, le hace el acercamiento a tu vecino”, agregó Velázquez, quien aún espera ese tipo de notificación de parte del dueño del predio en la mira de las autoridades.

El DRNA también indaga sobre el impacto al segundo terreno, cuyos dueños plantearon preocupación debido a que la tierra sobrepasa los niveles de su verja y temen que les afecten las escorrentías, sobre todo durante períodos de lluvia. En este otro caso, la agencia no ha certificado si hubo o no impacto sobre recursos naturales. La querella que el DRNA recibió recoge, entre otras cosas, que hubo tala de árboles.

La clase de permiso que una persona deberá gestionar estará directamente relacionada con la naturaleza y la magnitud de la intervención que planifica llevar a cabo, así como con las características ecológicas particulares de su finca.

En términos generales, cualquier acción que implique la modificación del terreno o que pueda tener un impacto sobre la vida silvestre requerirá la evaluación y aprobación del DRNA o de diversas dependencias gubernamentales, explicó Cruz.

Para obtener el permiso correspondiente, la persona debe visitar la Oficina de Secretaría, en el primer piso de la sede del DRNA, en San Juan, o acudir a las oficinas regionales. Al acudir a la oficina, debe tener en mano las escrituras de la propiedad, así como imágenes del terreno, árbol o árboles que serían impactados. Esto incluye poda de árboles, cuando el impacto será mayor al 25% del árbol, abundó.

Para proyectos que involucren excavaciones, rellenos, nivelación o cualquier movimiento considerable de tierra, es probable que necesite un Permiso de Construcción o un Permiso de Movimiento de Tierras.

Por otro lado, si su proyecto pudiera afectar a especies de fauna protegidas, en peligro de extinción o incluso a especies comunes que habitan en la zona, es posible que necesite permisos específicos emitidos por el DRNA. Esto podría incluir la realización de estudios de impacto ambiental o, incluso, la prohibición de ciertas actividades en áreas consideradas sensibles desde el punto de vista ecológico.

El procedimiento para conseguir los permisos requeridos puede variar dependiendo de la naturaleza del proyecto y las agencias involucradas, por lo que Cruz recomendó realizar una consulta temprana con el DRNA para conocer los requisitos antes de completar las solicitudes formales, que usualmente requieren información detallada sobre su proyecto, planos y estudios técnicos relevantes, dependiendo de la magnitud de la obra.