En las últimas semanas, el mundo se enfocó en combatir con urgencia la veloz pandemia de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, los gobiernos y bancos centrales actuaron rápidamente para mitigar el impacto del virus, mientras los científicos, los responsables de las políticas y los expertos en salud pública comparten datos cruciales con sofisticadas herramientas de rastreo. La gran cantidad de personas que se recuperaron del virus demuestra la eficacia de la respuesta a la fecha.
Pero, además de la novedosa e inmediata amenaza de la COVID-19, el mundo también enfrenta una emergencia climática y ambiental sin precedentes. Los gobiernos y las empresas deben comenzar a ocuparse del cambio climático con la misma decisión y urgencia que muestran en la lucha contra la pandemia.
Consideremos la contaminación del aire, que, según las estimaciones, mata a 7 millones de personas al año en el mundo. A diferencia de la COVID-19, esta amenaza no es nueva, proviene de múltiples fuentes y está estrechamente vinculada con la forma en que calentamos e iluminamos nuestros hogares, nos desplazamos y gestionamos los desechos: hábitos diarios profundamente incorporados en nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos. Enfrentar un desafío tan complejo exige, entonces, acciones en muchos frentes para reducir el riesgo de, incluso, más muertes prematuras.
Ciertamente, al tiempo que la respuesta contra la COVID-19 ha demostrado el poder de la ciencia abierta y colaborativa, y de la acción rápida para lidiar con nuevas amenazas, también resaltó cuestiones muy enraizadas que limitan nuestra capacidad para responder a desafíos como el cambio climático mundial. En especial, el mundo se está dando cuenta de que es posible que la pandemia —y las estrictas medidas para contenerla— puedan tener como consecuencia una caída económica aún mayor que la desatada por la crisis financiera mundial de 2008.
La naturaleza sistémica de esos riesgos también puede explicar por qué la acción climática ha sido insuficiente hasta la fecha. La ciencia es clara: debemos reducir los niveles de emisiones mundiales de dióxido de carbono de 2010 cerca del 45% para 2030, y lograr cero emisiones netas para mediados de siglo si queremos tener chances de evitar un calentamiento global catastrófico. Pero aunque la necesidad de acciones gubernamentales urgentes y decisivas en esta área nunca fue mayor, los políticos no se han puesto hasta ahora a la altura del desafío.
De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, alertó en la conferencia climática COP25 del pasado diciembre que “estamos destruyendo a sabiendas los propios sistemas de soporte que nos mantienen vivos”. Tal vez las palabras más alarmantes que haya pronunciado un líder de la ONU. Como están las cosas, las contribuciones determinadas por los países según el acuerdo de París de 2015 deben ser cinco veces más ambiciosas para limitar el calentamiento global a 1,5 °C para 2050.
De igual modo, aunque un creciente número de empresas se están comprometiendo a ser neutrales en sus emisiones de carbono, esta participación debe aumentar significativamente. Son demasiadas las corporaciones multinacionales y los inversores que se resisten a adoptar políticas que beneficien al clima y ejercen fuertes presiones sobre los gobiernos que, a su vez, no están dispuestos a tomar las audaces y posiblemente impopulares medidas necesarias. Sin embargo, un número relativamente pequeño de empresas de combustibles fósiles son responsables de una proporción significativa de las emisiones mundiales de CO2. Si fijan un precio real del carbono, los gobiernos pueden poner en movimiento un cambio controlado para alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles.
Las plataformas digitales también pueden colaborar. Después de todo, Google y Facebook han eliminado la información falsa sobre la covid-19, junto con ofertas que tratan de sacar provecho de ella. También deben considerar limitar la visibilidad de quienes difunden información falsa sobre el cambio climático, o de las empresas que dependen de actividades que ponen al clima en peligro.
Este año marca una coyuntura crítica para la acción climática mundial, no solo porque está a mitad de camino entre la línea de base de 2010 de emisiones de CO2 y la fecha límite de 2030 para las reducciones significativas. También es un período extraordinario para las negociaciones ambientales. Hacia fines de este año se esperan nuevas metas para la biodiversidad mundial (la reunión de octubre fue pospuesta por la covid-19) y la COP26 está programada para noviembre en Glasgow. Los compromisos climáticos de los países deben ser revisados y la COP26 será un momento determinante para saber si podemos evitar un desastre climático mundial.
La acción climática mundial debe empezar considerando nuestra humanidad común y la necesidad de soluciones equitativas para todos. Debido a que las consecuencias del cambio climático afectan más a los países menos responsables de sus causas, aquellos con mayor responsabilidad —los países ricos y desarrollados— deben liderar las reducciones de las emisiones.
En muchos aspectos, los últimos 12 meses han sido alentadores, con respuestas creativas al cambio climático y señales de cambios en el comportamiento, como la nueva tendencia de evitar los viajes aéreos. Cientos de miles de alumnos escolares en el mundo han protestado contra la falta de acción climática, alentados por la indomable Greta Thunberg, mientras la movilización climática popular ha llegado a niveles sin precedentes.
Pero las políticas climáticas que ponen en desventaja a ciertos grupos pueden producir una reacción violenta, como las protestas de los ‘chalecos amarillos’ que estallaron en Francia ante un aumento planificado del impuesto a los combustibles. Ese descontento destaca la necesidad de poner a la justicia social en el centro de nuestra respuesta climática.
En 2020, el mundo está en un punto de inflexión social, los científicos y la sociedad civil deben alzar conjuntamente sus voces y hacer todos los esfuerzos para garantizar que sigamos la dirección correcta. Los jóvenes han insistido ante los líderes políticos para que escuchen a los científicos. Y, como en su respuesta a la pandemia de la COVID-19, la sociedad científica está lista para trabajar codo a codo con los gobiernos y empresas para llevar a la humanidad hasta la senda del clima sostenible, gestionando responsablemente los sacrificios necesarios en términos de desarrollo.
La amenaza de la COVID-19 ha demostrado que los gobiernos pueden actuar rápidamente y con decisión frente a una crisis, y que la gente está lista para cambiar su comportamiento por el bien de la humanidad. El mundo debe adoptar con urgencia el mismo enfoque frente al desafío existencial del cambio climático.(*) Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; es presidenta de The Elders y mecenas del Consejo Científico Internacional.
