Las siete enfermeras de Haines City, Florida, a las que se les prohibió hablar español en el trabajo piden que se detenga la marginación en el ambiente laboral.

Davenport – Organizaciones de base comunitaria especializadas en asuntos legales se encuentran analizando las denuncias de siete empleadas puertorriqueñas de la clínica que el Departamento de Salud tiene en la ciudad de Haines City por prohibirles hablar español para considerar radicar un pleito por discrimen.

Aún se está evaluando el caso.  Estaremos reuniéndonos con ella como parte del proceso”, dijo Marcos Vilar, director de la organización Alianza for Progress y que integra la coalición de organizaciones no gubernamentales que hoy expresaron su apoyo a las empleadas de la mencionada clínica.

Según dijo, una de las organizaciones especializadas en asuntos legales es Latino Justice, a quien se le reconoce el haber ganado en los tribunales un reclamo para que se tradujeran al español papeletas electorales dada la concentración de hispanos en Florida.

Estados Unidos no tiene un idioma oficial y está expresamente prohibido impedir que alguien se exprese en su idioma nativo salvo en las ocasiones en que hablar inglés se requiera como parte de una función de la empresa, según indica la Comisión para la Igualdad en el Empleo.

Hoy, en el mismo parque masivo de Davenport donde las siete empleadas revelaron a El Nuevo Día la semana pasada que esa instalación salubrista se les prohibió hablar español a pesar de que fueron contratadas como empleadas bilingües, media decena de entidades exigieron un alto a tal práctica que catalogaron de discriminatoria. 

Las organizaciones que apoyaron a las empleadas son Boricua Vota, Boricuas de Corazón, Bring it Home, FLIC, Faith in Florida, For Our Future, Hispanic Federation, Misión Boricua, Organize Florida, Puerto Rico Connect y Vote Riders. 

Allí estaban las empleadas puertorriqueñas. “Desde que hablamos con la prensa, la situación se ha vuelto más tensa pues ahora nadie nos habla”, dijo Mairylí Miranda, una de las enfermeras que hizo la denuncia. “Siempre nos han discriminado por nuestro idioma, por ser puertorriqueñas, y se pasaban haciendo comentarios hasta que de repente se nos prohibió directamente que nos expresáramos en español”, agregó.

“Temo que nuestros jefes quieran quitarnos nuestra voz”, dijo María Rivera, empleada administrativa de esa clínica”. “Cuando nos entrevistaron, nos contrataron porque hablaba mi idioma”, dijo la enfermera Nilian Quiñones.

Una reportera de un medio anglosajón le preguntó como se sentía y Miranda respondió en perfecto inglés: “They make you feel like a criminal (Te hacen sentir como si fueras un crimina)”, declaró.

Para Zulma Vélez-Estrada, también portavoz de Alianza for Progress, lo anterior es un claro discrimen contra los puertorriqueños.

“Hace 102 años que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Somos bilingües. En ninguna ley se prohíbe a alguien hablar su idioma. se hora de que esto pare. Son 102 años de historia con Estados Unidos y eso hay que respetarlo”, dijo.

A la rueda de prensa llegó el alcalde de la Haines City, Morris West.

“Aclaro que esa clínica está en nuestra jurisdicción, pero no es de nuestra ciudad. Estoy aquí para apoyar a estas empleadas. Somos una ciudad diversa. Creemos en la diversidad y estamos apoyando a estas empleadas”, dijo el funcionario.

Peter Cora Santiago, portavoz de la organización Misión Boricua dijo que las denuncias de estas enfermeras retratan instancias discriminatorias que están ocurriendo en todo el estado.

“Mi mamá trabaja en un hospital de Orlando y me dijo que allí pasa lo mismo. Queremos decirle a las personas que piensan de esta forma que esto tiene que parar”, afirmo el profesor.

Por su parte, Linda Pérez, de la organización Boricuas de Corazón de Tampa, destacó que estas prácticas están ocurriendo en una ciudad con una alta población hispana. “En todo Estados Unidos se estima que el 38% de la población habla español. Esto implica que para todo habrá que tener personas bilingües”, dijo la líder comunitaria.

“No más atropello contra nuestros trabajadores. Las empresas están teniendo ganancias de nuestros empleados hispanos, pero los atropella prohibiendo cosas como estas”, agregó.


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