Washington D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado este lunes a las agencias del gobierno federal comenzar a determinar qué programas pueden funcionar solamente en inglés y cómo limitar el uso de otros idiomas.

En un memorando a las agencias, el Departamento de Justicia busca implementar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que reconoce el inglés como el único idioma oficial del gobierno de Estados Unidos.

“Como ha dejado claro el presidente Trump, el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos”, indicó la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, al emitir un memorando y afirmar que la intención es promover “la asimilación en lugar de la división”.

Aunque dejan “espacio para la diversidad lingüística en los ámbitos privado y comunitario”, la secretaria Bondi indicó que la implantación de normas sobre la orden ejecutiva de Trump ayudará a agilizar los procesos del gobierno federal, reducir las cargas administrativas y aumentar la eficiencia gubernamental, eliminando servicios de traducción “extensivos”.

“La orden ejecutiva del presidente Trump marca un paso crucial hacia la unificación de nuestra nación a través de un idioma común y la mejora de la eficiencia de las operaciones federales. El Departamento de Justicia garantiza que, si bien respetamos la diversidad lingüística, nuestros recursos federales priorizarán el dominio del inglés para empoderar a los nuevos estadounidenses y fortalecer la unidad cívica”, indicó la secretaria adjunta de Justicia, Harmeet Dhillon.

De acuerdo a Justicia federal, implementar el decreto de Trump “mejorará la integración social y económica, ofrecerá a los nuevos estadounidenses una vía vital para la participación cívica y fortalecerá la unión entre los estadounidenses a través de un idioma compartido”.

En cumplimiento con la orden ejecutiva, el Departamento de Justicia indicó que rescindirá “toda la guía previa para los beneficiarios de fondos” de programas e iniciativas en favor de las personas con limitado dominio del inglés (LEP, por sus siglas en inglés).

“El Departamento completará un inventario interno completo de todos los servicios existentes en otros idiomas y publicará planes a nivel departamental para eliminar gradualmente las ofertas multilingües innecesarias. El Departamento considerará redirigir estos fondos a investigación y programas que aceleren la adquisición del inglés y aumenten el dominio y la asimilación del idioma”, indicó Bondi, en su memorando.

La secretaria de Justicia, a su vez, dijo que, en los próximos 60 días, reunirá las recomendaciones de las agencias del Ejecutivo sobre los programas que pueden implementarse exclusivamente en inglés.

En 120 días, la secretaria Bondi se propone difundir y solicitar “los comentarios de las agencias que han elaborado y publicado planes internos de acceso lingüístico para recopilar preguntas, desafíos y aportaciones prácticas, a fin de garantizar que nuestra guía actualizada sea realista, receptiva y refleje las necesidades operativas reales”.

Mientras, en un plazo de seis meses, el Departamento de Justicia “emitirá una nueva guía, para consulta pública, que presente directrices claras y prácticas que ayudan a las agencias a priorizar el inglés, a la vez que explica con precisión cuándo y cómo la asistencia multilingüe sigue siendo necesaria para cumplir la misión de sus respectivas agencias y prestar servicios gubernamentales de manera eficiente”.

Una vez se elabore internamente la guía, el Departamento de Justicia dedicará 30 días a recibir comentarios públicos para decidir si son necesarios cambios a las normas que haya recomendado.

“Un idioma designado a nivel nacional es el núcleo de una sociedad unificada y cohesionada, y Estados Unidos se fortalece con una ciudadanía que puede intercambiar ideas libremente en un idioma compartido”, mantuvo, en su decreto, Trump, quien mantiene una política nacionalista de “Estados Unidos primero”.

El decreto del presidente Trump anuló una orden del presidente Bill Clinton, suscrita en 2000, que tuvo el propósito de establecer que los funcionarios federales deberían buscar la manera de asistir a los que no son angloparlantes.

La orden ejecutiva de Trump ha puesto en entredicho los servicios de oficinas federales –como el Seguro Social– a personas que no hablan inglés, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, donde el español es el idioma vernáculo y común, según la organización LatinoJustice.

Cinco días después de Trump firmar el decreto, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia), una de las más conservadoras y fiel seguidora del presidente, presentó legislación para codificar la orden ejecutiva.