Washington D.C. - Una vez terminen con el maratón de consideración de potenciales enmiendas, la mayoría republicana del Senado estadounidense intentará aprobar, tan pronto como este lunes, el proyecto de reconciliación fiscal con la agenda del presidente Donald Trump, que ahora elevaría la deuda pública federal en $3.25 billones (trillions, en inglés).

Pese a algunas tensiones y dudas sobre si tendría los votos, el liderato republicano del Senado logró abrir el sábado en la noche el debate, en votación de 51 a 49, con dos republicanos en contra.

Para poder llevar a votación la medida eludiendo las reglas del filibusterismo, el liderato republicano informó que se propone obviar determinaciones de la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, en torno a la forma de calcular el costo de la legislación y el cumplimiento con la resolución de presupuesto que reglamenta el proyecto de ley.

El presidente del Comité de Presupuesto, el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), sostuvo que tiene el poder para utilizar como referencia el costo vigente de los alivios tributarios de 2017, al calcular las consecuencias fiscales futuras de la legislación.

“No estamos haciendo nada a escondidas”, dijo Graham, al comenzar el debate formal a media tarde del domingo, que puede durar hasta 20 horas.

La líder de la minoría demócrata en el Comité de Asignaciones, Patty Murray (Washington), sostuvo que no cesará de advertir “que están destruyendo las reglas para aprobar este atroz proyecto de ley”, al utilizar el costo de los alivios tributarios vigentes, que expiran en enero, para una medida que persigue regular asuntos fiscales durante la próxima década.

Tras la votación procesal del sábado, el líder de la minoría, Charles Schumer, requirió que la secretaría del Senado leyera las 940 páginas del proyecto de ley –lo que está en las reglas del Senado, pero suele obviarse–, como parte de la protesta demócrata en contra de una legislación que consideran le quitará el acceso a Medicaid a millones de personas, mantiene privilegios tributarios para los más ricos y cancela importantes asignaciones para combatir el cambio climático.

Leer las 940 páginas tomó casi 16 horas, desde las 11:08 p.m. del sábado hasta las 3:03 p.m. del domingo.

Si el Senado aprueba la medida el lunes, todavía tiene que regresar a la Cámara de Representantes. Los republicanos buscan cumplir con el pedido de Trump de poder firmar la medida el viernes, cuando se conmemora el 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

De acuerdo a la nueva evaluación preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el proyecto de ley incluye $1.21 billones en recortes presupuestarios y $4.47 billones en alivios contributivos durante la próxima década.

La medida incluye cerca de $160,000 millones para fortalecer la seguridad en la frontera y financiar las masivas redadas del gobierno de Trump en contra de personas con estatus migratorio indefinido.

El análisis de CBO sostiene que el proyecto del Senado causará que 12 millones de personas queden sin acceso a Medicaid y unos 2 millones fuera del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Las encuestas demuestran que el proyecto es suicidio político para el Partido Republicano”, indicó, en su red social X, el multimillonario Elon Musk, quien fue el responsable de la comisión de Trump denominada como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y ha criticado específicamente la eliminación de créditos fiscales para energía limpia, como para los vehículos eléctricos que su empresa Tesla fabrica.

Dos senadores republicanos –Tom Tillis (Carolina del Norte) y Rand Paul (Kentucky)– votaron en contra de abrir el debate debido a su oposición a diferentes apartados de la legislación.

Tillis se ha opuesto al plan de su partido para recortar Medicaid por medio de requisitos de trabajo mientras, al mismo tiempo, se impone una limitación en el uso estatal de impuestos a los proveedores para financiar el programa, entre otras medidas de ahorro.

Después de la votación del sábado, el presidente Trump dijo que buscaría un candidato para retar a Tillis en primarias. El senador respondió el domingo con una declaración en la que anunció que no interesa ir a la reelección en noviembre de 2026, lo que abre una oportunidad para los demócratas.

El senador Paul, por su parte, se opone a que la legislación eleve el techo de la deuda pública y considera que no ordena suficientes recortes presupuestarios.

En un Senado dividido 53 a 47, el líder de la mayoría republicana, John Thune (Dakota del Sur), estuvo a punto de necesitar el sábado que el vicepresidente JD Vance –quien estuvo esa noche en el Capitolio– rompiera un potencial empate para la apertura oficial del debate.

Por ser un proyecto de reconciliación fiscal, la mayoría republicana puede eludir la regla de filibusterismo que suele exigir 60 votos para llevar una medida a votación final. Pero la determinación de la parlamentaria y la decisión de los republicanos de ignorarla supone, indicaron los demócratas, que la mayoría ha decidido incumplir con la regla.

“No hay filibusterismo si los republicanos del Senado hacen esto, y cuando los demócratas tomen el poder, no habrá razón para no utilizar la reconciliación (fiscal) para aprobar la reforma de inmigración”, dijo, en la red social X, el senador demócrata Rubén Gallego (Arizona).

Después de hacer cambios significativos a la medida, respecto a los recortes de Medicaid y el cese de asignaciones para combatir el cambio climático, los republicanos divulgaron el viernes en la noche una nueva versión de la legislación.

Para mitigar la decisión de reducir el impuesto autorizado en los estados para financiar Medicaid, los republicanos han propuesto un fondo de estabilización de $25,000 millones para hospitales, principalmente los rurales.

La mayor parte de los recortes en los gastos de Medicaid –que no aplican a Puerto Rico– se basan, sin embargo, en la propuesta que implantaría requisitos de trabajo a los beneficiarios del programa que tienen entre 19 años y 64 años, y pueden trabajar o llevar a cabo servicios voluntarios.

Al explicar su voto a favor de abrir el debate, el senador Ron Johnson (Michigan), quien estaba en contra de la medida, sostuvo que el liderato republicano se comprometió a apoyar una enmienda del senador Rick Scott (Florida) para endurecer el lenguaje que busca imponer el requisito de que beneficiarios de Medicaid sin hijos tengan que trabajar o rendir servicios voluntarios.

La nueva versión del proyecto del Senado limitaría, a su vez, a cinco años el aumento a $40,000 de la deducción contributiva estatal que pueden hacer, en la planilla federal, las personas que devengan menos de $500,000 anuales. Al cumplirse los cinco años, la deducción regresaría a $10,000.

Un grupo de republicanos moderados reclamó el aumento en la deducción de las contribuciones estatales, conocida como SALT en inglés.

El proyecto también haría más restrictivo el acceso a los créditos fiscales para la inversión en energía eléctrica limpia y persigue terminar, en septiembre, los créditos para la compra de vehículos eléctricos, como parte de las medidas republicanas para acabar con iniciativas contra el cambio climático incluidas en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).

Antes de terminar la votación del sábado, el senador republicano Mike Lee (Utah) retiró una propuesta suya que hubiese permitido la venta de tierras públicas federales.

El líder demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón), afirmó que la evaluación preliminar de CBO sobre el proyecto más reciente del Senado indica que los recortes en Medicaid alcanzarán los $930,000 millones en una década.

“Al igual que antes, estos crueles recortes a la atención médica estadounidense asestarán un golpe mortal a la atención médica rural y amenazarán la salud y la seguridad de niños, adultos mayores, estadounidenses con discapacidades y familias trabajadoras de todo el país”, señaló Wyden.

La versión más reciente del proyecto de reconciliación fiscal incluye hacer permanente, a partir de enero, el aumento en el reembolso por arbitrio federal al ron que se importa desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que podría representar cerca de $60 millones anuales adicionales para el gobierno boricua.

El senador republicano Bill Cassidy (Luisiana) –con el respaldo de sus colegas demócratas Kristen Gillibrand (Nueva York) y Ben Luján (Nuevo México), y el republicano Roger Wicker (Misisipi)– presentó legislación para hacer permanente el reembolso, pero retroactivo a enero de 2022.

La versión que iría a votación en el Senado sostiene que, a partir de enero de 2026, el reembolso por el arbitrio federal al ron importado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses aumentará permanentemente de $10.50 a $13.25 por galón.

Según el plan presupuestario de Trump, sin contar con el aumento que ahora se intenta legislar, Puerto Rico pudiera recibir un reembolso por el arbitrio al ron de cerca de $410 millones. Cerca de un 40% de esos fondos van a manos de las empresas productoras de ron.

El aumento en el reembolso por el arbitrio al ron no estuvo en la versión del proyecto de reconciliación fiscal aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de mayo.

El proyecto divulgado el viernes en la noche por Graham mantiene los cambios para Puerto Rico en el Programa de Zonas de Oportunidad.

El lenguaje obligaría al gobierno de Puerto Rico –que no ha objetado el cambio– a seguir, a partir de enero de 2027, el proceso regular de solicitud de zonas de oportunidad para nuevas inversiones.

La legislación del Senado también mantiene los cambios propuestos en lo que se ha conocido como el impuesto sobre la propiedad intelectual de las empresas foráneas (GILTI), que aumentaría permanentemente de 10.5% a alrededor de 14% el pago federal que hacen las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), claves en la industria manufacturera de Puerto Rico.

La versión de la Cámara baja dejaría, permanentemente, el GILTI en su porcentaje actual de 10.5%.

La legislación también propone elevar, por tres años, de $2,000 a $2,500, el crédito por niños dependientes, que aplica plenamente en Puerto Rico; reducir las opciones de repago de los préstamos estudiantiles financiados por el gobierno federal, y aumentar de 24 a 30 los créditos para los estudiantes poder tener acceso a las becas Pell.

La minoría demócrata también ha indicado que el lenguaje de la legislación impediría un crecimiento de alrededor de $1,000 millones en las asignaciones para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).