El representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez es uno de los demandantes. (teresa canino rivera)

Washington D.C.- El tribunal de bancarrota territorial reanudará la discusión sobre la demanda de más de 30 funcionarios electos del Partido Popular Democrático (PPD), quienes sostienen que las funciones que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico violan la cláusula constitucional de separación de poderes.

La magistrada Judith Gail Dein dio hasta el 25 de septiembre para el intercambio de mociones referentes al caso.

“Además de establecer que la Ley Promesa ha organizado los poderes del ejecutivo y el legislativo bajo una sola entidad (JSF) en total violación a la separación de poderes, en esta demanda también denunciamos que a causa de la Junta, las prerrogativas constitucionales para decidir e implantar política pública fiscal y económica en Puerto Rico se han perdido o sufrido un deterioro significativo”, indicó el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez, portavoz del PPD en la Cámara baja.

Hernández Montañez sostuvo que el poder de la JSF ha quedado claramente establecido con las acciones del ente fiscal decidiendo el presupuesto, por encima de La Fortaleza y los legisladores.

Originalmente, la demanda de los funcionarios electos del PPD – legisladores y alcaldes-, también impugnó la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta y su poder para quitar derechos laborales.

Pero, el Tribunal Supremo estadounidense validó la estructura por la cual son nombrados los miembros del ente fiscal, al considerarlos funcionarios territoriales.

“En esta demanda insistimos en defender que los ciudadanos americanos en la isla sigan disfrutando de los derechos que nos da la constitución de tener un sistema republicano de gobierno con separación de poderes y hoy nos sentimos esperanzados de que se haya reactivado este proceso judicial”, indicó Hernández Montañez.