El Nuevo Día

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El jurado que declaró culpable al productor Sixto Jorge “George” Díaz Colón envió un mensaje claro: el pueblo puertorriqueño no ha de tolerar ningún acto de corrupción, y repudia con fuerza a quienes se aprovechan de las crisis y emergencias para desangrar los recursos públicos.

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Los resultados de un reciente estudio sobre el origen genético del Alzheimer, y su componente hereditario entre la población puertorriqueña, constituyen otro avance en el desarrollo científico que no cesa en la tarea de hallar una cura para detener este mal que representa la cuarta causa de muerte en Puerto Rico.

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La iniciativa federal, estatal y municipal para escuchar los testimonios y las propuestas de familiares de víctimas del crimen, y a líderes comunitarios, amerita el respaldo pleno del gobierno y de la ciudadanía. El esfuerzo debe redundar en la integración de ambas partes en la adopción de propuestas y la puesta en marcha de proyectos recreativos, educativos y de justicia social.

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Las organizaciones sin fines de lucro son imprescindibles porque la institucionalidad pública no alcanza a satisfacer las múltiples necesidades socioeconómicas de las poblaciones en desventaja. En Puerto Rico, las entidades del Tercer Sector realizan una gran labor, no dan abasto. Requieren apoyo del sector privado y del resto de la población para continuar su misión.

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La actividad de reciclaje en Puerto Rico debe plantearse como una estrategia de protección ambiental y de estímulo económico que reduzca la dependencia de mercados externos para la exportación de materiales que ahora, en vez de reciclarse o reusarse, copan los reducidos vertederos útiles en la isla.

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El ejemplo de valentía, unidad y arraigo que han demostrado los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña se ve por fin recompensado con el inicio en firme de las labores de limpieza profunda, y el extenso proyecto de acondicionamiento que dará paso al tan ansiado dragado de ese cuerpo de agua.

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El anuncio del presidente Joe Biden, de que en mayo pondría fin al estado de emergencia declarado en 2020 por la pandemia de COVID-19, coloca sobre el liderato del gobierno local, tanto del ejecutivo como del legislativo, la responsabilidad de activar medidas de contingencia que eviten que una decisión previsible se convierta en otro dolor de cabeza presupuestario y salubrista para Puerto Rico.

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La subvención de $10.5 millones que el Departamento de Educación de Estados Unidos asignó a la escuela Vimenti, en San Juan, confirma la efectividad del modelo de servicios integrados, un ejemplo para los sistemas de educación, salubrista y de otros ofrecimientos esenciales para las familias en Puerto Rico.

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