Washington D.C. - La decisión del gobierno de Estados Unidos, de redirigir hacia mejoras generales a la red eléctrica una asignación de $365 millones que iba a destinarse a energía solar, “costará más vidas”, afirmó la Federación Hispana, que lideraba una de las iniciativas en favor de paneles solares y baterías de almacenamiento en centros de salud 330.

“Pretender que la reasignación de estos fondos a la red eléctrica tendrá un impacto inmediato en la estabilidad de la red, cuando esta ya cuenta con una asignación de $18,000 millones, es solo una forma de distraer la atención de las verdaderas consecuencias de esta decisión. Puerto Rico merece algo mejor”, indicó el presidente de la Federación Hispana, el puertorriqueño Frankie Miranda.

Con el respaldo de la gobernadora Jenniffer González, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, oficializó el miércoles que los $365 millones destinados originalmente a centros de salud, égidas y residenciales públicos van a asignarse ahora a mejoras en la red.

“Nunca olvidaremos las miles de vidas que se perdieron tras el huracán María (2017), muchas de las cuales podrían haberse salvado si las personas hubieran tenido acceso a energía para su tratamiento médico. Desafortunadamente, la decisión del Departamento de Energía (DOE, en inglés) de reasignar estos fondos demuestra que estamos condenados a repetir los errores del pasado y que, trágicamente, costará más vidas”, agregó Miranda.

El gobierno de Puerto Rico ha indicado que González busca cumplir con la política pública del presidente Donald Trump, a quien respalda y quien promueve la producción de energía por medio de combustibles fósiles.

Para el presidente de la Federación Hispana, “la administración de Trump está priorizando la política por encima de la gente, con el pleno apoyo de la gobernadora Jenniffer González, quien hizo una apuesta política arriesgando la vida de puertorriqueños”.

Como parte de la asignación de $365 millones –que era parte del Fondo de Resiliencia Energética para Puerto Rico (PR-ERF) de $1,000 millones–, la Federación Hispana fue seleccionada como enlace para la instalación de paneles solares en centros de salud 330, que reciben fondos federales con el propósito de elevar la atención médica de comunidades desfavorecidas.

Los fondos fueron asignados en respuesta a una iniciativa del recién fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona), quien, junto a varios colegas y González, entonces comisionada residente, solicitó hasta $5,000 millones para dar resiliencia energética a personas de bajos recursos económicos y/o discapacitados en Puerto Rico.

Una primera asignación de $450 millones para paneles y baterías en techos de residencias familiares está en marcha, aunque se ha dicho que el DOE quiere cerrar las solicitudes en junio, cuando empieza la temporada de huracanes.

Los $365 millones habían sido asignados a la Administración de Vivienda Pública ($83 millones), la Federación Hispana ($58 millones) y la empresa Dynamic Solar Solutions, entre otras organizaciones que servirían de intermediarios. Desde febrero, el DOE comenzó a frenar el programa.

El respaldo del gobierno de González a los fondos para energía solar fue decayendo a medida que la subsecretaria adjunta de Permisos de Transmisión y Asistencia Técnica en la Oficina de Electricidad, Catherine “Katie” Jereza –quien encabezó reuniones en San Juan del DOE–, puso objeciones al Fondo de Resiliencia Energética, según fuentes.

Cuando compareció, el 8 de mayo, ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, con ocasión de su nombramiento, la senadora demócrata Catherine Cortez Masto (Nevada) interrogó a Jereza sobre el uso de esos fondos. Jereza ya daba a entender que la utilización del dinero estaba bajo revisión.

“Esto fue asignado por el Congreso. Esto se relaciona con el estado de derecho. Esto fue asignado por el Congreso con certeza, por una razón específica. Entonces, ¿cómo tiene la administración la autoridad ahora para redirigir esos fondos, cuando realmente no es su jurisdicción? Esa es mi preocupación. Y espero que, cuando asuma este cargo, respete el estado de derecho y la función del Congreso, nuestra autoridad de asignación y el destino de estos fondos”, subrayó Cortez Masto.

Jereza dijo que cumpliría con el estado de derecho. Pero el DOE decidió destinar los fondos para la red en general.

Este mes, además, la gobernadora retiró una demanda en contra de empresas petroleras –iniciada por el anterior gobernador Pedro Pierluisi, de su Partido Nuevo Progresista–, que reclamaba $1,000 millones por los daños causados al ambiente.