Washington D.C. - La administración de Donald Trump no defenderá la constitucionalidad de las subvenciones a universidades y colegios que tienen, al menos, un 25% de matrícula hispana –incluidas instituciones de educación superior en Puerto Rico–, en un caso judicial federal en Tenesí.

El gobierno de Trump no puede acabar con las subvenciones –que rondan los $350 millones anuales y benefician a unas 500 instituciones– sin la autorización del Congreso o un mandato judicial.

Pero su determinación influenciará el debate del caso en el que el gobierno de Tenesí y la organización “Estudiantes por una Admisión Justa” cuestionan, en un tribunal federal, la constitucionalidad del programa de subvenciones del gobierno estadounidense para instituciones de educación superior (HSI, en inglés) que sirven a los hispanos.

Los demandantes sostienen que esas subvenciones son discriminatorias.

“El Departamento de Justicia ha determinado que dichas disposiciones violan el componente de protección igualitaria de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda (de la Constitución federal)”, indicó el procurador general John Sauer, en una comunicación enviada al speaker Mike Johnson el pasado 25 de julio.

El Tribunal Supremo estadounidense, mantuvo el procurador general, ha establecido que la “equiparación racial absoluta” es inconstitucional, en referencia a la decisión de 2023 que anuló los programas de acción afirmativa para los procedimientos de admisión a instituciones universitarias.

“Sus precedentes dejan claro que el gobierno carece de interés legítimo en diferenciar entre universidades, en función de si un número específico de plazas en cada clase está ocupado por personas de los grupos étnicos preferidos”, agregó Sauer en su comunicación a Johnson.

La política pública de Trump y su gobierno republicano ha sido eliminar programas dirigidos a promover la diversidad y elevar las oportunidades de las minorías.

Sin interés del gobierno en defender los intereses de las universidades con una importante matrícula hispana, la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU, en inglés) pidió intervenir en el caso judicial, y señaló que las instituciones de educación superior con una importante matrícula hispana “han tenido un impacto demostrable en la vida de los estudiantes”.

“Por ejemplo, representan más de un tercio del 20% del tope de las instituciones del país en cuanto a movilidad económica y matriculan a una proporción significativa de estudiantes de bajos recursos. Las HSI son clave para desarrollar trayectorias STEM (ciencia, tecnológica, ingeniería y matemáticas) para estudiantes hispanos y de bajos recursos”, planteó la HACU en su solicitud de intervención.

Las instituciones afiliadas a la HACU representan a dos tercios de los estudiantes latinos, incluidos los de los territorios como Puerto Rico.