Washington D.C. - Aún con la intervención del presidente Donald Trump, el liderato de la mayoría de la Cámara de Representantes está en aprietos para asegurar la aprobación esta semana de su proyecto de reconciliación fiscal, ante las diferencias internas sobre asuntos como los cambios a Medicaid.

Trump habló, en horas de la mañana del martes, a la conferencia republicana de la Cámara baja, que no ha podido armonizar las demandas de grupos de legisladores conservadores y moderados.

Por un lado, los conservadores quieren adelantar la fecha de vigencia de los nuevos requisitos de trabajo de Medicaid –que no aplicarán a la subvención que Puerto Rico recibe– y de la cancelación de los créditos para energía verde de la Ley Reducción de Inflación (IRA, en inglés). Mientras, los moderados quieren elevar la deducción de contribuciones estatales en la planilla federal (SALT por sus siglas en inglés).

Trump exhortó a los más conservadores del caucus cameral republicano a no tocar más Medicaid y, a los moderados, a aceptar la oferta más reciente del speaker Mike Johnson, que, según informes, elevaría de $30,000 a $40,000 el máximo que se puede deducir de pagos a propiedad estatal.

“No jodan con Medicaid”, advirtió Trump a la conferencia republicana, avivando la posición de los moderados de que hacer mayores cambios al programa tendrá un impacto negativo en sus distritos.

Después del mensaje de Trump, Johnson –sin contestar preguntas– dijo ante periodistas que los miembros de su conferencia están motivados, pues pueden “hacer historia” esta semana con la aprobación del proyecto de reconciliación fiscal.

Pero, varios conservadores y moderados indicaron que mantienen su rechazo a la medida. “No creo que el presidente haya convencido a suficiente gente de que el proyecto de ley es adecuado tal como está”, indicó el presidente del Freedom Caucus, Andy Harris (Maryland), a nombre de los más conservadores de la conferencia republicana.

Uno de los moderados que pide elevar el SALT, Mike Lawler (Nueva York), también mantuvo que su posición no ha cambiado.

“Si bien respeto al presidente Trump y comprendo la importancia de aprobar esta legislación, no lo haré a expensas de mi distrito, uno de los tres únicos en manos de un republicano que Kamala Harris ganó en noviembre.Durante más de dos años, he sido muy claro con todos...sobre la importancia de levantar el límite de SALT”, indicó el republicano Lawler.

Otros cuatro republicanos coinciden con Lawler: Young Kim (California); Andrew Garbarino (Nueva York); Nick LaLota (Nueva York); y Tom Kean (Nueva Jersey).

La legislación impulsa cerca de $1.5 billones (“trillions”, en inglés) en recortes presupuestarios durante la próxima década y unos $4 billones en alivios contributivos.

La intención de la mayoría republicana es llevar la medida a votación el miércoles, a la 1:00 a.m., en el Comité de Reglas, el último paso antes de un debate en el hemiciclo cameral.

El plan ha sido finalizar con la legislación en la Cámara baja esta semana, para que luego sea examinada en el Senado.

“El mensaje del presidente fue ‘completen el trabajo’”, indicó la presidenta de la Conferencia Republicana, Lisa McClain (Michigan).

Los más conservadores, reunidos en el Freedom Caucus, quieren que se adelante la vigencia de los requisitos de trabajo que se imponen a los beneficiarios de Medicad que puedan laborar u ofrecer servicios comunitarios, los que están previstos para comenzar en 2029. El liderato republicano ha ofrecido que comiencen en enero de 2027.

En las últimas horas, además, los más conservadores revivieron la idea de reducir las aportaciones federales por servicios de Medicaid –que se conoce por sus siglas en inglés, FMAP–, una propuesta que antes fue descartada y que Johnson ha insistido en que no está sobre la mesa.

El líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries (Nueva York), y su equipo solicitaron al speaker que aplace la votación del Comité de Reglas. “Es imperativo que reprograme de inmediato la reunión para que pueda debatirse a plena luz del día”, señalaron.

El proyecto cameral republicano obligaría a los beneficiarios del plan Vital, en Puerto Rico, a recertificarse cada seis meses, en vez de una vez al año.

Aunque la medida no reduce de inmediato las asignaciones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la minoría demócrata sostiene que, al congelar el nivel del plan de alimentos económicos (“Thrifty Food Plan”), se evitará un crecimiento de hasta $1,000 millones en la próxima década.

El presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), rechazó que vaya a haber un freno en el crecimiento de los fondos de PAN, que rondan los $2,900 millones anuales.

El Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias coincide en que esa congelación supone un “recorte medible”.

En momentos en que las autoridades gubernamentales de la isla han querido integrar a Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y tener paridad en Medicaid –temas que no están en la agenda republicana–, la legislación de reconciliación fiscal elevará de 54 a 64 años la edad máxima para exigir requisitos de trabajo bajo el SNAP.

A partir de 2028, los gobiernos estatales tendrán que financiar entre el 5% y el 25% del costo de SNAP.

Los requisitos de trabajo que se implantan bajo Medicaid serían similares a los de SNAP, de 19 a 64 años.

En el área tributaria, la medida aumentaría de $2,000 a $2,500, entre 2026 y 2028, el máximo del crédito contributivo por niños dependientes (CTC, en inglés), que tiene vigencia en Puerto Rico. También, se haría permanente el impuesto global sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés) de las corporaciones foráneas, que aplica a importantes manufactureras en la isla.

En el apartado educativo, la medida requeriría, al menos, 15 créditos por semestre, no 12, para recibir la beca Pell. También, se eliminan planes de repago de préstamos estudiantiles federales, por los que más de 300,000 residentes de Puerto Rico han optado.

Debido a que las iniciativas se tramitan por medio de un proyecto de reconciliación fiscal, los republicanos pueden eludir la regla de filibusterismo del Senado, que exige 60 votos para llevar una medida a votación final. Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en ese cuerpo.

Mientras, en la Cámara baja, si todos los representantes están presentes y todo el caucus demócrata vota en contra, como se espera, el liderato republicano solo puede perder tres votos, pues su mayoría es 220-213, con dos vacantes demócratas.

Si la mayoría cameral logra aprobar la legislación esta semana, pasará al Senado, donde se conoce que se le harán cambios.

La meta de la mayoría del Congreso es enviarle el proyecto a Trump antes del 4 de julio.