Imagen de archivo de toldos azules sobre casas en Toa Alta que se vieron afectadas por el paso del huracán María.
Al iniciar este cuatrenio, el Departamento de Vivienda no tenía un conteo oficial de casas con toldo azul. (Xavier J. Araújo Berríos)

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Washington D. C.- En momentos en que Puerto Rico se enfrenta a una nueva emergencia por los graves daños que dejó el huracán Fiona, el lento desembolso de fondos federales para el gobierno puertorriqueño poner en marcha la reconstrucción -cinco años, después de la catástrofe causada por el huracán María-, cobra mayor relevancia.

El gobierno de la isla sostiene que en el último año y medio ha comenzado a pisar el acelerador. Pero, las voces independientes que examinan el proceso de reconstrucción coinciden en que adolece aún de fuerza en el esfuerzo para rehacer infraestructura clave que va a definir cualquier potencial de desarrollo económico.

Aunque gran parte de los $74,278 millones asignados por diversas entidades del gobierno federal para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico después de los huracanes Irma y María ya han sido comprometidos -$69,246 millones-, solo se ha desembolsado un 35% del dinero o alrededor de $26,730 millones, según los datos publicados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y los previamente divulgados.

En comparación con el análisis de hace un año, los desembolsos han aumentado en cerca de $2,000 millones.

Los fondos que han sido desembolsados han permitido financiar principalmente proyectos de recuperación, como las asignaciones originales para restablecer el servicio de electricidad, a partir del 20 de septiembre de 2017, y hacerle reparaciones urgentes, además de ofrecer asistencia en salud y alimentaria, entre otras cosas.

“Para proyectos de obra permanente lo que se ha desembolsado es muy poco”, indicó Sergio Marxuach, director de Política Pública del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE).

La Oficina de Contraloría General (GAO) ha hecho la misma advertencia. “La mayoría de los dólares federales gastados hasta ahora son para respuesta temprana y reparaciones de emergencia, no para hacer reparaciones y reconstruir la infraestructura clave como escuelas, edificios de hospitales, entre otras cosas, que tienen un largo camino por recorrer”, indicó el director del equipo de auditoría de Seguridad Interna y Justicia de la GAO, Christopher Currie, cuando declaró el pasado jueves ante un subcomité de la Cámara baja federal.

Currie advirtió que cuando se examine el apartado de los fondos ya comprometidos, se debe tener en cuenta que es dinero para invertir en el futuro y que aún está sujeto a forcejeos burocráticos.

Los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Ritchie Torres, electos por distritos de Nueva York, por su parte, han coincidido en que el gobierno federal debe exigir que se rinda cuentas sobre el ritmo de la reconstrucción.

Municipios también han tenido problemas para lograr el visto bueno de FEMA para sus proyectos, destacó un informe de la GAO. Y los alcaldes no cesan de quejarse de la burocracia de FEMA.

La GAO, en su informe al Congreso, afirmó que otros problemas que han sido denunciados por el gobierno federal siguen vigentes, como la falta de “capacidad” y “conocimiento” institucional en los gobiernos de Puerto Rico, aumentos en los costos de los proyectos debido a la inflación y dificultades en la obtención de “bienes y servicios” para construcción.

Los problemas para avanzar el proceso, según congresistas, han incluido falta de mano de obra, y que el trámite se tenga que hacer por reembolsos. Representantes de la sociedad civil han criticado que no se haya contado con una estructura oficial para integrar a las comunidades.

En un informe, la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. subrayó ayer el impacto de la catástrofe causada por el huracán María - que se estima provocó 2,995 muertes-, sobre los que tienen menos recursos, los adultos mayores, discapacitados y las minorías. El informe destacó los tropiezos que causó la falta de personal de FEMA que dominara el español y el retraso en proveer ayuda en comparación con el huracán Harvey en Texas.

Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3), FEMA asignó a Puerto Rico $41,496 millones después de los huracanes Irma y María. De esos fondos, se han comprometido $38,645 millones, pero se han desembolsado $15,530 millones, principalmente para la recuperación o la primera etapa de la emergencia.

En total, COR 3 ha indicado que tiene asignados $71,436 millones, una cantidad menor a lo que se divulga en la página de FEMA. En asistencia pública, FEMA ha indicado que los gobiernos de la isla tienen asignados alrededor de $28,000 millones y encaminado 10,000 proyectos.

Una parte significativa de la reconstrucción depende del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD).

De los $20,223 millones en fondos CDBG-DR asignados por el Congreso y HUD para atender la emergencia que provocó el huracán María justo hace un año – que el gobierno de la isla estimó que causó por lo menos $94,000 millones en daños -, el gobierno federal no ha hecho disponible nuevos fondos en los últimos 12 meses.

Por lo menos desde el verano de 2021, el gobierno de Puerto Rico tiene disponibles $10,006 millones en fondos CDBG-DR, de los que ha obtenido unos $700 millones adicionales en el último año.

Al comenzar el 2021, el gobierno de Puerto Rico tenía disponibles $9,720 millones en fondos CDBG-DR, de los que se habían desembolsados unos $150 millones. Hasta el 1 de septiembre pasado, los desembolsos de fondos CDBG-DR alcanzaban $1,173 millones, según HUD.

Hace más de un año, que HUD publicó las guías de los $1,932 millones en fondos del programa CDBG-DR asignados para hacer mejoras a la red eléctrica de Puerto Rico. Ese dinero no ha sido desembolsado, en momentos en que el gobierno federal tiene en marcha un estudio para llevar a Puerto Rico hacia un sistema de energía basado en fuentes de energía renovable.

“Sigue habiendo preocupación por lo lento que se están moviendo estos fondos”, sostuvo Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, cuya organización ha fiscalizado el uso de los fondos CDBG-DR.

Después de indicar que el uso de esos fondos ha sido utilizado con lentitud, HUD sostiene ahora que el desembolso de los fondos está “en ritmo”.

Los datos sobre el proceso de reconstrucción en ocasiones pueden ser confusos. Al declarar el pasado jueves ante el subcomité de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias del Comité de Transportación de la Cámara de Representantes, la administradora adjunta de FEMA para Respuesta y Recuperación, Anne Bink, afirmó que de los $9,500 millones autorizados en septiembre de 2020 para reconstruir la red eléctrica, solo se habían solicitado fondos para 40 proyectos.

También dijo que los fondos para reconstruir “utilidades públicas” sumaban $13,200 millones y que los desembolsos alcanzaban solo $40 millones.

Pero, el director ejecutivo de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3), Manuel Laboy, afirmó que los fondos desembolsados para los 40 proyectos aprobados y dirigidos a rehacer la red eléctrica alcanzaban los $183 millones. Laboy dijo que debe tenerse en cuenta que esos fondos no quedaron disponibles de forma inmediata en septiembre de 2020, cuando a menos de dos meses de las elecciones presidenciales el gobierno de Donald Trump los autorizó.

Según COR 3, de los 40 proyectos presentados a FEMA, se han aprobado 29. Pero, Laboy dijo que otros 35 proyectos de reconstrucción de la red “están en camino” y que para fines de año, de los cerca de 300 que prevé serán necesarios, espera que FEMA haya autorizado un centenar.

Laboy agregó que el gobierno de Puerto Rico y FEMA han tenido que lidiar con un nuevo sistema de acceso a fondos -FAASt, por sus siglas en inglés-, que permite calcular el dinero requerido a partir de un muestreo de daños.

Aseguran avances tras salida de Trump

Durante la administración de Trump, Puerto Rico se enfrentó también a un presidente que frenó y restringió el acceso a fondos de emergencia.

Pero, Laboy sostuvo que ha habido progresos a partir de 2021.

”Por ejemplo, de 2017 a 2020, COR3 desembolsó $3.9 millones en asistencia pública de FEMA para trabajos de emergencia y solo $153.3 millones para trabajo permanente. Pero, desde 2021 hasta el presente, COR3 ha desembolsado $386.8 millones adicionales para trabajos de emergencia y otros $543.4 millones para trabajo permanente”, dijo.

Destacó los “avances” conseguidos a partir del verano en los proyectos municipales por medio del programa Working Capital Advance (WCA), mediante el que se adelanta el 25% de los fondos obligados.

En el área de los proyectos energéticos, Marxuach indicó que han sido evidente las diferencias entre FEMA y LUMA Energy sobre el alcance de las reparaciones que pueden financiar con dinero federal.

El líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York) exhortó esta semana al Negociado de Energía a resolver las controversias. “Hay dinero suficiente. Es un asunto de llevarlo a donde se necesita”, dijo Schumer.

Fondos para Vivienda

Una parte clave de los programas de reconstrucción con fondos CDBG-DR es el programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), que según el portal del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, tenía activos 18,021 solicitudes, de un total inicial de 27,003 personas que pidieron asistencia.

De las 18,021 solicitudes, 13,464 estaban en trámite, indicó el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Esa dependencia sostiene que han terminado el proceso referente a 4,099 viviendas del programa R3, otros 4,267 proyectos están en etapa de construcción y 5,477 en el proceso de diseño u obtención de permisos.

Godreau Aubert llamó la atención a los datos sobre el proceso de reubicación de personas, al indicar que de 2,311 solicitudes para reubicación de vivienda se habían completado 128, lo que representa 12 más que en junio. La directora de Ayuda Legal Puerto Rico denunció que cinco años después del huracán María había por lo menos 3,646 estructuras con techos azules, un número que puede haber incrementado a raíz del azote de Fiona.

El gobierno de Puerto Rico asignó $475 millones al programa de Techos Azules del Departamento de la Vivienda, que según el gobernador Pedro Pierluisi buscaba atender hasta cerca de 7,600 viviendas con techos azules.

En septiembre de 2021, el gobernador Pierluisi anunció otros $20 millones de la ley federal ARPA para la reparación y rehabilitación de techos azules por medio de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, indicó que cuando asumió el puesto “no había un conteo particular de los toldos azules”. Por medio de un estudio geoespacial, se identificaron “un poco más de 18,000 puntos en Puerto Rico”, los que examinaron junto a organizaciones sin fines de lucro, indicó.

Aunque dejaron una notificación en cada una de las 3,646 viviendas que faltan por asistir, Rodríguez señaló que solo han logrado contactar poco más de 1,000.

“La mayor parte de las familias con las que ya hemos logrado comunicación, ya hicimos proceso de elegibilidad y los pasamos ya al proceso de construcción a través del programa R3. Recientemente sacamos un proceso competitivo nuevo para añadir contratistas al programa y así aumentar la capacidad del programa”, sostuvo.

Rodríguez no pudo precisar de memoria el pasado fin de semana cuánto dinero ya han utilizado del programa. Y dijo que aguardarán hasta el verano de 2023 para recibir alguna notificación de las más de 2,000 familias que no les han respondido. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a contactarles por teléfono al Departamento de la Vivienda o por correo electrónico a infocdbg@vivienda.pr.gov .

Godreau Aubert advirtió que el plan de acción del gobierno de Puerto Rico en torno a los fondos CDBG-DR - enmendado el pasado viernes-, se limita ahora a hablar de “encuestas de campo” sobre el plan dirigido a atender los hogares que dependen de techos azules.

A la directora de Ayuda Legal Puerto Rico, las enmiendas le parecen un retroceso. Además, advirtió que a su organización se le ha “hecho difícil conseguir cuantas viviendas se han reparado con los fondos ODSEC”.

El reportero Manuel Guillama Capella colaboró con este reportaje.

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