Trabajadores de Whitefish Energy trabaja en una torre de líneas eléctricas en Barceloneta, en esta foto de archivo de 2017. (The Associated Press)

Washington D. C. – La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos señaló fallas a oficinas del gobierno de Puerto Rico y a FEMA, en la supervisión de los contratos a las empresas Whitefish y Cobra Acquisitions - que llegaron a sumar más de $2,000 millones-, para reparar el sistema eléctrico de la isla tras el huracán María.

Como consecuencia de las fallas - que incluyen tarifas irrazonables y falta de supervisión sobre cambios de orden que representaron cientos de millones de dólares-, la AEE puede no tener derecho a un reembolso pleno, a través del programa de asistencia pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), por los gastos pagados a esas empresas.

Aunque sostiene que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cumplió, tras una enmienda, con los requisitos federales para adquirir los servicios de Whitefish, la OIG denunció que la corporación pública erró en determinar que los costo de los trabajos fueran razonables.

“Los costos del contrato de Whitefish (que ascendió a $300 millones) pueden no ser razonables porque la AEE incurrió en costos a tarifas más altas que las que Whitefish propuso originalmente”, indicó el informe, que concluye que “algunos de los costos del contrato pueden no ser elegibles para fondos de asistencia pública, y la AEE puede estar en riesgo de no recibir un reembolso pleno por los costos del contrato con Whitefish”.

La OIG de Seguridad Interna (Homeland Security) indicó que las tarifas establecidas el 26 de septiembre de 2017 en el contrato con Whitefish fueron 57% más altas que las propuestas seis días antes. Como ejemplo indicó que la tarifa del costo por hora de un trabajador de línea aumentó de $83 a $188.

Las tarifas por el uso de equipo, mientras, aumentaron un 7% en comparación con la oferta original.

En el caso de equipo subcontratado, las tarifas fueron 881% más altos que las que estableció Whitefish cuando utilizaba sus propios equipos. El contrato enmendado, además, estableció unos costos altísimos, como de $140 por hora para un administrador de campo y $616 por hora para un contable senior.

“Pese a estos múltiples aumentos sustanciales en las tarifas, la AEE no calculó la razonabilidad de los aumentos de tarifas antes de firmar el contrato enmendado (con Whitefish)”, agregó el informe.

FEMA ha tenido bajo evaluación, desde noviembre de 2018, las solicitudes de reembolso de la AEE por el contrato de Whitefish.

La investigación señala además que la AEE, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), y FEMA no ofrecieron supervisión adecuada del contrato con Cobra, que hasta julio de 2019 había facturado $852 millones a la empresa pública.

Según la OIG, FEMA no determinó si los costos de los contratos que obtuvo Cobra “eran razonables y elegibles” para reembolsos a través del programa de asistencia pública. “Como resultado, FEMA puede haber reembolsado a la AEE costos del contrato con Cobra que son inelegibles para fondos de asistencia pública”, agrega el informe.

La OIG de Seguridad Interna acentuó que la AEE no estableció los términos y condiciones del contrato con Cobra, sobre el alcance de las obras, el costo del trabajo y el calendario, antes de que Cobra comenzara a restaurar las líneas de energía eléctrica.

“FEMA reembolsó más de $852 millones a Cobra”, sostuvo la OIG de Seguridad Interna, “sin confirmar primero que la AEE proveyó un alto grado de supervisión para el contrato”.

La OIG corroboró defectos administrativos en los 15 proyectos específicos asignados a Cobra que examinó. El análisis reflejó 41 cambios de orden aprobados por la AEE meses después de que se excedieran los costos, con un incremento de $391 millones en la facturación.

En seis de los 15 proyectos, Cobra no firmó los términos específicos para completar esas obras hasta cuatro meses después de haber sido aprobados por la AEE. En total, Cobra ni siquiera firmó 32 de los 41 documentos con cambios de orden.

Según la OIG, la AEE reconoció haber establecido un sistema alterno para el pago de facturas de Cobra que obvió emitir antes cambios de orden y fue por encima de las restricciones que suele imponer en el pago de cantidades que exceden un acuerdo original.

Con respecto a COR3, el informe señala que esa oficina, creada en octubre de 2017, fue incapaz de supervisar a la AEE y sus contratos, “para asegurar que se cumpliera con las regulaciones federales y las guías del programa de asistencia pública” de FEMA.

COR3 no pudo llevar a cabo una evaluación completa de los requisitos de reembolso de la AEE por los primeros $520 millones del contrato con Cobra, de acuerdo al informe.

La OIG dice que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico afirmaron que COR3 no se estableció efectivamente hasta junio de 2018.

Para el exsenador popular Ramón Luis Nieves, quien fue presidente de la Comisión de Energía y aspira a regresar al Senado, “a causa de estas irregularidades, los abonados de la AEE nos exponemos a pagar millones de dólares que FEMA no reembolsará.”

En una investigación independiente, la fiscalía federal de San Juan presentó cargos contra dos altas funcionarias de FEMA y el ex presidente de Cobra, por irregularidades en el proceso de contratación de esa empresa, a la que en total se le adjudicaron contratos por $1,900 millones durante la emergencia generada por el huracán María.

La AEE desembolsó $1,100 millones a Cobra antes de la cancelación de los contratos.

En septiembre de 2019, la fiscalía federal acusó por fraude y soborno, entre otras imputaciones, a Ahsha Nateef Tribble, quien fue administradora de la región 2 de FEMA, y al expresidente de Cobra Donald Keith Allison, a quienes se les atribuye haber trabajado en conjunto para el otorgamiento de los contratos.

También acusó de fraude electrónico y actos que afectan un interés financiero personal a Jovanda Patterson, quien fue subjefa de Personal de FEMA y se declaró culpable en febrero pasado.

Tribble y Ellis se declararon no culpables de cargos que incluyen fraude con fondos de desastre, conspiración para cometer soborno, fraude electrónico y violaciones a leyes de viaje. El juicio ha estado programado para enero próximo.

El contrato con Whitefish, el primero adjudicado tras el huracán María para la reparación del sistema eléctrico, fue altamente criticado, incluso desde el Congreso, no solo por las altas tarifas que implicaba, sino por haberse obviado la costumbre de reclamar apoyo de las empresas públicas de energía eléctrica de Estados Unidos, a un precio menor.

Las críticas incluyeron vínculos de la empresa con el entonces secretario del Interior Ryan Zinke, quien es del mismo pueblo del principal del dueño de la empresa Whitefish, en Montana. Zinke negó haber tenido algún rol en el otorgamiento de contrato, que fue cancelado en noviembre de 2017 y no se ha pagado en su totalidad.

“De acuerdo a funcionarios de la AEE, el gobernador de Puerto Rico solicitó a la AEE cancelar el contrato debido a preocupaciones en el Congreso y la cobertura negativa de los medios en torno al contrato”, agregó la OIG en su informe.

La OIG recomendó a FEMA proveer asistencia técnica a la AEE para asegurar que cumple con los principios federales sobre el costo de los contratos, incluida la revisión de tarifas. FEMA sostuvo que trabaja de cerca con la oficina de COR3 para asegurar una supervisión adecuada de los costos de los contratos de la AEE.

La oficina del Inspector General también recomendó a FEMA desarrollar guías sobre las metas apropiadas de un contrato, para asegurar la razonabilidad de los costos de un contrato como los de Cobra y Whitefish. FEMA sostuvo que tiene requisitos para contratos por desastres, pero que la razonabilidad de los costos “depende de los hechos y circunstancias de cada contrato”.