La industria de cruceros se encuentra detenida. (The Associated Press)

Washington D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ha respaldado el reclamo de la Asociación Internacional de Cruceros (CLIA) para que se flexibilicen las restricciones impuestas en medio de la pandemia del coronavirus y se aceleren las operaciones de los cruceros desde puertos en Estados Unidos y Puerto Rico.

González dijo que coincide con la CLIA en que las nuevas normas establecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) – que fueron anunciadas el viernes-, son onerosas y contradictorias.

Mientras, el senador Rick Scott (Florida), republicano como González, reclamó a los CDC que provea un calendario claro sobre “cuando pueden reanudar las operaciones”.

Las nuevas guías de los CDC requieren informes diarios sobre las pruebas de COVID-19 y viajes de prueba en los que los cruceros puedan ensayar los nuevos procedimientos con voluntarios, antes de poder navegar con pasajeros que paguen sus boletos.

Para organizarse de cara a reanudar en julio los viajes desde puertos de Estados Unidos, la CLIA pide mayor flexibilidad y contrasta las restricciones vigentes en la industria de cruceros con la decisión de los CDC de avalar los viajes dentro de territorio estadounidense de personas que ya han sido vacunadas.

La comisionada, quien es parte del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara baja federal, respaldó a la CLIA después de hablar recientemente con el director ejecutivo de Royal Caribbean, Michael Bayley, y con el director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Frank J. Del Rio, en torno a cómo la vacunación podría ayudar a reabrir la industria de cruceros.

También envió una carta en marzo la presidente Joe Biden en favor de una pronta reapertura de los viajes de cruceros desde puertos de Estados Unidos y dijo haberse reunido con el director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado.

Según la comisionada, las empresas de cruceros perdieron cerca de $119 millones en ingresos por no poder operar desde Puerto Rico.

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