José Luis Dalmau, presidente del Senado de Puerto Rico.
José Luis Dalmau, presidente del Senado de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

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Washington D.C. – El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago, solicitó al Congreso que limite los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la Legislatura y los municipios, ofrezca un nuevo incentivo para la inversión manufacturera y que el ente fiscal cese sus funciones seis meses después de reestructurada la deuda pública.

En una carta que envió el martes al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Raúl Grijalva, Dalmau Santiago indicó que “es esencial” que un próximo proyecto de ley para tratar de reformar la ley Promesa “devuelva a la Legislatura electa de Puerto Rico el papel que le corresponde en la elaboración y aprobación de planes fiscales junto con el Gobernador y la JSF”.

“Esto permitiría un proceso más razonable para la adopción de presupuestos y podría disminuir las diferencias y enfrentamientos de último momento que han sido la norma entre la JSF y los funcionarios electos de Puerto Rico durante los últimos cinco años”, sostuvo Dalmau Santiago.

También consideró que no hay justificación para que la JSF quiera incluir a los municipios entre las dependencias gubernamentales bajo su jurisdicción.

Como han reclamado las organizaciones de alcaldes y el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Dalmau Santiago - también presidente del Partido Popular Democrático (PPD)- cree que la JSF debe cesar de controlar las finanzas del gobierno de la Isla seis meses después de que se reestructure la deuda pública.

Bajo la ley Promesa, la JSF estará vigente hasta que se logren cuatro presupuestos consecutivos equilibrados- lo que implica pagar el servicio de la deuda-, y el gobierno pueda regresar a los mercados financieros con tasas razonables a mediano y largo plazo.

Pero, el abogado Rolando Emmanuelli, experto en la ley Promesa y abogado del sindicato UTIER, ha advertido que varios de los compromisos pactados por la JSF en el plan de ajuste fiscal requieren que el organismo fiscal certifique anualmente -durante la vida de los bonos que durarán casi dos décadas- la disponibilidad de fondos para compensar a los acreedores.

Dalmau Santiago señaló que respalda los apartados del anterior proyecto de ley de Grijalva – que fue frenado por el liderato demócrata-, para definir los servicios esenciales del gobierno y asegurar una asignación de por lo menos $800 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Pero, recomendó además que en momentos en que la JSF quiere eliminar la subvención que otorga el gobierno central, a los municipios se le aseguren $400 millones anuales para el Fondo de Equiparación que subsidia a los gobiernos locales.

Con respecto a medidas económicas, Dalmau Santiago señaló que pronto se presentará en el Congreso una nueva legislación que impulsa otorgar incentivos tributarios a empresas que se establezcan en Puerto Rico y los demás territorios para manufacturar dispositivos médicos y farmacéuticos.

Indicó que si en algo ha fallado la ley Promesa es en promover desarrollo económico.

Aunque la ley creó por seis meses un Grupo de Trabajo del Congreso sobre Crecimiento Económico, dijo que el legislativo estadounidense “no ha actuado”.

“De hecho, justo después de que las recomendaciones del Grupo de Trabajo fueran incluidas en un informe y justo después de que el huracán María causara una destrucción mortal en Puerto Rico, el Congreso promulgó una ley tributaria que condenaba a Puerto Rico a ser una jurisdicción menos atractiva para la inversión y el crecimiento del empleo”, indicó Dalmau Santiago.

La medida que se presentará en el Congreso, según el presidente del Senado de Puerto Rico, coincidirá con el informe del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico que expresó apertura “a la perspectiva de que el Congreso brinde a las empresas estadounidenses que invierten en Puerto Rico un tratamiento fiscal más competitivo, siempre que se diseñen barandas adecuadas para garantizar que la empresa cree una actividad económica real y empleo en la isla”.

Pero, sostuvo que el proyecto de ley que pueda presentar Grijalva sobre Promesa debería incluir “un lenguaje que proporcione un crédito fiscal derivado dólar por dólar de inversiones y nuevos empleos en Puerto Rico”. Ese concepto, agregó Dalmau Santiago, “le otorgaría a Puerto Rico una distinción e incentivo tributario razonable frente a aquellas jurisdicciones verdaderamente extranjeras que compiten contra nosotros por los trabajos de fabricación”

“El enfoque de crédito fiscal revertiría la migración de empleos de Puerto Rico a jurisdicciones (fuera de territorio de Estados Unidos), verdaderamente extranjeras y ayudaría a traer empleos de regreso a jurisdicciones estadounidenses”, afirmó, al aludir, por ejemplo, a la manufactura de “líneas de productos farmacéuticos y dispositivos médicos sensitivos”.

Dalmau Santiago propuso además que la legislación “refuerce las reglas éticas y las divulgaciones que se aplican a la JSF, sus miembros y las personas y entidades que trabajan para ellos”.

En febrero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto de ley que persigue evitar conflictos de intereses de empresas vinculadas al proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

La medida, de la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez busca llenar un hueco en la ley Promesa y conocer cualquier conflicto de intereses en las contrataciones de la JSF, que controla las finanzas del gobierno electo de la Isla.

Esa legislación sigue pendiente en el Senado de Estados Unidos, donde es impulsada por el senador demócrata Robert Menéndez, pero para tramitarse por la vía regular requeriría el respaldo de por lo menos 10 republicanos.

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