Washington D.C. - La presidenta del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan), anunció este miércoles que integró a su proyecto para reautorizar la ley agrícola lenguaje que abriría la puerta a la inclusión de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

Pero, el plan de Stabenow chocaría con la visión del presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), cuyo bosquejo legislativo no hace alusión al reclamo de las autoridades de Puerto Rico para incluir en la reautorización de la ley agrícola, que vence el 30 de septiembre, lenguaje que vincule al gobierno federal con una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) –que beneficia a cerca de 1.4 millones de personas en la isla– al SNAP.

De acuerdo con el resumen de la legislación de Stabenow –el cual la senadora sostuvo que precisa las medidas que estarán en su proyecto de ley–, el proceso de transición del PAN al SNAP en Puerto Rico pudiera tomar hasta una década.

La propuesta de Stabenow permitiría financiar los costos de ese proceso, que puede –según un estudio encomendado por el Departamento de Agricultura de Estado Unidos– elevar la asistencia alimentaria a Puerto Rico de $2,900 millones anuales a $4,500 millones anuales. También solicita un informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) sobre cuán adecuados son los programas de asistencia alimentaria en los territorios, en comparación con los estados, incluidos los datos sobre el costo de los alimentos.

“Esta es una propuesta seria, que refleja las prioridades bipartidistas para mantener fuertes a los agricultores, a las familias alimentadas y a las comunidades rurales”, indicó Stabenow, en una declaración, al hablar en términos generales de su proyecto de ley.

Ante la falta de respaldo de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, el gobernador Pedro Pierluisi había admitido el martes que las posibilidades de que el gobierno federal se vincule con un proceso de transición de Puerto Rico hacia el SNAP descansan en el Senado. La iniciativa tiene el apoyo del presidente Joe Biden.

“En el Senado, la probabilidad es alta”, había adelantado a El Nuevo Día el gobernador, quien conversó sobre este asunto y otros con el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York); el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), y la senadora republicana Lisa Murkowski (Alaska).

En X (antes Twitter), tras el anuncio de Stabenow, Pierluisi agradeció “el apoyo y gestión multisectorial que ha formado parte de nuestros esfuerzos de comunicar al Congreso la urgencia de esta transición para brindar justicia social a las poblaciones más vulnerables en la isla”.

Schumer había manifestado que la integración de Puerto Rico al SNAP sería una prioridad para la mayoría demócrata del Senado, pese a que Stabenow ha reconocido consecuentemente que hay oposición del lado republicano. En el Senado, dividido 51 a 49, para avanzar legislación se requiere normalmente el voto de 60 senadores.

El congresista Thompson ha dicho que quiere aprobar su proyecto el 23 de mayo.

Desde que inspeccionó sobre el terreno, entre finales de agosto y principios de septiembre de 2023, los trabajos que el Ejecutivo de Puerto Rico lleva a cabo para preparar una potencial transición del PAN al SNAP, Thompson expresó a El Nuevo Día que consideraba que podía no ser necesario, en este momento, vincular al gobierno federal con ese proceso.

Para Thompson, el gobierno de Puerto Rico podía seguir preparándose para el SNAP sin legislación federal.

Bajo el SNAP –que existe en los 50 estados, Washington D.C., Islas Vírgenes y Guam–, las personas de 18 a 52 años (54 a partir de octubre) que pueden trabajar, tienen que hacerlo. Las autoridades de la isla han destacado que, además, por medio del SNAP, se recibe automáticamente asistencia adicional en caso de emergencias, como desastres naturales.

El director de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Alberto Fradera, ha indicado que, con el SNAP, una familia de dos personas que ahora recibe $337 mensuales, obtendría $590.

Hace unos días, el congresista demócrata puertorriqueño Darren Soto (Florida), miembro del Comité de Agricultura de la Cámara baja, sostuvo también que las mejores posibilidades de impulsar la integración de Puerto Rico al SNAP dependen del Senado.

Soto dijo que la minoría demócrata impulsa el lenguaje de la medida de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, que permitiría presentar al secretario de Agricultura de Estados Unidos –para su aprobación o rechazo– un plan de transición de cinco años al SNAP.

Ante el comité de Stabenow, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, puso en duda en febrero pasado si Puerto Rico estaría listo este verano para integrarse al SNAP.

“Hay mucho trabajo por hacer para configurar la tecnología y la dotación de personal para este esfuerzo. Por eso, hemos estado trabajando muy de cerca con el gobernador. Viajé a Puerto Rico, hablé con él específicamente sobre esto. Creo que, lamentablemente, no es una cuestión de semanas o meses, pero creo que, ciertamente, será en un futuro previsible. La expectativa y el objetivo es realmente hacer la transición al SNAP”, sentenció Vilsack, cuando respondió preguntas de la senadora Kirsten Gillibrand (Nueva York), autora de la propuesta radicada en el Senado.

Como plan B, Soto declaró que los demócratas del Comité de Agricultura cameral tienen una propuesta para reclamar un aumento en los fondos del PAN.

Aunque Thompson quiere aprobar su proyecto antes del receso de finales de mayo, que coincide con el Día de los Caídos en la Guerra, Soto aún piensa que este debate se extenderá por lo menos hasta julio.

Otras fuentes del Congreso consideran que armonizar las propuestas de ambas cámaras puede tomar puede hasta diciembre, lo que requeriría volver a reautorizar temporalmente la ley agrícola que expira el 30 de septiembre, cuando concluye el año fiscal federal vigente.

“Hay que ver qué otras diferencias hay entre las dos medidas (del Senado y la Cámara baja)”, comentó Pierluisi, al señalar que estará “monitoreando el asunto sobre la marcha”.

Hace unos días, el grupo de estudio Centro sobre Presupuesto y Política Pública Prioritaria (CPBB, en inglés) advirtió que el plan de Thompson reduciría la inversión futura tanto en el PAN como en el SNAP. La propuesta preliminar persigue congelar el costo del plan económico de alimentos (TFP, en inglés), lo que representaría reducir la inversión futura en el PAN en más de $700 millones entre 2027 y 2033, informó el CBPP. En cuanto al SNAP, el recorte futuro se calcula en unos $30,000 millones durante la próxima década.

Stabenow ha indicado que reducir la inversión en el costo del TFP recibirá un rotundo no de los demócratas.

“Este proyecto de ley está lleno de acuerdos bipartidistas y soluciones inteligentes para todos los interesados en la alimentación y la agricultura, así que sigamos adelante. Animo a mis colegas republicanos a que pongan fin a sus retrasos y vuelvan a las negociaciones”, dijo, por su parte, el líder adjunto de la mayoría demócrata del Senado, Richard Durbin (Illinois).

Mientras, la presidenta de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico, Lillian Rodríguez López, destacó el respaldo del líder Schumer, Stabenow y Gillibrand.

“Durante más de cuarenta años, la exclusión de Puerto Rico del SNAP ha perjudicado a familias de bajos ingresos, niños, ancianos y veteranos al exacerbar la pobreza y la inseguridad alimentaria. La implementación del PAN creó un abismo inmediato en la financiación de la nutrición al instituir una reducción automática del 25% en la ayuda, que se ha ampliado a lo largo de las décadas. El anuncio de hoy es un primer paso fundamental para avanzar hacia SNAP y brindar mayor ayuda nutricional a familias de bajos ingresos, niños, ancianos y veteranos en Puerto Rico”, indicó Rodríguez.