Washington D.C. - La Asociación de Industriales de Puerto Rico propuso la creación de un grupo de trabajo interagencial en el gobierno de Donald Trump que se dedique a la “revitalización económica” del archipiélago puertorriqueño.

De cara a la audiencia pública del miércoles en el Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en torno a la “recuperación fiscal” de Puerto Rico a nueve años de la aprobación de la Ley PROMESA, el presidente de la entidad local, Rafael Vélez Domínguez, afirmó que ese grupo de trabajo debería “desarrollar parámetros de referencia, coordinar la financiación de subvenciones y garantizar que el desarrollo industrial se integre con los objetivos de resiliencia, descarbonización y capacitación industrial”.

Vélez sostuvo que el grupo de trabajo debe estar basado en el Departamento de Comercio o en el Departamento de Energía.

Con respecto a la Ley PROMESA, Vélez Domínguez - quien envió una ponencia al subcomité-, indicó que el desarrollo económico debe ser un objetivo central en la implementación del estatuto y “no un resultado secundario”.

Vélez Domínguez señaló que la reconstrucción y transformación de la red eléctrica – así como la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)-, tiene que ser de alta prioridad.

“El sistema energético de la isla es poco fiable y costoso, lo que socava la productividad industrial y la confianza de los inversores. Reconstruir la red con fuentes modernas y diversificadas es fundamental para la resiliencia económica. En medio de la crisis energética de Puerto Rico, diversificar la matriz energética es esencial para reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico, mejorar la resiliencia y avanzar hacia los objetivos de diversificación energética definidos por ley”, indicó.

Para el líder de los industriales, “la dependencia casi total de la isla en combustibles fósiles importados hace que el sistema sea costoso, inestable e insostenible”, por lo que es necesaria “la integración de diversas tecnologías de generación, el almacenamiento de energía y la generación distribuida”, en transición “hacia un sistema más limpio, más fiable y resiliente ante desastres”.

“El gas natural puede servir como un recurso de transición, ofreciendo menores emisiones que el petróleo y mayor flexibilidad operativa a medida que Puerto Rico avanza hacia una matriz energética más resiliente y diversificada. Además, reducir los altos costos asociados con la importación de combustible e infraestructura energética impulsaría aún más la diversificación y modernización del sistema”, agregó Vélez Domínguez.

La propuesta de los industriales está basada en “cuatro pilares interdependientes” - confiabilidad energética, preparación laboral, competitividad contributiva y eficiencia en permisos- que consideran debe implantarse de forma integrada “para transformar a Puerto Rico en una jurisdicción estratégica para la inversión y la producción”.

En el plano local, Vélez Domínguez sostuvo que Puerto Rico debe “rediseñar” su estructura contributiva, por medio de iniciativas que permitan incentivar el crecimiento económico. También señaló que consideran clave acelerar los procesos de obtención de permisos.

“Abordar estos cuatro pilares como una estrategia unificada, no como silos separados, creará un clima empresarial capaz de sustentar industrias de alto valor y generar movilidad económica. Una agenda de desarrollo holística debe integrar la infraestructura, las instituciones y la inversión en una única visión política”, añadió el presidente de la Asociación de Industriales.

En otra ponencia enviada al subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares, la Cámara de Comercio de Puerto Rico mantuvo, sin embargo, que debe crearse un grupo de trabajo sobre energía dentro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), “con autoridad clara para impulsar la rendición de cuentas, hacer cumplir los plazos y alinear a todas las partes interesadas, tanto federales como locales, hacia resultados mensurables”.

La administración del expresidente Joe Biden creó un subcomité dentro del grupo de trabajo interagencial de la Casa Blanca dedicado a desarrollo económico, encabezado por el entonces subsecretario de Comercio, Don Graves, y bajo la dirección ejecutiva del puertoriqueño Miguel Estién.