4. Arthur J. González (GFR Media)
El ex juez de quiebras Arthur González.

Washington D.C./San Juan - Con la designación de Justin Peterson a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Casa Blanca decidió reemplazar al exjuez de quiebras Arthur González, clave en la estrategia legal que el ente fiscal ha desarrollado por los pasados cuatro años.

González estaba en medio de la reunión del miércoles del ente financiero con la gobernadora Wanda Vázquez Garced cuando se produjo el sorpresivo anuncio de que el presidente Donald Trump tiene la intención de designar a Peterson.

Los propios miembros de la JSF -que han permanecido en silencio-, fueron sorprendidos por el anuncio.

Trabajar en la (JSF) junto con mis compañeros ha sido un gran honor”, dijo esta noche el ex juez González, al confirmar su salida del ente fiscal. González es reemplazado en la JSF justo cuando el proceso de reestructuración de la deuda de la isla -que ya marca poco más de tres años-, ha quedado en una especie de limbo.

Al agradecer el servicio del exjuez González, el presidente de la JSF, David Skeel, indicó que el también profesor de Derecho de Quiebras fue clave en los procesos judiciales que el organismo mantiene como representante de Puerto Rico.

“Al mantener presente su trasfondo como juez y experiencia en quiebra, él fue críticamente importante en su rol de dirigir e informar a la Junta durante los procesos de Título III”, indicó Skeel, en una declaración en la que el ente fiscal trata de presentar la salida del exjuez como una decisión voluntaria.

Al proponer a Peterson, quien como director gerente de DCI Group representó a bonistas de obligaciones generales, el presidente Trump ejerce su derecho a nombrar directamente uno de los miembros del ente fiscal, había adelantado un funcionario de la Casa Blanca.

“Peterson es la opción del presidente Trump para integrarse a la Junta, y estará sustituyendo a Arthur González”, señaló el funcionario de la Casa Blanca, quien habló bajo condición de anonimato.

El nombramiento de Peterson, quien no posee preparación formal en temas de finanzas, economía o procedimientos de bancarrota también coincidió con la radicación de una moción por parte de la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y otros bonistas ante la jueza Laura Taylor Swain para que el tribunal que entiende el proceso de bancarrota de la isla esté sujeto a un calendario de trabajo específico para lograr la aprobación de un nuevo plan de ajuste para el gobierno.

Dicho plan tendría que presentarse para el 30 de noviembre próximo, según la moción.

Peterson es socio administrador de DCI Group, la firma de comunicaciones y cabildeo que ha cabildeado en favor del primer grupo organizado de bonistas de Obligaciones Generales (GOs en inglés) y coordinado campañas de descrédito en contra del gobierno de Puerto Rico en busca de que se reanudaran los pagos a los bonistas y en contra de que la isla tuviera una ley para reestructurar su deuda.

La sustitución del exjuez González supone que la JSF seguirá con cuatro miembros, en espera de un acuerdo con los líderes del Congreso para renovar algunos de los puestos, incluyendo las vacantes dejadas por José Carrión III, Carlos García, y José Ramón González.

El propio José Ramón González estaba bajo la idea de que había sido el presidente Barack Obama quien lo nombró directamente. Pero una fuente del gobierno de Obama reconoció que los tres nombramientos hechos por demócratas se hicieron “de forma colegiada” y que el exjuez González se ubicó como la selección del entonces inquilino de la Casa Blanca.

Los otros nombramientos demócratas fueron los de Ana Matosantos, quien siempre ha estado en contacto con la oficina de la speaker Nancy Pelosi, y José Ramón González, presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York.

Según la ley federal Promesa, los miembros de la JSF estarían nombrados por clase. Como los nombramientos demócratas se efectuaron de manera colegiada en 2016, ahora no está claro si hubo un documento que “codificara” quién fue recomendado por quién en el caso de los nombramientos hechos por demócratas o qué clase ocuparían.

En el caso de los nominados del lado republicano, se ha asegurado que Paul Ryan, como speaker de la Cámara baja, propuso los nombramientos de Carrión y García, ahora vacantes. Mientras, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, impulsó a dos miembros que siguen en la JSF, David Skeel y Andrew Biggs. Skeel fue electo presidente de la JSF, en sustitución de Carrión.

Bajo la ley Promesa, el presidente puede nombrar directamente uno de los siete miembros de la JSF y escoger los otros seis de recomendaciones que hagan los cuatro principales líderes del Congreso.

Los siete nombramientos originales de la JSF vencieron en agosto de 2019, pero estos pueden continuar en sus cargos hasta que se nombre un sustituto o renuncien. No ha sido hasta el último mes y medio que se produjeron las primeras vacantes.

La Casa Blanca anunció el miércoles la intención del presidente Trump de nombrar a Peterson al ente encargado de controlar las finanzas públicas de la isla y de presentar a un tribunal de bancarrota territorial.

De inmediato, la campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, y los congresistas demócratas Nydia Velázquez y Raúl Grijalva denunciaron el miércoles que hay un claro conflicto de interés con ese nombramiento.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), por su parte, indicó esta noche que el nombramiento de Peterson es un acto de desprecio hacia los puertorriqueños.

“Peterson ha hecho una carrera buscando los intereses de los fondos buitres que poseen la deuda de Puerto Rico. Su nombramiento no solo presenta evidentes conflictos de intereses, sino que es otro ejemplo más del constante desprecio del presidente Trump por Puerto Rico”, indicó Schumer.

Peterson fue donante de Jenniffer González

Después de informarse que Peterson le donó $2,700 el 30 de junio de 2016 –el mismo día que se firmó la ley Promesa-, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, rechazó ayer el nombramiento. Previamente se había informado que el comité de acción política de DCI Group y otro de sus socios con conexiones con la isla, Ryan Grillo, también le donaron a González $1,000 en 2016.

La comisionada González, al igual que Ricardo Rosselló Nevares como candidato a gobernador, se opusieron tanto al proyecto del entonces comisionado Pedro Pierluisi para incluir de nuevo a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras como al proceso de reestructuración de la deuda y la creación de la Junta que impuso la ley Promesa.

“Mi récord siempre ha estado claro: creo que los contratos se cumplen, que las leyes se respetan y que los procesos gubernamentales tienen que ser transparentes. Por eso, no puedo apoyar un candidato a la Junta que tenga siquiera la apariencia de un conflicto de interés”, indicó la comisionada González en un tuit.

Oponentes de la comisionada cuestionaron cuánto sabía de ese nombramiento. “Cuando le toca reaccionar en contra a este nombramiento en un tuit, tiene que ser por una de tres razones: Trump ni nadie de la administración la consultó; la consultaron, se opuso y no le hicieron ningún caso; o la consultaron y estuvo a favor, lo cual sería inexplicable por el récord de desprecio a Puerto Rico que tiene esta persona, pero al ver la oposición que ha generado, ha cambiado de posición”, indicó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente en Washington por el PPD.

Mientras, la candidata a comisionada residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Zayira Jordán Conde, exhortó a la comisionada González a devolver el dinero de los donativos político de DCI Group y sus directivos.

Al mismo tiempo, Jordán Conde afirmó que la designación de Peterson recuerda los vínculos de DCI Group con políticos y cabilderos que han estado cercanos al PNP y el PPD, y que por lo menos hasta 2019 aportaron a la campaña del candidato a gobernador por el PPD, Charlie Delgado.

Mencionó a los cabilderos Onix Maldonado y Luis Balbino Arroyo, que estuvieron en la reunión del 18 de julio de 2018 en Washington en que líderes del PPD se reunieron con grupos y medios conservadores, en un encuentro organizado por uno de los socios de DCI Group, Ryan Grillo. Maldonado donó $2,500 en 2019 a la campaña de Delgado.

“Acevedo Vilá llamó ‘mugre’ a los mismos cabilderos que aportan a la campaña de su compañero de papeleta y que ahora tendrán otro aliado en la Junta”, dijo Jordán Conde, al exhortar al exgobernador a expresarse sobre el asunto.

“(Este nombramiento) es posible porque somos una colonia, la Junta viene a cobrar para los bonistas, (y) Trump pone el dinero por encima de los boricuas”, indicó, por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

El presidente de la organización ambiental Sierra Club, el puertorriqueño Ramón Cruz, advirtió que DCI Group también ha asesorado a altos ejecutivos en la industria del petróleo y el gas natural.

“Está claro que el rol de Justin Peterson en la junta que gobierna a Puerto Rico es socavar la preferencia pública por la energía limpia y promover la infraestructura del gas metano que nadie en la isla quiere. Puerto Rico no solo está gobernado por una junta no electa democráticamente, sino que ahora Trump está nominando a representantes de la industria de combustibles fósiles para gobernarnos”, sostuvo Cruz en una declaración.

El planificador José “Tato” Rivera Santana, portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, indicó que el conflicto de interés de Peterson “es terrible”, para una junta que ya ha sido imputada de conflictos por haber tenido entre sus miembros a expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento -García y José Ramón González-, que recomendaron emisiones de deuda pública.

“El nombramiento de Peterson tendrá serias implicaciones sociales para la isla todavía en recuperación por el huracán María, terremotos y el COVID”, afirmó Rivera Santana.

Según una fuente, Peterson ha indicado que desde hace “dos años” no representa a los bonistas de obligaciones generales. Por lo menos hasta el verano de 2018, DCI Group contrató cabilderos a nombre de bonistas de obligaciones generales para abogar en el Congreso en torno a la deuda pública de Puerto Rico.

“Su experiencia en estos asuntos será de valor para el trabajo de la Junta”, indicó el funcionario de la Casa Blanca que ofreció la información a El Nuevo Día.

Con la nueva designación que anunció Trump, la JSF quedaría por el momento con tres funcionarios propuestos por republicanos – Skeel, Biggs y Peterson- y una demócrata, Matosantos. Originalmente, los nombramientos republicanos eran 4 y los demócratas 3.

Mientras la JSF no tenga cinco miembros, no tiene poder para lograr nuevos acuerdos de reestructuración de la deuda pública y tampoco para invocar la protección del Título III para otras dependencias o instrumentalidades del gobierno que necesiten reorganizar sus obligaciones financieras.