WASHINGTON.- Los funcionarios electos para cabildear por la estadidad se suman, no solo a las empresas que tienen contratos con el gobierno de Puerto Rico para presionar ante el gobierno federal, sino además a grupos que han invertido, desde 2013, cerca de $13 millones para principalmente intentar convencer al Congreso de que la isla debe ser el estado 51.

Solo en los primeros tres meses de 2021 -tras el referéndum estadidad “sí” o “no” en el que esa alternativa obtuvo el 52.5% de los votos en noviembre-, las organizaciones Puerto Rico Statehood Council (PRSC) y Puerto Rico Equality Forum (PREF) destinaron $320,000 para promover la idea y los proyectos proestadidad presentados en el Senado y la Cámara baja.

Luego del referéndum de 2012, en el que el 54% de los electores rechazó la continuación del status territorial o colonial de Puerto Rico, las empresas que representan al PRSC han reportado cerca de $6.7 millones en ingresos y gastos por sus gestiones ante el Congreso a favor de la estadidad y programas federales para la isla.

A nombre del PREF, mientras, se han reportado gestiones de cabildeo valoradas en alrededor de $6.3 millones desde enero de 2013, según los datos que divulga el Congreso.

La mayor parte del cabildeo fue informado al Congreso -como ha publicado antes El Nuevo Día- por el bufete de abogados Akin, Gump, Strauss, Hauer y Feld (Akin Gump), que ha reportado $4.48 millones en ingresos y gastos para PRSC y $3.3 millones para PREF.

Para ambos grupos, Akin Gump ha cabildeado también sobre asuntos como los créditos contributivos por trabajo y menores dependientes.

Navigators Global -que tiene entre sus directivos al exjefe de gabinete del senador republicano Marco Rubio (Florida)- reportó otros $2.3 millones en gestiones en respaldo a las posiciones proestadidad de PRSC.

Este año, PRSC sumó a sus gestiones a la empresa Michael Best Strategies, copresidida por el exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Donald Trump y expresidente del Partido Republicano, Reince Priebus. En el primer trimestre de 2021, Michael Best Strategies destinó $60,000 al cabildeo proestadidad.

Junto a Akin Gump, estuvo cabildeando para PREF el que ha sido su fundador, el exsecretario de Estado Kenneth McClintock, quien reportó ingresos y gastos de $2.97 millones. El también expresidente del Senado dijo que, tras la elección de los cabilderos de la estadidad, cerró PREF -que presionó también por acceso a programas federales y asistencia de emergencia- el pasado día 20.

Los seis cabilderos de la estadidad “van a llenar el vacío ciudadano estadista en los pasillos capitalinos” que provocó la creación del PREF en 2013, indicó McClintock, quien ha dicho que, desde que regresó a trabajar en 2018 con la empresa Politank, en Puerto Rico, solo facturó a PREF los gastos de viaje a la capital federal.

El resto, dijo, han sido estimados del costo que tendrían esos servicios.

Tanto PRSC como PREF nunca han divulgado quiénes son sus donantes, lo que no exige la ley. Pero PRSC fue fundada por el cabildero de Empresas Fonalledas, José Fuentes Agostini.

Las Empresas Fonalledas, que presionan por temas que coinciden con la agenda de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y otros sectores, también tienen como representante al bufete de Akin Gump.

El PRSC y las Empresas Fonalledas comparten cabilderos de Akin Gump, como el excopresidente del grupo de trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca bajo Bill Clinton, Jeffrey Farrow; la excongresista republicana Ileana Ros Lehtinen y Karen Green. Desde 2013, Akin Gump ha informado ingresos y gastos de cabildeo que rondan los $3.1 millones -independiente a los grupos proestadidad- en favor de las posiciones de las Empresas Fonalledas. Fuentes ha reportado otros $1.29 millones.

Akin Gump cabildeó para el PRSC y las Empresas Fonalledas asuntos relacionados con la crisis fiscal y de deuda pública, incluida la ley federal Promesa.

La publicación liberal The Intercept destacó que uno de los cabilderos de Akin Gump que ha trabajado para PRSC y las Empresas Fonalledas, Geoff Verhoff, reconoció, en su página de internet, que lideró un esfuerzo que ayudó a la aprobación de la ley Promesa, “que le dio a Puerto Rico las herramientas necesarias para reestructurar su deuda” e impuso una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de la isla.

En declaraciones a The Intercept, el director ejecutivo de PRSC, George Laws García, quien fue subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico bajo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares -del cual renunció avergonzado por el chat del ahora exgobernador y sus principales asesores- sostuvo que “Promesa se hizo necesario debido al trato colonial y arbitrario a Puerto Rico bajo el código de quiebras de EE.UU.”

El gobernador Pedro Pierluisi ha indicado que tres firmas contratadas por el gobierno hacen cabildeo en Washington D.C. en favor del proyecto proestadidad: DLA Piper, Cornerstone y Squire Patton Boggs.