Washington D.C. - Junto a 15 congresistas demócratas, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, expresó preocupación por el impacto en Puerto Rico de una directriz que obliga a tener la aprobación de la secretaria de Seguridad Interna (DHS), Kristi Noem, para toda compra, subvención y contrato de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que exceda los $100,000.

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En medio del proceso de reconstrucción de Puerto Rico y los riesgos del momento crítico de la temporada de huracanes, Hernández y sus colegas pidieron a DHS y FEMA que aclaren el alcance de la directiva, y las salvaguardas que existen para evitar que la recuperación de alguna jurisdicción se vea afectada.

En una carta a Noem y la persona que ejerce las funciones de administrador de FEMA, David Richardson, los legisladores federales han pedido además la entrega, a más tardar el 19 de agosto, de todos los documentos relacionados a la nueva directriz.

Los legisladores federales advirtieron que la directiva de la secretaria Noem “es impráctica, peligrosa y, según informes, ya ha retrasado los esfuerzos de respuesta y recuperación de FEMA tras las catastróficas inundaciones que devastaron Texas a principios del mes pasado”.

“Esto también genera serias preocupaciones sobre cómo afectará a los proyectos de reconstrucción en curso en Puerto Rico. FEMA gestiona habitualmente contratos y subvenciones importantes por valor de cientos de millones de dólares, e imponer la aprobación de alto nivel para gastos rutinarios introduce cuellos de botella innecesarios y disruptivos. En zonas de desastre, incluso breves retrasos en los esfuerzos de recuperación o en el despliegue de recursos vitales pueden ser fatales, y esta directiva corre el riesgo de causar precisamente eso”, agregaron.

Los legisladores federales acentuaron que “el impacto de esta directiva es especialmente grave en regiones como Puerto Rico, donde las comunidades aún se están recuperando de los huracanes Irma y María”, ocurridos hace ocho años, y se puede colocar a cientos de proyectos “en riesgo de incumplir los plazos de finalización aprobados” por la agencia federal.

“Los funcionarios locales también han expresado su preocupación por la posibilidad de que las interrupciones en el flujo de caja retrasen los pagos de la construcción por etapas y aumenten los costos para los gobiernos municipales. Estos retrasos perjudicarán las economías locales al reducir el empleo, la actividad de los contratistas y los ingresos por impuestos especiales de construcción, lo que presionará aún más los presupuestos locales y dificultará su capacidad para prestar servicios vitales”, insistieron.

La carta la firman los congresistas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), Nellie Pou (Nueva Jersey) y Darren Soto (Florida), así como Julie Johnson (Texas), Timothy Kennedy (Nueva York), Troy Carter (Luisiana), Marc A. Veasey (Texas), Al Green (Texas), Sylvia Garcia (Texas), Dan Goldman (Nueva York), Rashida Tlaib (Michigan), Ed Case (Hawái), Shri Thanedar (Michigan), Cleo Fields (Luisiana) y Jonathan Jackson (Illinois).

“En una zona de desastre, cada hora cuenta, y hasta los retrasos en la llegada de recursos que salvan vidas, pueden costar vidas. Para Puerto Rico, esto no es simple burocracia; es una receta para incumplir plazos de construcción, perder fondos federales y frenar el camino hacia la recuperación económica”, indicó Hernández, quien es miembro del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja que supervisa FEMA.

Al dar a conocer la carta, Hernández sostuvo que “la recuperación de Puerto Rico no es un escenario para maniobras políticas”.

“El trabajo diario es poner techos sobre las familias, mantener abiertos nuestros hospitales, garantizar que el agua fluya y reconstruir una economía que aún está en recuperación. Poner más obstáculos arbitrarios en plena temporada de huracanes, pone en peligro la recuperación de Puerto Rico y amenaza la seguridad de la gente”, agregó.

Entre otras preguntas, los legisladores federales piden conocer, con datos específicos, “el tiempo promedio que la secretaria Noem tarda actualmente en revisar y aprobar una solicitud” bajo la nueva política de DHS.

“¿Cómo garantizarán el DHS y/o FEMA que los gobiernos locales y los beneficiarios reciban comunicación y apoyo oportunos durante este nuevo proceso de aprobación?7. ¿Existe un sistema o plataforma disponible para que los beneficiarios puedan dar seguimiento al estado de las solicitudes sujetas a este nuevo proceso de aprobación? De ser así, proporcione instrucciones detalladas sobre cómo los beneficiarios pueden acceder a él y utilizarlo", precisaron en su carta el grupo de demócratas.