La jueza Laura Taylor Swain en una ilustración de Ramón Sandoval.
La jueza Laura Taylor Swain en una ilustración de Ramón Sandoval. (El Nuevo Día)

Washington D.C. – La coalición Power4PuertoRico exhortó a la jueza Laura Taylor Swain a negar a la empresa McKinsey sus facturas de cobro por considerar que ha tenido conflictos de intereses y falta de transparencia insalvables como principal asesora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) durante el proceso de reestructuración de la deuda pública puertorriqueña.

En una carta a la jueza Swain, la directora ejecutiva de Power4PuertoRico, Erica González, señaló que la ley federal PRRADA –que prohíbe conflictos de intereses en el proceso de reestructuración de la deuda, bajo la ley Promesa-, y el análisis reciente del exjuez Steven Rhodes fundamentan el freno en el pago a McKinsey.

“A la ciudadanía se le ha negado transparencia, incluso en torno a la contratación de asesores y consultores que no han velado por los mejores intereses de Puerto Rico”, indicó González en su carta, con fecha del 28 de julio.

Rhodes, quien fue el juez del proceso de bancarrota de la ciudad de Detroit (Michigan), había pedido a la Oficina del Síndico de Bancarrota detener los pagos a McKinsey después de divulgarse varios potenciales conflictos de intereses.

“La declaración de McKinsey (al tribunal) revela cientos de formas distintas en las que sostiene intereses adversos, representa intereses adversos o no es (parte sin interés)”, indicó Rhodes, quien ha colaborado con Jay Alix, rival de McKinsey.

Rhodes mencionó la admisión de McKinsey de que su subsidiaria MIO tuvo inversiones directas e indirectas en deuda pública de Puerto Rico. Pero, entre otras cosas, también mantuvo que McKinsey no solicitó guías al tribunal sobre la venta de bonos de COFINA.

La compañía McKinsey ha insistido en que su estructura interna creó una pared para evitar conflictos entre sus negocios de consultoría y MIO.

En el pasado, la JSF, por su parte, ordenó un análisis a la empresa Luskin Stern que concluyó que no hubo intercambio de información entre McKinsey y MIO en torno a la deuda del gobierno de Puerto Rico, pero reconoció que las inversiones de la empresa subsidiaria del contratista del ente fiscal podían percibirse como un conflicto de intereses.

Junto a aliados como el Centro para la Democracia Popular, Alianza for Progress, el Center for American Progress (CAP) y la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, Power4PuertoRico sostuvo que como principal empresa asesora de la JSF la empresa McKinsey puede reclamar pagos de hasta $120 milllones.

“Si esta cantidad fuera aprobada y pagada, constituiría no sólo un gasto adicional exorbitante para los contribuyentes de Puerto Rico, sino también una posible violación a los requisitos de divulgación impuestos por PRRADA, y una recompensa a una firma que ha infligido dolor y austeridad a los puertorriqueños, así como a otros ciudadanos a nivel mundial”, agregó González.

Power4PuertoRico, como hicieran la congresista demócrata Nydia Velázquez, autora de la ley PRRADA, y el exjuez Rhodes, mencionó, a su vez, que McKinsey ha tenido entre sus clientes a Quanta Services, codueña de la empresa LUMA Energy, que obtuvo el contrato de administración del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

También subrayaron que McKinsey ha asesorado a la JSF en momentos en que el ente fiscal ha otorgado contratos a otras empresas con las que ha tenido contratos, como Puma Energy Caribe, Eco Eléctrica y Nature Energy Group, New Fortress Energía y Molina Healthcare.

En noviembre de 2021, El Nuevo Día reveló que McKinsey ayudó a la JSF y al gobierno a preparar el plan para el proceso de bancarrota de la AEE y para la privatización del sistema de transmisión y redistribución, en momentos en que asesoraba a Quanta Services.

La empresa Quanta Services ha insistido en que no le asignó tareas a McKinsey relacionadas a Puerto Rico.

💬Ver comentarios