Washington D.C. - Seis de cada 10 inmigrantes detenidos como parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por deportar “millones” de personas con estatus migratorio indefinido no tienen un récord criminal, según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Desde el 20 de enero hasta el 11 de junio, ICE ha detenido a 93,818 personas, de las cuales 56,893 no tenían un historial delictivo criminal.

Los datos no incluyen la información sobre las detenciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Aunque el Departamento de Seguridad Interna –la agencia sombrilla que incluye a ICE y CBP– ha dejado de publicar mensualmente el número de arrestos y deportaciones, el “Deportation Data Project” y el “Center for Immigration Law and Policy” presentaron una demanda judicial a través de la ley federal de libertad de información.

Los datos obtenidos por el “Deportation Data Project” fueron analizados y publicados este sábado por The Washington Post.

Los arrestos hechos por ICE colocan los operativos federales por debajo de la exigencia de Stephen Miller, asesor del presidente, para que se arreste, al menos, 3,000 personas diariamente.

Durante la campaña, Trump prometió deportar a “millones de indocumentados”, los que generalizaba como criminales.

Los datos de ICE sostienen que, en los primeros seis meses, la mayor parte de las personas deportadas tienen su origen en México, con más de 40,000. Son, además, en promedio, los que se enfrentan mensualmente a más arrestos, una cantidad que supera los 35,000.

Después de México, las deportaciones más numerosas por países de origen son Guatemala, con más de 12,000; Honduras, más de 10,000; Venezuela, más de 5,000; El Salvador, más de 4,000; Colombia, más de 3,000; Ecuador, más de 3,000; y Nicaragua, más de 2,000.

Con la firma del proyecto de reconciliación fiscal que incluye las prioridades de la agenda del presidente, el Departamento de Seguridad Interna contará con unos $45,000 millones para financiar la construcción y administración de centros de detención de inmigrantes, al igual que las deportaciones; y otros $46,000 millones para la muralla en la frontera con México.