Washington D.C. - La mayoría republicana del Senado estadounidense entró en una carrera contrarreloj para cumplir con el objetivo de aprobar, antes del 4 de julio, el proyecto de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Donald Trump, que aún levanta objeciones en su caucus y es rechazado por la opinión pública.

El liderato del Senado ha tenido que enmendar varias de sus propuestas, tras ser frenadas por la parlamentaria Elizabeth MacDonough.

Por ejemplo, el presidente del Comité de Agricultura, John Boozman (Arkansas), tuvo que suavizar el lenguaje para requerir a ciertos estados aportar fondos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) si se detectan errores en los pagos, tras la parlamentaria determinar que el lenguaje original violaba las reglas de la legislación de reconciliación fiscal.

MacDonough ha enumerado, además, otra serie de medidas que requerirían cambios en el texto del proyecto de ley para cumplir con las normas que rigen ese tipo de legislación.

La versión cameral de la legislación republicana puede elevar la deuda federal en $2.4 billones (trillions, en inglés), por medio de recortes de hasta $1.4 billones y alivios tributarios que tendrían un costo de alrededor de $3.8 billones.

La legislación persigue asignar cerca de $151,000 millones adicionales para asuntos de inmigración, como endurecer la seguridad en la frontera y financiar las redadas para deportar personas con un estatus migratorio no definido.

Dos encuestas recientes han reflejado que el proyecto es objetado con fuerza por el electorado estadounidense. Según la encuesta de Fox, el 58% de los entrevistados, electores registrados, se opone a la medida, mientras un 38% lo respalda. La encuesta de la Universidad de Quinnipiac indica que el 53% se opone a la legislación, con solo un 27% que la percibe de forma favorable.

El proceso de reconciliación fiscal permite al Congreso aprobar la legislación sin tener que cumplir con las reglas del filibusterismo del Senado, que exige, al menos, 60 votos para poder llevar una medida a votación final.

Pero, para eludir las reglas del filibusterismo, tiene que proponer “cambios necesarios para alinear las leyes federales de gastos e ingresos con los niveles adoptados en la resolución presupuestaria” que regula el proyecto, de acuerdo al Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, en inglés).

Los demócratas habían impugnado, bajo las reglas de reconciliación fiscal, cerca de 60 iniciativas del proyecto de ley.

La parlamentaria detuvo una enmienda de los republicanos del Senado que hubiese requerido que toda persona que hubiese querido presentar un reclamo judicial para detener una acción del gobierno federal tuviera que presentar una fianza que cubriera los potenciales costos y daños del Ejecutivo estadounidense.

Otras advertencias de la parlamentaria provocan que se tache de la legislación propuestas para crear un programa de incentivos por el cual los empleados federales pueden identificar gastos innecesarios y transferirlos al Departamento del Tesoro, ordenar la venta de los vehículos eléctricos –con su infraestructura de carga–, del Servicio Postal estadounidense y autorizar a los gobiernos estatales a tomar iniciativas para hacer cumplir las leyes de inmigración.

También, quedarían fuera las iniciativas republicanas para aumentar la tasa de contribución de nuevos empleados federales a su sistema de jubilación, si no renuncian a las protecciones del servicio civil del gobierno –lo que permitiría que sean destituidos por voluntad de la administración–, y lenguaje que autorizaría al Ejecutivo a reorganizar agencias sin necesidad de que el Congreso tenga que darle el visto bueno.

Quedó, además, descartada, según la decisión de MacDonough, el lenguaje inicial - que ahora es revisado-,para permitir la venta de millones de acres de tierras federales.

Los demócratas han combatido con fuerza esa propuesta.

Los cambios ordenados, junto a los asuntos internos pendientes, han retrasado la intención del liderato republicano de divulgar el mismo lunes el lenguaje que debatirían esta semana, con la intención de aprobarla, si posible, antes del receso del 4 de julio.

El presidente Trump. en un mensaje en su red social, solicitó al liderato republicano del Congreso no irse de receso esta semana a menos que hayan terminado de aprobar el proyecto de ley.

Como la Cámara baja, que aprobó su versión el 22 de mayo, el Senado ha tenido previsto estar en receso legislativo la semana próxima.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), considera que la larga ronda de votaciones puede comenzar este jueves y terminar el viernes.

“Este será el debate más consecuente que el Senado ha visto en años. Estará en juego el cuidado médico de 10 millones de personas”, indicó el líder de la minoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), al aludir a los recortes al programa Medicaid a causa principalmente de la imposición de requisitos de trabajo, que no se exigirá a los pacientes de Puerto Rico.

El speaker Mike Johnson sostuvo que si el Senado aprueba la medida el viernes, no sería necesario cancelar el receso legislativo de la próxima semana.

“El líder Thune y yo tenemos la intención de cumplir con la fecha límite del 4 de julio, y espero que tramiten el proyecto de ley en su cámara esta semana y lo logremos a tiempo”, indicó Johnson.

Hay objeciones de un puñado de senadores republicanos muy conservadores y otro de moderados que todavía tienen objeciones. Por ejemplo, los senadores republicanos Rand Paul (Kentucky) y Ron Johnson (Michigan) sostienen que los recortes propuestos no son suficientes. Mientras, moderados como Lisa Murkowski (Alaska) y Susan Collins (Maine) han expresado preocupación con los recortes a Medicaid, entre otras medidas fiscales.

Con una mayoría de 53 a 47, Thune no puede perder más de tres votos –el vicepresidente JD Vance puede desempatar una potencial votación 50 a 50– para devolver la medida a la Cámara de Representantes.

Mientras, en la Cámara baja, el grupo republicano más conservador, el Freedom Caucus, ha insistido en rechazar los cambios impulsados por el Senado.

“El pueblo estadounidense no nos envió aquí para rendirnos ante el pantano; nos envió aquí para cambiarlo”, afirmó el grupo en una declaración, al rechazar que se suavice la cancelación de fondos para mitigar el cambio climático incluidos en la ley Reducción de Inflación (IRA).

La medida del Senado haría enmiendas al impuesto sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés) y eliminaría privilegios que Puerto Rico tiene en el acceso al programa “zonas de oportunidad”.

La propuesta que impulsa el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Mike Crapo (Wyoming), aumentaría de 10.5% a 14% el GILTI, con un nombre, “Ingresos Netos Comprobados de las CFC” (Corporaciones de Control Foráneo). La versión cameral lo haría permanente en 10.5%, evitando que aumente a un 13.5% en enero.

El plan republicano obligaría al gobierno de Puerto Rico a seguir, a partir de julio de 2026, el proceso regular de solicitud de zonas de oportunidad para nuevas inversiones. En vez de poder tener un 98% del archipiélago bajo el programa zonas de oportunidad, ese marco quedaría reducido a un máximo de 25%, confirmaron expertos.

La medida elevaría por tres años, de $2,000 a $2,500, el crédito por niños dependientes, que aplica en Puerto Rico.

Por el momento, la legislación no toca las asignaciones de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

No obstante, la minoría demócrata –coincidiendo con la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias– ha insistido en que el proyecto evitará que el PAN crezca al congelar el índice del Plan de Alimentos Económicos, que es clave para determinar el monto de las asignaciones de asistencia alimentaria.

La minoría demócrata considera que el impacto evitará un aumento futuro de $1,000 millones en los fondos del PAN para Puerto Rico.

El proyecto de reconciliación fiscal también endurece los requisitos para acceder a las becas Pell, pues se requerirían ahora, al menos, 15 créditos por semestre, no 12, para recibir esa asistencia.