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Senadores presentan el proyecto de control de inmigración y asignaciones a Ucrania e Israel que los republicanos de la Cámara rechazan

“El acuerdo bipartidista del Senado es un paso monumental hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer

5 de febrero de 2024 - 1:37 AM

El Congreso debatirá esta semana medidas de asignaciones para Ucrania, Israel y para el control de inmigración. (jose.delgado@gfrmedia.com)

Washington D.C. – El liderato del Senado estadounidense presentó el domingo en la noche el proyecto de ley que persigue imponer nuevos límites al proceso de asilo político en Estados Unidos, como parte de un acuerdo entre senadores de ambos partidos que también asignaría fondos para Ucrania e Israel.

“El acuerdo bipartidista del Senado es un paso monumental hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos y a lo largo de nuestras fronteras”, dijo el líder de la mayoría, Charles Schumer, al indicar que la medida tiene un costo de $118,000 millones, incluidos $60,600 millones para Ucrania, $14,100 millones para Israel y unos $20,330 millones para medidas de seguridad en la frontera.

Aunque Schumer se propone intentar abrir esta semana el debate sobre la medida, es incierto si habrá suficiente respaldo para echarla hacia delante ante la oposición de senadores republicanos y demócratas. El primer voto tendría lugar el miércoles. En un Senado dividido 51 a 49, se requieren 60 votos para echar hacia delante la legislación.

De todos modos, el speaker Mike Johnson ha dicho que el proyecto de ley es un nati muerto, pues no será considerado por la mayoría republicana de la Cámara de Representantes que ha insistido en medidas de control de inmigración más duras por medio de un proyecto que ya aprobaron y que los demócratas del Senado han descartado.

“Permítanme ser claro: el proyecto de ley del Senado sobre la frontera NO recibirá votación en la Cámara”, dijo el líder de la mayoría republicana cameral, Steve Scalise.

El expresidente Donald Trump – sin ver la legislación-, también ha pedido que el proyecto del Senado sea derrotado, lo que ha avivado el rechazo a la legislación entre los republicanos del Congreso, en momentos en que el tema de la inmigración cobra fuerza en la campaña electoral.

Bajo una declaración de emergencia, la legislación, como se había adelantado, permite - durante tres años-, frenar los asilos políticos en la frontera una vez más de 5,000 personas indocumentadas diarias han cruzado a territorio estadounidense durante una semana. Pero el presidente de Estados Unidos también puede ponerle un detente a los procesos de asilo en la frontera si más de 8,500 indocumentados entran al país en un día.

Ese poder puede utilizarse durante 270 días en el primer año calendario, 225 el segundo y 180 el tercero. Y no impide que una persona pueda aun solicitar asilo político de emergencia en la frontera.

La medida también endurece el estándar para poder solicitar asilo político en Estados Unidos, pues propone acelerar el examen de los casos en la frontera. Además, crea una nueva autoridad de expulsión acelerada para los que no cualifican para asilo político o no lo pueden solicitar.

No obstante, permite autorizar 50,000 visas anuales adicionales durante los próximos cinco años.

Pese a sus críticas a la administración de Joe Biden en torno a la situación de la frontera, el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), afirmó que “el Senado debe examinar con cuidado esta oportunidad que tenemos de frente y prepararse para actuar”.

Por su parte, el presidente Biden afirmó que el proyecto de asignaciones a Ucrania e Israel, que incluye un potencial freno en el asilo político en la frontera, hará a Estados Unidos “más seguro y tratará a las personas de manera justa y humana y al mismo tiempo preservará la inmigración legal”.

La legislación es producto de las negociaciones entre el republicano James Lankford (Arkansas), la independiente Kirsten Sinema (Arizona) y el demócrata Chris Murphy (Connecticut).

Schumer sostuvo que la medida incluye $10,000 millones en asistencia humanitaria para civiles inocentes en zonas de guerra, $2,330 millones para ucranianos refugiados, $2,440 millones para las operaciones del Comando Central de Estados Unidos, $4,830 millones para aliados en el Indo Pacífico y $400 millones para organizaciones sin fines de lucro en zonas de guerra.

Pero la legislación prohibiría asignar fondos a la agencia de las Naciones Unidas para los palestinos (UNRWA) , que provee servicios a 5.9 millones de personas y es el principal actor humanitario en Gaza, tras la supuesta vinculación de 12 de sus empleados en el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel.

Murphy - quien participó de una conferencia telefónica junto a Schumer y la presidenta del Comité de Asignaciones, Patty Murray- sostuvo que están conscientes de que la medida no es una reforma migratoria y que no incluye reclamos de los demócratas como un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Pero mencionó varias medidas adicionales que considera ayudarán a los inmigrantes, como un mejor acceso a abogado - pagado por el gobierno federal en el caso de los menores de edad- e información en su idioma.

“En el caso de un indocumentado con un hijo menor en los Estados Unidos a quien se le haya ordenado su expulsión de conformidad con esta sección, el Secretario (de Seguridad Interna) se asegurará de que dicho indocumentado sea expulsado con el hijo menor, si el extranjero así lo desea”, indica la legislación.

Un asesor demócrata reconoció que el liderato del Caucus Hispano del Congreso estuvo excluido de las conversaciones, pero sostuvo que mantuvieron informados a senadores hispanos de la mayoría. Hay tres senadores demócratas hispanos, Robert Menéndez (Nueva Jersey), Alex Padilla (California) y Catherine Cortez Masto (Nevada).

Padilla criticó la legislación, al indicar que “después de meses de un proceso de negociación que careció de transparencia o de la participación de un solo demócrata del estado fronterizo o miembro del Caucus Hispano del Congreso, no sorprende que este acuerdo fronterizo no dé en el blanco”.

“En los últimos cuatro meses, Estados Unidos ha tenido el mayor número de cruces fronterizos ilegales cada mes, y en diciembre se alcanzó un récord estadounidense de más de 300,000 cruces ilegales, con un promedio de casi 10,000 personas por día... Nuestras audiencias de inmigración están atrasadas durante años, lo que permite que millones de no ciudadanos deambulen por nuestro país... Incluso si el presidente Biden no lo admite, esto es una crisis. Debemos asegurar nuestra frontera ahora”, dijo el republicano Lankford.

Sinema, quien hace aún caucus con los demócratas, señaló, por su parte, que “ahora, los senadores deben tomar una decisión: aprobar nuestro paquete y resolver la crisis o aceptar el status quo, no hacer nada y seguir jugando a la política mientras nuestro sistema colapsa y nuestras comunidades siguen sufriendo”.

La organización hispana UnidosUS, mientras, se opuso también a la medida. “Queremos expresar nuestra profunda decepción con el acuerdo fronterizo bipartidista alcanzado en el Senado de los Estados Unidos con el apoyo de la administración Biden. Además de sus medidas duras e inviables en la frontera, el plan no hace nada para resolver el estatus de los indocumentados de larga duración, que son nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela y vecinos. La negativa del Congreso a abordar este estatus ha perjudicado a nuestra nación durante una generación o más”, indicó la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.

En una entrevista en NBC, en horas de la mañana, el speaker Johnson volvió a descartar considerar la medida si fuera aprobada en el Senado.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries (Nueva York), dijo que el rechazo del speaker Johnson es “un intento cínico de socavar el esfuerzo bipartidista del Senado, dado que el ex presidente (Trump) ha ordenado a los republicanos de la Cámara de Representantes que no aprueben ninguna legislación de seguridad fronteriza ni asistencia para Ucrania”.

Johnson anunció que llevará a votación esta semana en el pleno de la Cámara baja una asignación de $17,000 millones para Ucrania, dejando atrás condiciones como quitarle fondos al Servicio de Rentas Internas federal (IRS). El grupo que reúne a los más conservadores de la Cámara baja, el Freedom Caucus, criticó a Johnson por no proponer recortes al IRS y a las Naciones Unidas.

*actualizada el lunes 5 de febrero de 2024.

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