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Las “solicitudes formales” de exención a las normas federales de cabotaje – incluidas en la Ley Jones de 1920-, suelen surgir de las empresas que transportan productos, del Pentágono y de las mismas agencias federales. (Archivo / GFR Media)
Tras el huracán Fiona ha revivido el debate sobre las restricciones que imponen las normas federales de cabotaje.

Washington D.C. – Ante el amplio respaldo que tienen las normas de cabotaje en el Congreso, el senador Tim Kaine y el congresista Ritchie Torres expresaron interés en buscar un lenguaje que permita excluir a Puerto Rico con respecto al transporte de productos energéticos o en medio de emergencias causadas por desastres naturales.

En una sesión informativa convocada por la organización puertorriqueña Grupo 21, los demócratas Kaine, senador por Virginia, y Torres, boricua que representa un distrito del sur del Bronx, coincidieron el lunes en la noche en que para eludir la oposición que existe en el Congreso a medidas dirigidas a derogar la Ley Jones de 1920 -que regula las normas federales de cabotaje-, puede requerirse un proyecto de ley de impacto limitado.

“Pelear en contra de toda Ley Jones es muy, muy desafiante”, dijo Kaine, al aludir a la posibilidad de promover que se otorgue una exención a la isla para el transporte de productos energéticos.

Torres, quien ha abogado por excluir a Puerto Rico de Ley Jones de 1920, mencionó el consenso que hay en la isla sobre las normas de cabotaje como uno de los problemas estructurales a que se enfrenta el país, incluido el limitado acceso a programas federales de bienestar social, la crisis en el sistema eléctrico y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la isla.

Junto al senador republicano Mike Lee (Utah), la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) presentó a finales de septiembre un proyecto de ley que facilitaría las exenciones de las normas de cabotaje para barcos u operadores que demuestren su intención de proveer asistencia por desastre a Puerto Rico.

La medida requiere que el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) –durante un año o hasta el final de la declaración de desastre mayor, lo que ocurra primero-, otorgue dispensas de la Ley Jones de 1920 a barcos que “demuestren con razonabilidad” su intención de proporcionar ayuda por desastre.

En respuesta a una observación que le hiciera el exasesor congresional Max Trujillo, el senador Kaine se mostró receptivo a promover que los países en libre asociación con Estados Unidos -las Islas Marshall, las Islas Palau y la Federación de Estados de Micronesia- estén excluidas de las leyes de cabotaje.

El barco contratado por la empresa British Petroleum que obtuvo una exención en las normas de cabotaje, para desembarcar 300,000 barriles de diésel en el sur de Puerto Rico durante la emergencia causada por el huracán Fiona, es de bandera de las Islas Marshall.

La Ley Jones de 1920 requiere el transporte marítimo de productos en barcos de matrícula, bandera, propiedad (75%) y tripulación (75%) estadounidenses entre puertos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, con excepción de las Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte.

Kaine estuvo la semana pasada en Puerto Rico invitado por una organización educativa, visita que aprovechó para, en coordinación con el gobernador Pedro Pierluisi, recibir una sesión informativa de las autoridades a cargo de la respuesta al huracán Fiona y visitar la municipalidad de Salinas, una de las más dañadas por el ciclón.

Las reuniones relacionadas al huracán Fiona se dieron junto al congresista republicano Bruce Westerman (Arkansas), líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales y quien fue invitado a la Isla por la comisionada residente en Washington Jenniffer González.

Torres, por su parte, fue hace dos semanas a Puerto Rico junto a miembros del subcomité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes para conocer sobre el terreno la emergencia provocada por Fiona, que causó miles de millones de dólares en pérdidas, cerca de 30 muertes y un nuevo apagón general en la isla.

Kaine, quien fue el candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2016, dijo que en sus reuniones en Puerto Rico percibió que las autoridades federales, encabezadas por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), y la administración de Pierluisi colaboran estrechamente en la respuesta al ciclón.

El senador demócrata sostuvo que ese es un cambio en comparación a cuando estuvo en la isla después del huracán María de 2017, cuando había una “muy, muy tensa” relación entre FEMA y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Tan complicada era la relación que el entonces gobernador parecía un rehén “obligado a decir cosas buenas” sobre el gobierno federal, señaló Kaine.

De cara a nuevas asignaciones para mitigar los daños causados por Fiona, Kaine dijo que el gobierno de Puerto Rico ha pedido que hayan normas uniformes para atender ese desastre y la catástrofe que provocó el huracán María, para la cual se asignaron sobre $74,000 millones.

Con respecto al desempeño de LUMA Energy, Kaine sostuvo que alcaldes y educadores le insistieron en que la empresa energética -que tiene a su cargo el sistema de transmisión y distribución en la Isla- “no ha sido un buen comunicador” durante la emergencia. “Le di ese mensaje a los representantes de LUMA”, sostuvo.

Torres, quien considera que la reconstrucción del sistema eléctrico debe ser la principal prioridad de infraestructura en territorio estadounidense, criticó que LUMA Energy haya informado el proceso de recuperación del sistema eléctrico dividiendo por regiones a la Isla, en vez de proveer datos certeros por cada municipio.

“Debe haber más supervisión (sobre el sistema eléctrico) no solo del Negociado de Energía de Puerto Rico, sino del Congreso”, dijo el congresista Torres, al indicar que LUMA Energy debe además dejar de culpar por todos sus problemas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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