Washington D.C.- Al revocar al foro de apelaciones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este jueves (8 a 1) que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene inmunidad frente a solicitudes de documentos e información como las que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El máximo foro judicial devolvió el caso al Primer Circuito de Apelaciones federales de Boston para que se examine a base de su decisión, lo que - según expertos y el propio juez Clarence Thomas, quien escribió la opinión disidente-, cerrará esta controversia y complicará obtener documentos del ente fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico por medio de una corte estadounidense.

Tanto el Tribunal Federal de San Juan como el Primer Circuito habían rechazado la petición de la JSF - que había mantenido tener inmunidad soberana- de desestimar la demanda del CPI.

Para la mayoría del tribunal, según la opinión escrita por la jueza asociada Elena Kagan, la ley Promesa no hizo “inequívocamente clara” la intención de quitarle la inmunidad soberana a la JSF ni autorizó expresamente la presentación de reclamaciones en su contra, aunque establece que cualquier demanda judicial debe someterse en un tribunal federal.

“El Congreso, ha sostenido a menudo esta Corte, debe hacer su intención de derogar la inmunidad soberana ‘inequívocamente claro en el lenguaje del estatuto’”, indicó la jueza Kagan, con la concurrencia del juez presidente, John Roberts, y los demás jueces, Sonia Sotomayor, Samuel Alito, Brett Kavanaugh Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson.

“El estatuto no despoja explícitamente a la Junta de inmunidad. No autoriza expresamente la interposición de reclamaciones contra la Junta”, agregó la mayoría del tribunal al señalar que “las disposiciones de revisión judicial y las protecciones de responsabilidad son compatibles con la inmunidad soberana que generalmente conserva la Junta”.

Desde la sesión oral, en enero pasado, el juez Thomas advirtió que presumía que la JSF no estaba inmune a las peticiones de información sobre sus comunicaciones con autoridades de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico.

En su opinión, Thomas criticó que el Tribunal Supremo decidiera el caso sin determinar el argumento principal del CPI de que no se debia revertir la decisión del Primer Circuito “sin abordar primero si la Junta realmente tiene la inmunidad que la Junta alega no ha sido derogada”.

Pero, la mayoría del Tribunal Supremo estadounidense - que antes concluyó que la JSF es un ente territorial-, volvió a inferir, sin decidirlo, que el gobierno de Puerto Rico “es inmune a demandas en un tribunal federal de distrito”, al mismo tiempo que decide que la ley Promesa no derogó “esa supuesta inmunidad”, afirmó Thomas.

“Al hacerlo, efectivamente consigna el caso de CPI a la basura, devolviéndolo a un Circuito donde el precedente del Circuito dictará el resultado. Se podría perdonar al CPI por preguntarse si concedimos el certiorari sólo en la medida en que nuestra revisión favoreciera a la Junta”, agregó Thomas.

El constitucionalista Carlos Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, coincidió con el juez Thomas en que la devolución de la controversia al Primer Circuito de Apelaciones debe cerrar el caso, pues a base de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense ese foro probablemente ordenará al Tribunal Federal de San Juan desestimarlo.

Ramos piensa que la opción ahora sería reclamar la información a través de los tribunales estatales. “Sigue imperando la oscuridad de la Junta”, indicó.

El CPI ha batallado administrativa y judicialmente porque la JSF cumpla con una serie de pedidos en torno a sus comunicaciones con los gobiernos de Estados Unidos – incluido el Congreso-, y Puerto Rico.

“La Junta no quiere darnos los documentos públicos y el Tribunal Supremo federal hoy les permite eso. Es una opinión judicial muy débil, porque su argumento principal y neurálgico es asumir que la Junta tiene inmunidad, sin entrar en los méritos de si realmente tiene esa protección. Las consecuencias que tiene esta decisión del Tribunal Supremo son perversas para el pueblo de Puerto Rico”, reaccionó esta tarde Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Al indicar que examinan los próximos pasos, Minet llamó la atención a que se le concede a la JSF una inmunidad a la que el gobierno de Puerto Rico ha renunciado. “Estamos ante otro capítulo más de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, esta vez, con el resultado de obstaculizar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en nuestro país”, agregó Minet.

La JSF aplaudió la decisión del máximo foro judicial estadounidense. “La Junta de Supervisión argumentó ante el Tribunal Supremo que es un principio fundamental del federalismo que una ley federal no abroga la inmunidad soberana, a menos que la intención del Congreso de abrogar sea ‘inequívocamente clara’ en el texto de la ley”, indicó el ente fiscal en una declaración.

Inicialmente, después de varias esfuerzos, la JSF entregó al CPI unos 18,000 documentos. Pero, ha retenido un estimado de 20,000 documentos adicionales, bajo el argumento ahora de que tiene derecho a reclamar que está inmune a demandas judiciales de reclamo de información.

Sobre 30 organizaciones periodísticas – incluido GFR Media-, grupos no gubernamentales y los presidentes de las cámaras legislativas se unieron al caso como amigos de la corte, ante las preocupaciones que ya levantaba que la JSF pueda funcionar sin transparencia.

“Esta decisión reafirma a la JSF como parte del gobierno de Puerto Rico, pero al hacerlo le otorga inmunidad frente a demandas que el tribunal nunca ha decidido que el gobierno tiene derecho. Esto es una injusticia para los puertorriqueños, porque a lo largo de sus seis años de existencia, la JSF ha operado impunemente bajo un manto de secretismo y ha desatendido su responsabilidad de informar y tomar en cuenta la voluntad del pueblo puertorriqueño”, indicó la presidenta de Latino Justice, Lourdes Rosado, una de las entidades que participó del caso en favor del CPI.