El deporte de las peleas de gallos es regulado por el Departamento de Recreación y Deportes, que autoriza la operación de las galleras según una serie de regulaciones estipuladas por ley. (Archivo / GFR Media)
Tribunal Supremo de Estados Unidos rehusa revisar la impugnación de la ley federal que prohíbe el negocio de las peleas de gallos (Archivo / GFR Media)

Washington D.C. – El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes considerar el recurso de certiorari por el cual un grupo de galleros buscaba invalidar la prohibición federal de la industria de las peleas de gallos en Puerto Rico.

Al no revisar el caso Ortiz Díaz versus Estados Unidos, se confirma la determinación del Primer Circuito de Apelaciones federales de enero pasado que validó la ley federal de diciembre de 2018 que criminalizó la industria de las peleas de gallos y rechazó que el estatuto violara la libertad de expresión de los galleros.

El recurso legal fue presentado por un grupo de galleros, entre ellos Angel Manuel Ortiz Díaz, el Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, que impugnaron sin éxito la ley federal que criminalizó las actividades organizadas de peleas de gallos.

Entre sus argumentos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los demandantes planteaban que “el gobierno federal no tiene autoridad para prohibir una actividad local que no tiene efecto en el comercio interestatal”.

También señalaron que la prohibición violaba la ley aprobada por el Congreso que autorizó la Constitución de Puerto Rico para gobernar los asuntos internos de la isla, y una actividad cultural que ha sido parte de su derecho a la libertad de expresión.

Para el gobernador Pedro Pierluisi, la ley puertorriqueña que permite los eventos de peleas de gallo siempre que no impacten “el comercio interestatal”, seguirá en vigor. “Aquí van a poder llevarse a cabo peleas de gallo bajo los parámetros de la ley que se ha aprobado y el reglamento que se ha promulgado a esos fines”, dijo Pierluisi en San Juan.

En enero pasado, un panel del Primer Circuito de Apelaciones federales - integrado por el juez presidente Jeffrey Howard, David Barron y Sandra Lynch-, había confirmado la decisión del juez de distrito Gustavo Gelpí que invalidó la demanda. Entonces, los jueces determinaron, entre otras cosas, que el Congreso había actuado dentro de sus poderes y que la prohibición no violentaba el derecho a la libre expresión de los galleros.

Desde el 1976, el Congreso comenzó a prohibir las peleas de gallos, aunque siguieron vigentes en jurisdicciones en que las permitía una ley local. Pero, en el caso de Puerto Rico, una enmienda de diciembre de 2018 a la ley agrícola eliminó la exención local para la organización de esas actividades.

Los galleros han indicado que se trata de una industria que genera 11,000 empleos y $65 millones en ingresos anuales.

En julio, el gobernador Pedro Pierluisi defendió los alegatos de los demandantes en el caso Ortiz Diaz versus Estados Unidos. Otras autoridades de la isla, incluso el presidente del Senado, José Luis Dalmau, también abogaron por que se determinara que la vigencia de la ley federal excedía el poder del Congreso.

“La industria de peleas de gallos, la cual genera empleos y produce actividad económica en Puerto Rico, forma parte de nuestra cultura e historia. Voy a continuar haciendo valer el compromiso, plasmado en nuestra plataforma de gobierno, de dar la lucha en todos los foros necesarios a favor de la validez de las peleas de gallos en Puerto Rico”, sostuvo entonces el gobernador.

Hasta ahora, pese a la prohibición, las autoridades de Estados Unidos en Puerto Rico no han intervenido con los clubes de gallos que siguen activos, aunque la fiscalía federal de San Juan advirtió desde diciembre de 2018 que haría cumplir el estatuto.

*Gloria Ruiz Kuilan colaboró con este reportaje.

💬Ver comentarios